Más de 9.000 euros por ocho días de vigilancia entre los meses de mayo y junio de 2022. Es el dinero público que cobró la agencia de detectives privados que contrató el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro (Ciudadanos para el Cambio - Ciuca), para que siguiera durante su baja laboral a una funcionaria que, además de haber denunciado un presunto caso de acoso en la administración, es testigo principal en una causa penal por la que el número dos de la corporación irá a juicio por un presunto delito de prevaricación.
Navarro hizo el encargo a los detectives en mayo de 2022, pocos días después de su procesamiento en esa causa que lo juzgará los contratos menores adjudicados a su antiguo socio de despacho. Lo hizo en su condición de concejal responsable de Recursos Humanos y ante la sospecha de que la funcionaria interina P.I.H.D., que había sido, entre otros cargos, jefa del servicio de Asesoría Jurídica, estaba trabajando para una empresa ajena durante un periodo de baja. Cinco meses después de que los investigadores privados concluyeran su trabajo (tras ocho días de seguimiento efectivo, según consta en el informe), el Ayuntamiento de Mogán decidió abrir un expediente disciplinario a la empleada pública por la presunta comisión de una falta muy grave y suspenderla de manera provisional de funciones durante seis meses, un periodo en el que solo cobraría una retribución básica. Sin embargo, la trabajadora recurrió esa medida cautelar y la justicia le dio la razón, dejándola sin efecto.
La funcionaria rechaza el contenido de ese informe y denuncia un engaño por parte de la detective contratada por el concejal Mencey Navarro, así como “una vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar y a su dignidad personal”, por lo que anuncia su intención de llevar ante la justicia “en su debido momento”.
La factura de 9.119,61 euros en concepto de honorarios profesionales de los detectives contratados por el primer teniente de alcalde de Mogán se pagó a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en el pleno del pasado 23 de diciembre. Es decir, seis meses después de la fecha en la que está firmado el informe. Y es que, tal y como reconoce en un escrito el funcionario responsable de la unidad administrativa de Recursos Humanos del Ayuntamiento, el gobierno municipal no abrió un expediente de contratación de esos servicios. Es decir, Mencey Navarro recurrió a los detectives privados sin ningún informe que justificara la necesidad de realizar esa contratación pública.
“Las faltas de rigurosidad en el procedimiento administrativo no inhiben la obligación de pago que tiene la administración”, concluye, no obstante, ese funcionario en el informe que se llevó a pleno para la aprobación del gasto. El responsable de Recursos Humanos señala que esos servicios fueron prestados y que, por tanto, el Ayuntamiento debe abonarlos para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto de la administración.
El reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento excepcional que las administraciones locales usan para pagar las facturas irregulares, aquellas que no están incluidas en el presupuesto y/o que no se corresponden a la ejecución de un contrato legalmente celebrado. Tal y como explica el interventor municipal en un informe fechado el pasado 14 de diciembre, gastos como el de los honorarios a los detectives son “nulos de pleno derecho”, puesto que no se han respetado los procedimientos establecidos. Sin embargo, se procede al pago cuando el responsable del contrato constata que los servicios o trabajos encomendados se han prestado. Los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas han advertido reiteradamente del uso y abuso de este mecanismo que debería ser excepcional en las entidades locales y han instado a regularlo de forma adecuada para superar “las debilidades y deficiencias” en la tramitación de los expedientes.
Más de 20.000 euros en un despacho de abogados
Al margen de esos 9.000 euros abonados a RM Detectives para la vigilancia de P.I.H.D. entre el 10 de mayo y el 21 de junio, el Ayuntamiento de Mogán ha firmado en este último año dos contratos menores por un importe total superior a los 20.000 euros para su defensa legal en litigios que mantiene abiertos con la misma funcionaria interina. El adjudicatario ha sido, en ambos casos, el despacho San Telmo Abogados y Economistas.
El último, concedido en enero de este año por 7.329,5 euros, tiene por objeto la representación del Ayuntamiento en el procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Las Palmas de Gran Canaria a raíz del recurso presentado por la trabajadora contra la suspensión provisional de funciones y sueldo. La actual responsable de la Asesoría Jurídica municipal justificó la necesidad de externalizar el servicio por el “excesivo volumen de trabajo” existente en esa unidad, así como “la especialidad y dificultad de la materia” sobre la que versa el procedimiento. “Máxime tratándose de una compañera que forma parte de la Asesoría Jurídica”, recoge un informe que defiende la necesidad de acudir a letrados “especializados y dedicados en exclusiva” a este litigio.
Diez meses antes, en marzo de 2022, San Telmo Abogados ya había resultado adjudicatario de un contrato menor de 12.840 euros para la defensa legal del Ayuntamiento de Mogán en otro proceso judicial en el que la funcionaria reclama una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del acoso laboral que asegura haber padecido. El Consistorio ya fue condenado el año pasado, en una sentencia que aún no es firme al haber sido recurrida por ambas partes, a pagar 30.000 euros por su pasividad “cuasi obscena” ante la denuncia realizada por la trabajadora, que había puesto de relieve unas conductas por parte de sus superiores, entre ellos Navarro, que a juicio del magistrado “entran de lleno en la figura del acoso moral”. Otra sentencia del orden social, ya firme, reconoce que la incapacidad temporal de la funcionaria es de origen laboral y no una enfermedad común.
Para defender la necesidad de acudir a un despacho externo en ese procedimiento de reclamación patrimonial, también se aludía a la insuficiencia de medios propios en la administración para afrontar el caudal de procesos judiciales en curso y a la especialización de la materia, pero, además, la responsable jurídica advertía del “elevado importe” de la reclamación, que podría suponer “un grave perjuicio” a las arcas públicas.
Ninguno de esos dos contratos menores está firmado por el concejal responsable de la Asesoría Jurídica, Mencey Navarro, que delegó esa responsabilidad en otros ediles de la corporación, aunque sí figura en el expediente de la primera de esas adjudicaciones dando el visto bueno al informe propuesta elaborado por la jefa de esa unidad.
Se da la circunstancia de que uno de los socios de San Telmo Abogados, el despacho adjudicatario de esos contratos, es Antonio Sánchez Tetares, la persona que el Ayuntamiento, ya con Ciuca en el poder, eligió en 2015 como mediador para resolver los litigios que la administración arrastraba desde hacía años con un empresario, Luis Oller. Esa mediación se resolvió con un acuerdo que despertó las sospechas del equipo de la Guardia Civil que investigaba la presunta trama de compra de votos en Mogán y que, desde el año pasado, es el objeto de un procedimiento penal en el que figuran como investigados, entre otros, la alcaldesa, Onalia Bueno, y el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro.
En el informe que dio origen a esa pieza separada, la policía judicial llegó a la conclusión de que ese proceso de mediación fue un amaño para favorecer los intereses del empresario, al que señalaba como financiador de la campaña electoral de Ciuca en 2015. Para ello, siempre según la tesis de los investigadores de la Guardia Civil, los máximos responsables del gobierno municipal apartaron a dos abogadas que osbtaculizaban ese acuerdo. Entre ellas se encontraba la funcionaria interina ahora expedientada, que participó en las primeras reuniones como letrada municipal y que posteriormente fue relegada tras manifestar sus objeciones al acuerdo de mediación pretendido entre el empresario y el gobierno local.