Anticorrupción aprecia al menos tres delitos en la gestión de Clavijo en el caso Grúas
La fiscal encargada de la lucha contra la corrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, aprecia al menos la comisión de tres delitos en el caso Grúas y señala directamente al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como uno de sus autores, aunque de momento evita pedir llamarlo a declarar. En un escrito de 70 folios incorporado a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, la representante del Ministerio Público asegura apreciar la comisión de al menos los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la gestión de Fernando Clavijo y algunos de sus compañeros al frente del Ayuntamiento de La Laguna.
El préstamo de 120.000 euros a la empresa Autogrúas Poli después de ser transferida a amigos del alcalde-presidente; la prórroga de la concesión contraviniendo todas las prescripciones legales, y la negativa a rescatar la concesión del servicio de grúas, todo ello levantando los continuos reparos del interventor general del Ayuntamiento, son relatados minuciosamente por la fiscal en su escrito, en el que pide que se llame a declarar como investigadas a dos piezas que considera clave en la trama: la directora del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Rosario del Carmen Hernández Eugenio, y la jefa de Sección de Planificación, Control y Tramitación del ayuntamiento lagunero en la época en que se produjeron los hechos.
Desde que la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife se hizo cargo del caso Grúas, la posición del Ministerio Público ha cambiado sustancialmente respecto a la deriva que venía manifestando desde el comienzo de la causa, en 2017. Una vez el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolvió el pasado día 22 de marzo que es el juzgado de instrucción ordinario el competente para tramitar las diligencias a pesar de la presencia de una autoridad autonómica otrora aforada, todo apunta ya a que en las próximas semanas Fernando Clavijo tendrá que deponer ante la jueza titular, Celia Blanco.
De momento, la fiscal María Farnés Martínez no lo ha pedido, si bien es verdad que su profuso escrito tiene fecha 18 de marzo, es decir, anterior a la resolución definitiva del TSJC. Su criterio anterior a ese auto, contra el que solo cabe la queja ante el Supremo, era el de no citar al presidente canario hasta que se resolviera el presunto recurso de casación, que finalmente quedó en agua de borrajas, lo que desde esa fecha, el día 22, deja abierta la posibilidad a que la declaración de Clavijo como investigado solo dependa de las agendas del juzgado y de las partes.
En su escrito de 70 folios, María Farnés Martínez pide al juzgado que recabe una larga serie de documentos que sirvan para afianzar (o en su caso descartar) su criterio de que el caso Grúas tiene todos los ingredientes de una causa penal por corrupción. La fiscal ha basado sus indicios en la lectura del expediente administrativo aportado por el ayuntamiento, así como en las comparecencias en la llamada “comisión de información” celebrada en el consistorio a propuesta de los partidos de la oposición y que finalmente alcanzó unos escuálidos resultados por el boicot al que fue sometida por Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista, por entonces socio de inquebrantable fidelidad al gobierno nacionalista del actual alcalde, José Alberto Díaz, concejal de Seguridad y Movilidad en los tiempos del caso Grúas.
María Farnés Martínez aprecia delito de prevaricación en la gestión que hizo el Ayuntamiento en torno al incumplimiento del pliego de condiciones del servicio de grúas por parte de la empresa concesionaria cuando fue transferida, por presiones de las autoridades municipales, a un grupo de siete trabajadores cercanos al entonces alcalde-presidente, Fernando Clavijo. Con unas deudas de 300.000 euros, de las que 112.000 se correspondían con administraciones públicas (Seguridad Social y Agencia Tributaria); con menos trabajadores de los que obligaba el pliego de condiciones; con camiones-grúa deteriorados que no tenían tarjeta de transporte, ni seguro de responsabilidad civil y sin pasar la inspección técnica de vehículos (ITV); con constantes requerimientos de la Guardia Civil y del Cabildo de Tenerife; con sus administradores incumpliendo el requisito de capacitación profesional y la autorización administrativa… el Ayuntamiento de La Laguna evitaba caducar la concesión y rescatar el servicio.
La fiscal apunta directamente a Fernando Clavijo, sin descartar que en este presunto delito de prevaricación pueden haber participado “algunos de los funcionarios que han emitido informes y pudieran por tanto ser cooperadores”.
