Gobierno canario prorroga la norma que regula las medidas por crisis económica y simplificación administrativa
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)
El Ejecutivo canario ha aprobado este miércoles, en Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto por el que se prorroga la vigencia del artículo 24 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, donde se establecen, en el marco de la Administración Pública autonómica, las medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.
De esta forma, se recoge la modificación de la disposición final segunda del citado Decreto 48/2009 para permitir más prórrogas de la vigencia del artículo 24, ya que actualmente sólo se permite una, acordada por decreto en 2010.
Esta modificación atribuye al Gobierno regional la competencia para prorrogar, mediante acuerdo, la vigencia del artículo 24 indefinidamente por períodos de un año.
El artículo 24 declara que, por razones de interés público, se aplicará la tramitación urgente en los expedientes relativos a contratos de redacción de proyectos de obras; contratos de obras, concesión de obras públicas; colaboración entre el sector público y el sector privado; así como contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y servicios conexos; servicios de investigación, desarrollo y servicios de arquitectura que se tramiten por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), organismos autónomos y entidades dependientes.
Además, establece la no exigencia de la constitución de garantía provisional en la tramitación de los citados expedientes.
Por otro lado, el acuerdo también determina la vigencia limitada de este artículo a un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la norma, plazo que vencerá el próximo 13 de mayo de 2010, así como la posibilidad de que el Ejecutivo regional prorrogue dicho plazo, siempre que se produzca con anterioridad al vencimiento y por un periodo máximo de un año.
La aprobación del Decreto 48/2009 puso en marcha un proceso de racionalización, simplificación, reducción de cargas y mejora de la regulación en los procedimientos administrativos en el marco de la Administración autonómica, ya que establece la eliminación de duplicidad de controles, la reducción de los plazos máximos de tramitación o la aprobación de modelos normalizados de solicitud, entre otros.
