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La Guardia Civil pide más documentación sobre Ulises Pérez al Cabildo

Agentes del instituto armado entraron discretamente el miércoles en la Corporación reclamando datos concretos a la secretaria accidental

Entre otra información, reclamaron un contrato de 14.000 euros suscrito en 2004 y los cargos que ha ocupado el funcionario

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Sede del Cabildo de Gran Canaria.

Sede del Cabildo de Gran Canaria.

La Guardia Civil continúa recabando información del periodo 2003-2007 en el Cabildo de Gran Canaria, presidido en ese mandato por el hoy ministro de Industria, José Manuel Soria. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado entraron discretamente este miércoles en las dependencias de la institución y pidieron a la secretaria accidental diversa documentación especialmente relacionada con el que fuera en esas fechas mano derecha del consejero de Obras Públicas, Miguel Jorge Blanco (PP). En concreto, la Guardia Civil pidió una certificación acerca de las funciones que desempeñaba el funcionario Ulises Pérez, al que la juez Mercedes Alaya atribuye el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones a la empresa sevillana Fitonovo.

Fuentes oficiales confirmaron este jueves a Canarias Ahora que los agentes se interesaron en particular por un contrato de 14.000 euros adjudicado a Fitonovo en 2004, año en el que esa empresa consiguió del Cabildo casi 3 millones de euros en adjudicaciones.

Las pesquisas de la juez Alaya dentro de la operación Enredadera, que partió de adjudicaciones en Sevilla y ya se extiende por varias regiones, ha alcanzado de momento en Canarias al delegado de Fitonovo, Adolfo de la Torre, y al actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín. De momento no existe constancia de que el funcionario Ulises Pérez, al que la UCO atribuye el cobro de comisiones a cambio de un centenar de obras en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido imputado, aunque este mismo jueves deslizó tal posibilidad el consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, durante la celebración de la comisión de Infraestructuras de esa Corporación.

Sánchez y el PP se negaron en esa sesión a aceptar la petición de la oposición socialista de crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones en el departamento de Obras Públicas, al tiempo que el consejero se quejó de que se haya criminalizado al funcionario Ulises Pérez, al que ya atribuyó la condición de imputado por la juez Alaya.

La secretaria accidental del Cabildo entregó a la Guardia Civil la documentación requerida, dijeron este jueves fuentes oficiales de la Corporación, detallando las funciones de asesor de Pérez en la Consejería de Obras Públicas a cuyo cargo estuvo desde 1999 hasta 2007 el hoy diputado regional del PP Miguel Jorge Blanco. Este ha defendido públicamente la integridad de Ulises Pérez, sobre el que se estrecha cada vez más el cerco de la investigación judicial al aparecer citado en diversos correos del delegado de Fitonovo en Canarias, Adolfo de la Torre, como beneficiario de distintos pagos procedentes de la caja B de la compañía. Al menos uno de esos pagos se realizó tras abonarse una obra que ni siquiera se tuvo que ejecutar.

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado en el presente mandato varios contratos a Fitonovo, pero todos ellos se han tenido que revocar ante la situación de suspensión de pagos que presenta la empresa y el consiguiente incumplimiento de las condiciones. De momento, las pesquisas no se han dirigido al actual mandato ni al que entre 2007 y 2011 protagonizaron el PSOE y Nueva Canarias, etapa en la que las adjudicaciones a Fitonovo descendieron considerablemente.

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