También analiza detenidamente la fiscal la compra de la totalidad de las participaciones de Autogrúas Poli SL (la concesionaria original del concurso tras decidir Clavijo la privatización del servicio) a siete trabajadores relacionados con el actual presidente de Canarias. A juicio de María Farnés Martínez tal transmisión se realizó sin la más mínima tramitación administrativa, lo que impidió comprobar a los funcionarios municipales si los compradores cumplían con las exigencias legales, como la capacidad de obrar y la solvencia económica, profesional y técnica.
A la fiscal le llama la atención que esos descuidos no se dieran sin embargo cuando la misma empresa fue luego vendida en 2015, con una deuda superior a los 715.000 euros, a Grúas y Servicios Adeje, a quien sí se le exigió el cumplimiento de todos los preceptos legales. Aún así, a Martínez le parece que “podríamos considerar que es un fraude que al día de hoy la persona que ostenta la concesión para el servicio de grúas de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna no tenga nada que ver con la persona que resultó ser ganadora del concurso público que se llevó a cabo para dicha adjudicación”.
El préstamo de 120.000 euros
Tampoco escapa de la censura de la Fiscalía la concesión de un préstamo de 120.000 euros de fondos municipales a la empresa de grúas cuando ya había sido adquirida por personas cercanas al alcalde-presidente Clavijo. Además de apreciar “cierta manipulación” en los informes justificativos, María Farnés Martínez resalta las dos ocasiones en las que el interventor general del Ayuntamiento repara la operación por ausencia de cobertura legal y por falta de especificación de la condiciones. Algunas de ellas, como el aval personal de sus viviendas que los trabajadores dijeron haber aportado, no los ha encontrado la fiscal en el expediente y por eso ha pedido a la jueza que los mande recabar.
En varios pasajes de su amplio escrito, la representante del Ministerio Público censura la contratación por parte del Ayuntamiento de doctos catedráticos de la Universidad de La Laguna llamados para dar cobertura a las decisiones del alcalde-presidente Clavijo. “Los reparos se levantan mediante informes externos, sin que se emita opinión de por qué se da más credibilidad al informe externo que al del funcionario público, cuya intervención en el procedimiento es obligatoria y además está sujeto a responsabilidad en el supuesto de informar falsamente”, dice la fiscal.
Además, recalca que en el expediente municipal no aparece explicación alguna del porqué se solicitan estos informes; quién los ordenó o resolvió encargarlos, ni el motivo o fundamento para solicitarlos. “Tampoco consta por qué el Ayuntamiento prefiere pagar unos honorarios que tampoco constan cuáles son, en lugar de acudir a sus propios funcionarios o bien a los organismos públicos servidos también por funcionarios, como el Consejo Consultivo o la Dirección General de la Contratación, en ambos casos sin coste alguno”, enfatiza.
En varias ocasiones a lo largo de su escrito, la fiscal se pregunta por los motivos por los que el Ayuntamiento de La Laguna no rescató la concesión, cuando se daban todas las circunstancias, tanto por el incumplimiento del pliego de condiciones como por la situación de la empresa, en causa de disolución y con fuertes deudas con las administraciones públicas, lo que debió impedirle contratar con el ayuntamiento.
La fiscal cree que Clavijo prevaricó levantando los reparos para la concesión del préstamo de 120.000 euros y obrando de igual manera para prorrogar el contrato a pesar de los múltiples incumplimientos del pliego del concurso y de la legalidad vigente, como de modo reiterado advirtió siempre el interventor general del ayuntamiento.
La fecha de este escrito, 18 de marzo, explica por qué la fiscal no incluye en sus peticiones a la jueza la citación del presidente del Gobierno como investigado. Entonces no se había resuelto aún el recurso que Clavijo había interpuesto ante el TSJC para que se le admitiera la preparación de una casación ante el Supremo, petición que le fue denegada el día 22. Justo la fecha en la que la misma fiscal se había opuesto a los recursos de las acusaciones personadas en el procedimiento a la suspensión de la declaración de Clavijo, prevista para el pasado día 15 pero suspendida por la jueza dos días antes.
