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La Audiencia ordena reabrir el sumario por la permuta de la finca de San Rafael

LA ALCALDESA DE TELDE ESTÁ IMPUTADA POR PREVARICACIÓN

La Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por el anterior grupo de gobierno teldense. Posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

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La polémica por la permuta de la finca de San Rafael, en Telde, sigue viva en los juzgados. Un auto de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas dado a conocer este jueves ordena reabrir la causa y revoca el auto anterior del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, dictado el 11 de junio de 2010. Ese Juzgado, del que es titular la magistrada María de los Ángeles Zabala, había archivado la querella contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde que aprobó en agosto de 2004 la permuta de la finca de San Rafael con la empresa Iniscan, del Grupo Santana Cazorla.

Tras estimarse el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Telde a finales de 2010, el auto de la Audiencia obliga a continuar la causa que imputa un delito de prevaricación a Mari Carmen Castellano, actual alcaldesa por el PP; Guillermo Reyes y Carmelo Reyes, actuales concejales por AFV-Ciuca, además de otros miembros del pacto PP-AFV/Ciuca que estuvo gobernando entre 2003 y 2007. También se imputa tráfico de influencias al empresario Santiago Santana Cazorla.

En este procedimiento se investigan las posibles responsabilidades penales de una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Telde y la empresa Iniscan, del grupo Santiago Cazorla, que ya fue declarada nula por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) poniendo de relieve el perjuicio patrimonial que supuso para el Consistorio.

"Escandalosamente injustificado"

Aquella sentencia del TSJC tachaba de "escandalosamente injustificado" que el Ayuntamiento generara "una plusvalía cercana a los cuatro millones de euros" a la empresa Iniscan, al otorgarle un valor a la finca de San Rafael de 6,33 millones de euros cuando esa sociedad la había comprado por la tercera parte (2,52 millones) solo veinte días antes.
La investigación de los hechos se ha producido a petición del equipo de gobierno municipal de la pasada legislatura. Nueva Canarias y PSC se querellaron contra los ocho miembros de la comisión de gobierno en la que se aprobó esa permuta el 18 de agosto de 2004, y también contra el representante legal de la empresa Iniscan, Santiago Cazorla Santana.
Respecto al sobreseimiento del caso en 2010 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, con el argumento de que la valoración que se concedió a esa finca estaba dentro de los márgenes que permite la ley, la Audiencia considera que fue "precipitado a la vista de los datos" que se habían presentado.

"Se desprenden indicios más que suficientes de más que graves irregularidades en la operación de permuta cuestionada, que no pueden ser calificadas sin mas como simples irregularidades administrativas ", prosigue el auto.

Ahora que ha sido revocado el archivo de la causa, vuelven a estar imputados por un delito de prevaricación la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano (PP); el actual teniente de alcalde, Guillermo Reyes (Ciucca); y sus compañeros en la Comisión de Gobierno de 2004: Carmelo Reyes, José Suárez Martel, Carmelo Oliva, Raquel León y Guadalupe López. Y en tráfico de influencias, se recupera la imputación al empresario Santiago Cazorla Santana.

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