Una agencia de detectives privados siguió durante 42 días a una funcionaria interina de baja laboral en el Ayuntamiento de Mogán. Quien contrató sus servicios, según consta en la caratula del informe entregado por los investigadores, fue Mencey Navarro, primer teniente de alcalde de este municipio del sur de Gran Canaria y concejal, entre otras áreas, de Urbanismo y Recursos Humanos, ante la sospecha de que estaba trabajando en otra empresa. La empleada pública, P.I.H.D., es técnico de administración general y denunciante de un presunto caso de acoso laboral en el seno de la corporación local, además de haber sido testigo principal en una causa penal por las que permanece imputado el número dos del gobierno liderado por Onalia Bueno.
El Ayuntamiento de Mogán abrió el pasado 7 de diciembre un expediente disciplinario a la funcionaria a raíz del contenido de ese informe, al entender que pudo incurrir en una falta muy grave, puesto que “habría estado trabajando para una empresa ajena a la administración en periodos en los que estaba de baja médica por incapacidad temporal”. Además, el gobierno local acordó como medida cautelar la suspensión provisional de funciones a la empleada pública durante la tramitación del expediente, hasta un máximo de seis meses. De esta manera, redujo sus retribuciones a las básicas y a las que corresponden a las prestaciones por hijo a cargo.
La funcionaria, que es abogada y que, entre otros puestos, ha sido jefa de Urbanismo y de la Asesoría Jurídica del Consistorio sureño o secretaria accidental, recurrió esa medida cautelar y la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado sus pretensiones, dejando sin efecto la suspensión provisional de funciones y sueldo decretada por el Ayuntamiento. En un auto fechado el pasado 23 de enero, la jueza advierte de los perjuicios que puede ocasionar a la trabajadora esa suspensión “sin que el acto administrativo sea firme”, con independencia “de la realidad o no” de los hechos imputados y de que puedan ser constitutivos de “la sanción oportuna y correspondiente”, cuestión ajena al incidente.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el seguimiento de RM Detectives a la funcionaria interina comenzó el 10 de mayo del año pasado y concluyó el 21 de junio, fecha en la que está firmado el informe confidencial de 47 páginas entregado a la persona que lo contrata, Mencey Navarro, que aparece identificado como concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mogán. En el expediente abierto a la trabajadora por estos hechos no figura ninguna referencia al procedimiento de contratación de esa agencia de detectives y, por tanto, hasta la fecha se desconoce quién sufragó esos gastos.
Ese expediente disciplinario, que será instruido por Juan Francisco Troya, jefe de servicio de Vivienda del Gobierno canario, se incoó a raíz de una providencia firmada por el propio Mencey Navarro el pasado 24 de noviembre. Es decir, cuatro meses después de la conclusión del informe de los detectives privados. En ese escrito, el primer teniente de alcalde dice que la Concejalía de Recursos Humanos “ha tenido conocimiento” de los hechos que se le imputan a la trabajadora (haber estado trabajando en la empresa ajena durante un periodo de baja laboral) a raíz del informe de RM Detectives, al que “ha tenido acceso”.
La funcionaria estuvo de baja del 14 de junio de 2021 al 24 de agosto de 2022. Se reincorporó a su puesto en la asesoría jurídica del Ayuntamiento el 6 de septiembre y permaneció en él hasta el 23 de noviembre. La razón de esa nueva baja era que una sentencia firme del Juzgado de lo Social 5 de Las Palmas de Gran Canaria había anulado el alta médica que se le había dado a la empleada pública en agosto.
En el recurso que presentó contra la medida cautelar de suspensión de funciones, la trabajadora enumera todas las vicisitudes que ha padecido desde la llegada al poder de Ciuca en 2015, en particular con el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y enmarca esa última actuación en el “escenario habitual” de “hostigamiento” que dice haber sufrido. La funcionaria llama la atención sobre el hecho de que la providencia del también concejal de Recursos Humanos esté firmada el 24 de noviembre, un día después de su baja, cuando debió tener conocimiento del contenido del informe de los detectives el 21 de junio.
La trabajadora expedientada es denunciante de acoso laboral. Meses antes del seguimiento de los detectives, el Ayuntamiento de Mogán había sido condenado a indemnizar con 30.000 euros a la funcionaria por su pasividad “cuasi obscena” ante los hechos que puso de manifiesto la afectada en una denuncia que apuntaba directamente al propio Mencey Navarro. En esa sentencia se enumeran más de 30 hechos probados, algunos de ellos de resoluciones judiciales anteriores, en los que se describen algunas de esas actuaciones. Entre ellas, la orden del concejal para deshabilitar el acceso de la empleada a la red informática del Ayuntamiento y trasladarla de área (“apartarla”) después de haberle manifestado sus discrepancias sobre determinados asuntos municipales o la de ubicarla, tras una reincorporación de una baja, en un sótano que el personal llama “el calabozo” y que no contaba con las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.
En aquella sentencia, el juez afirma que la conducta denunciada por la interina “entra de lleno en la figura del acoso moral en el trabajo”. La resolución contiene extractos de una conversación que mantiene P.I.H.D. con otro funcionario, Salvador Álvarez, que colaboró en la campaña electoral de Ciuca en 2015 y que posteriormente fue nombrado coordinador de servicios centrales con un sobresueldo de 30.000 euros. En ese audio, al hombre de confianza de la alcaldesa y de su número dos se le escuchan frases como “En el minuto cero me dijeron: pon a esta mujer en la calle” o aconsejarle que busque “la distancia buena” con el primer teniente de alcalde. “¿Que esto es una mierda y no me salpica? Acepto pulpo como animal de compañía?”, le espeta en ese encuentro, transcrito en la sentencia.
Una resolución anterior concluyó que la incapacidad temporal de la funcionaria derivaba de una contingencia profesional, no común. Es decir, la causa era laboral.
Denunciante y testigo
La funcionaria es, además, testigo clave en una causa contra Mencey Navarro. En septiembre de 2017, siendo aún jefa de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por los contratos menores concedidos para la defensa de la corporación a un abogado que era socio de despacho del primer teniente de alcalde. Una denuncia a la que posteriormente se sumarían el Partido Popular y Nueva Canarias.
Cuando se iniciaron las diligencias preprocesales en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la funcionaria se convirtió en la testigo principal. En mayo del año pasado, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, el órgano donde recayó la causa tras la denuncia del fiscal, transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, al apreciar la existencia de indicios suficientes de un delito de prevaricación continuada en la actuación de Mencey Navarro y de otros dos investigados: Julián Artemi Artiles (PSOE), concejal de Contratación y Hacienda durante el mandato 2015-2019, y el funcionario David Chao, secretario accidental de la corporación.