La vivienda digna como oxímoron canario
Me hallaba en Madrid, en una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania y, en particular, sobre la vivienda como forma de reparación frente a los crímenes de la guerra. Allí se insistía en algo que hasta hace poco parecía una evidencia moral básica: reconstruir viviendas no significa solo levantar muros, sino devolver dignidad, estabilidad y condiciones materiales de vida a quienes han sido expulsados violentamente de su cotidianidad: del hogar. La pérdida de una vivienda no es únicamente patrimonial; rompe la continuidad biográfica de las personas. Por eso, el derecho internacional contemporáneo vincula cada vez más el acceso a una vivienda adecuada con la reparación de las víctimas y la reconstrucción democrática de las sociedades devastadas.
Mientras escuchaba aquellas intervenciones sobre desplazamiento forzado, derecho al retorno y reconstrucción habitacional, era inevitable pensar en el contraste con lo que sucede hoy en Canarias. Salvando todas las distancias entre una guerra y una crisis habitacional, existe una inquietante coincidencia de fondo: la vivienda termina revelando quién puede habitar un territorio y en qué condiciones. Mientras en Ucrania se debate cómo devolver hogares a quienes los perdieron por la violencia, en Canarias asistimos a otra forma de expulsión: la de quienes ya no pueden sostener económicamente la vida en su propia tierra.
Ese contraste reapareció al leer la noticia sobre el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por Observatorio DESCA, Derecho al Techo, entre otros, contra el decreto 23/2026 del Gobierno canario, de 9 de marzo. Lo que allí se discute no es solo una cuestión técnica sobre acceso a vivienda pública, sino una determinada idea de ciudadanía y, en el fondo, una erosión silenciosa del Estado social.
La Constitución española define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”. Esa fórmula implica que la libertad jurídica pierde sentido cuando las condiciones materiales condenan a parte de la población a la precariedad estructural. El Estado social no es beneficencia: su función es corregir desigualdades reales y evitar que el mercado se convierta en el único organizador de la vida colectiva.
Por eso el decreto canario resulta tan significativo. Exigir doce años de residencia ininterrumpida en las islas —o quince si ha sido discontinua— para acceder a una vivienda pública altera la lógica protectora del Estado social. La vivienda deja de responder a la necesidad y pasa a depender de la antigüedad territorial. El derecho ya no se organiza en torno a la vulnerabilidad, sino alrededor de una especie de pedigrí administrativo del arraigo.
El lenguaje burocrático presenta la medida como neutral: estabilidad residencial, vinculación territorial, arraigo comunitario. Pero el derecho contemporáneo ha perfeccionado precisamente esa capacidad de excluir mediante categorías aparentemente técnicas. No hace falta declarar que ciertos grupos quedan fuera; basta con diseñar requisitos que vuelven casi imposible el acceso para determinados sectores sociales. Eso es lo que jurídicamente conocemos como discriminación indirecta.
Un migrante nacionalizado español puede quedar excluido de la vivienda pública pese a poseer plenamente la ciudadanía formal. También se perjudica a quienes han vivido desplazamientos laborales constantes, a quienes emigraron fuera de Canarias durante años o a quienes sobreviven en trayectorias residenciales fragmentadas porque nunca pudieron acceder a una vivienda estable. La paradoja es evidente: el sistema termina penalizando precisamente a quienes padecen mayor vulnerabilidad habitacional.
Aquí aparece además una cuestión más profunda. Solemos imaginar los derechos desde la figura abstracta de un individuo formalmente igual ante la ley. Pero la igualdad material obliga a mirar las condiciones concretas de exclusión y precariedad. Importan las trayectorias migratorias, la inseguridad laboral o la fragilidad económica, porque es ahí donde se manifiesta realmente el daño discriminatorio. El decreto canario invisibiliza esa dimensión material de la desigualdad y convierte la igualdad formal en un mecanismo de exclusión perfectamente funcional.
Todo esto ocurre, además, en medio de una de las crisis habitacionales más graves de Europa. Canarias vive sometida a una enorme presión inmobiliaria: alquileres disparados, expansión del alojamiento turístico, salarios incapaces de sostener el precio de la vivienda y un parque público claramente insuficiente. El territorio se reorganiza alrededor de la rentabilidad turística mientras la vida cotidiana de los residentes se vuelve cada vez más inviable. Donde antes había barrios aparecen apartamentos vacacionales; donde existían comunidades estables surgen espacios de circulación temporal del consumo.
Es difícil no pensar aquí en Crematorio. La novela de Rafael Chirbes no hablaba solo de corrupción urbanística, sino de una mutación moral: el momento en que una sociedad acepta que todo —el paisaje, la memoria colectiva o incluso la dignidad— puede convertirse en mercancía. Canarias reproduce hoy parte de esa lógica: hoteles infinitos, apartamentos turísticos, capital circulando a gran velocidad y, al mismo tiempo, trabajadores incapaces de pagar un alquiler en la tierra donde nacieron.
Esa degradación no es únicamente urbanística; también es política y cultural. Y ahí resulta inevitable recordar Algo va mal. Tony Judt advertía que las democracias occidentales habían dejado de considerar la desigualdad como un problema público para asumirla como una consecuencia natural del mercado. Poco a poco, la idea de bien común fue sustituida por el lenguaje de la competitividad y la rentabilidad. Lo decisivo de ese diagnóstico era la descripción de una sociedad que pierde la capacidad moral de pensarse colectivamente.
Eso es precisamente lo que aflora en el decreto canario. La vivienda deja de entenderse como condición básica de ciudadanía y pasa a concebirse como un recurso escaso cuya distribución responde a criterios identitarios y competitivos. La lógica del mercado termina colonizando incluso el ámbito de los derechos sociales. Y cuando eso ocurre, el Estado social empieza lentamente a vaciarse desde dentro.
En el fondo, late aquí la misma intuición crítica que atravesaba los ensayos de Rafael Sánchez Ferlosio en Non olet: esa capacidad del capitalismo contemporáneo para naturalizar moralmente cualquier forma de rentabilidad, incluso cuando procede de dinámicas que degradan la vida colectiva. Si evocamos la célebre escena entre Tito y Vespasiano, el dinero “no huele”, aunque siga siendo producto de la orina. También hoy el mercado turístico parece legitimarlo todo mientras el territorio se vuelve progresivamente inhabitable para quienes lo sostienen cotidianamente con su trabajo.
Lo más grave es que todo esto sucede mientras el propio derecho internacional de los derechos humanos reconoce a la vivienda como un auténtico derecho humano. Este derecho no se limita a disponer de un techo, sino que incluye seguridad en la tenencia, protección frente a desalojos, habitabilidad, accesibilidad y la posibilidad real de vivir con dignidad y seguridad. También se subraya la prohibición de discriminación en el acceso a la vivienda y la obligación estatal de garantizar progresivamente ese derecho.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente jurídica. El reconocimiento constitucional efectivo de la vivienda como verdadero derecho subjetivo es perfectamente viable desde el punto de vista normativo. La cuestión decisiva es otra: si todavía existe voluntad política para sostener una idea de sociedad donde habitar un territorio no dependa exclusivamente de la capacidad económica ni del valor mercantil del suelo.
La gran ironía es que desde el Gobierno canario se invoca constantemente la defensa de Canarias mientras se participa al mismo tiempo en un modelo económico que vacía las condiciones materiales de existencia de los propios canarios. Se abren las puertas al capital global mientras se estrechan las de la vivienda pública. El territorio permanece disponible para la inversión, pero empieza a volverse inhabitable para quienes simplemente quieren vivir en él.