El Ayuntamiento de Santa Brígida contrató a dedo al hermano de un concejal para instalar el alumbrado navideño

Alumbrado navideño en Santa Brígida en 2020

Toni Ferrera

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El Ayuntamiento de Santa Brígida, gobernado por el Partido Popular (PP) en coalición con Unidos por Gran Canaria (UxGC), Ciudadanos (Cs) y Plataforma Vecinal por Santa Brígida (PVSB), contrató a dedo a Juan Miguel Sosa Domínguez, hermano del concejal Martín Sosa Domínguez, responsable de la cartera de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda, Servicio de Limpieza y Recursos Humanos, para instalar el alumbrado navideño en 2020. La factura de los servicios prestados, con fecha del pasado 22 de diciembre, es de 6.848 euros, según ha podido comprobar este periódico.

La corporación defiende que se vio abocada a esa situación porque las otras empresas con las que contactó sufrieron “un cúmulo de desafortunadas contrariedades” y se le echó el tiempo encima para hacer el trabajo. La idea inicial, dicen, es que fuera el propio personal municipal el que realizara el servicio, “pero no fue viable al tener que atender otras incidencias que se produjeron en ese momento”.

La contratación de Juan Miguel Sosa derivó en un informe de fiscalización de la interventora del municipio, Ana Belén Vecino Villa, quien concluyó que la actuación seguida por el Ayuntamiento fue “grave” ya que no presentó al menos tres ofertas para el contrato menor, como exige la ley desde marzo de 2019, y el hecho de haber seleccionado a dedo al hermano del concejal “vulnera los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato”.

Además, algo que no menciona la interventora, pero sí queda remarcado en la norma, es que no pueden ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente. Instalar el alumbrado navideño no es excepcional. Ocurre todos los años. Así que el Ayuntamiento podría haber optado por otros procedimientos, como el abierto, el abierto simplificado o el supersimplificado.

A pesar de que la infracción es “grave”, el contrato no se declara nulo de pleno derecho porque de esta manera se produciría un “enriquecimiento injusto”, según una sentencia del Supremo de 1999 que recoge la interventora. Es decir, la obra se habría llevado a cabo, pero el Ayuntamiento ya no debería dinero a nadie debido a la nulidad de la adjudicación, lo que provocaría un empobrecimiento de la empresa que ha realizado el trabajo.

La interventora formula un reparo por la vulneración del artículo 118 de la Ley de Contratación del Sector Público. Y el Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida, con el voto a favor del grupo de gobierno, la negativa de Ando Sataute y la abstención del PSOE, termina por levantar el reparo y dar luz verde al pago de la deuda con Juan Miguel Sosa.

La noticia vuelve a salpicar a un Ayuntamiento que ha sacado adelante hasta dos procedimientos de forma polémica en los últimos meses. Primero, con la venta a Hiperdino de la parcela de suelo en proindiviso que tenía en la Avenida el Galeón destinada “prioritariamente” a viviendas protegidas, según consta en el pliego de cláusulas administrativas de la enajenación. Ahora allí se va a construir un supermercado y se plantea que las viviendas públicas se levanten, entre otras zonas, en Pino Santo, un barrio periférico que no cumple con las condiciones que marca el Plan de Vivienda de Canarias, que pide que estos domicilios se sitúen en el núcleo de las ciudades y no en lugares “diferenciados ni apartados”. Y segundo, por la rotonda que unirá la GC-15 con el centro y que dará pie a una nueva vía de acceso al municipio. Hay informes contradictorios por el plan urbanístico que se ha escogido para ejecutar la obra. Uno lo emite la secretaria municipal, que de hecho paralizó la reforma, y los otros dos lo firman la arquitecta y el redactor del plan general de ordenación. Aun así, la nueva glorieta, con voces que dicen que sí y otras que dicen que no, ya se está construyendo.

Lo último que se conoce es que el Ayuntamiento sueña con que el Cabildo de Gran Canaria le ceda la gestión de la Finca El Galeón, un parque agropecuario que abarca unos 40.000 metros cuadrados y que cuenta con abundantes palmeras, acebuches, guaydiles y otros ejemplos de la flora canaria, para convertirla en una especie de ‘Parque de El Retiro’, como el que hay en Madrid, en donde instalar terrazas, locales de restauración y centros deportivos. El Cabildo no ve El Galeón como un lugar de ocio y consumo, sino más bien como un espacio de protección ambiental, y por el momento ha cerrado la puerta a cualquier entrega.  

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