El Gobierno canario no pide al español disolver el Ayuntamiento de Telde
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este miércoles que sea el Ejecutivo español el que decida acerca de si se disuelve el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) tras la detención de la práctica totalidad de los concejales gobernantes en el marco de la operación Faycán, informó el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano.
El consejero explicó que el Ejecutivo autónomo decidió remitir al remitir al Consejo de Ministros información para que estudie la situación producida en el Ayuntamiento de Telde y determine si afecta a los intereses generales de España, lo que supondría la disolución del Ayuntamiento de Telde y la constitución de una gestora. No obstante, el Ejecutivo canario recomienda una solución de “encaje” con la formación de un gobierno de concentración de todos los partidos políticos hasta las elecciones del próximo año.
“El Gobierno se brinda y ofrece a contribuir al encuentro entre los grupos municipales de una solución que contribuya al buen nombre del Ayuntamiento de Telde”, dijo Ruano, que abogó por un acuerdo entre todos los ediles, del grupo de gobierno y de la oposición, para gestionar la localidad hasta los comicios de 2007. El consejero de Presidencia insinuó los reparos observados por los servicios jurídicos del Ejecutivo a la solicitud de creación de una gestora al considerar que, dada la autonomía municipal existente, no se afectan “los intereses generales de España”, tal y como dice la Ley de Bases del Régimen Local.
José Miguel Ruano precisó que para disolver una corporación democrática y crear una gestora provisional es condición “indispensable” que se vean afectados los intereses generales “de carácter supramunicipal”, y por ello, el Ejecutivo canario acordó comunicar la situación administrativa y jurídica creada en Telde al Gobierno del Estado. El acuerdo se fundamentó en cuestiones de carácter jurídico y básicamente en la ley de bases del régimen local, que garantiza que la disolución de una corporación sólo se produzca en supuestos excepcionales de una gestión gravemente dañosa para los intereses generales e incumplimiento de las obligaciones constitucionales, añadió.
A su juicio, la situación de Telde no es equiparable a la producida en Marbella con el caso Malaya, pues el delito más grave imputado a los responsables de la localidad grancanaria es el de cohecho y no se ha constatado violación de los acuerdos municipales. Ruano indicó que hay una mayoría de concejales en Telde que no están afectados por procedimiento alguno y, por ello, el Gobierno canario cree que hay soluciones “alternativas” a la disolución y más respetuosas con la autonomía local.
Precisamente, el titular de Presidencia consideró que, si dimitiesen los imputados y corriese la lista del Partido Popular en Telde, “se vería restablecida la normalidad democrática” y podría gobernar un grupo de gobierno “de concentración” hasta terminar el mandato, una opción “preferente” a la disolución. El acuerdo del Consejo especifica que los acontecimientos del caso Faycán, que provocaron el pasado martes la detención del alcalde y cinco concejales acusados de cohecho, “han llevado al municipio al descrédito”, y por lo tanto “merecen la desaprobación y repulsa de todas las personas comprometidas con la honestidad, la justicia y el buen gobierno”.
El Gobierno canario adoptó esta decisión el mismo día en el el alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), quedó en libertad con cargos de cohecho y bajo fianza de 80.000 euros tras prestar declaración ante el juez que instruye la operación Faycán, Javier García, y ante el Fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río.
