CC y PP aprueban su Ley de Participación Ciudadana a pesar de las sospechas del PSOE de propaganda
Castro debió pedir a los diputados que cesasen el debate o desalojaba el Pleno
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley canaria de fomento a la participación ciudadana con el respaldo de CC y el PP y la oposición del PSOE. El consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo, Juan Ramón Hernández, explicó que con la aprobación se cumple un mandato del Estatuto de Autonomía y un compromiso del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en su discurso de investidura.
Hernández explicó en el Pleno que en su tramitación se ha mejorado el proyecto de Ley presentado y concluyó que “representa un avance sustantivo de calidad democrática”. Dijo que hay que eludir polémicas “estériles” y recordó que es la segunda norma autonómica sobre este asunto aprobada tras la de la Comunidad Valenciana.
El diputado del PSOE, Santiago Pérez, rechazó la iniciativa y recordó que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, señaló en su discurso de investidura que “cuanto más fuerte y participativa sea la sociedad más fuerte será el Gobierno y también dijo que había que dejar de mirar desde la política con recelo a los colectivos sociales”. Además para otoño de 2007 prometió esta ley.
Pérez también recordó los reparos del Consejo Consultivo y explicó que las enmiendas del PSOE tenían un espíritu “constructivo”. Señaló además que su partido se opuso al artículo 22 que buscaba poder convocar referéndum en las islas. “Hemos logrado evitar ese propósito gubernamental que tenía un guiño para una línea editorial independentista”, apuntó.
“Las enmiendas no se miden al peso”, prosiguió para criticar que algunos artículos relacionados con los datos personales o el acceso a archivos son “perfectamente ociosos” porque remiten a la legislación vigente. Aquí expuso que la participación ciudadana “no es un derecho fundamental, es un derecho frente a la actividad de la administración pública”. Por ello criticó que en el texto se restringa el derecho fundamental de petición. “Esto es constitucionalmente no aceptable”, planteó.
De igual forma el socialista definió otros artículos, como el 16, como “intervencionistas” y aseguró que es contradictorio con el 18. “Condicionar el ejercicio de los derechos es restrictivo y controlador”, apuntó para añadir que la prácticas del Gobierno son “restrictivas” por lo que apuntó que sería curioso que se aprobase lo contrario cuando al mismo tiempo se aprueban normas como el catálogo de especies protegidas.
Apuntó que se hizo el “énfasis” en la participación, pero al mismo tiempo en el catálogo de especies o en la norma de organización del Turismo cuando se impidió la presentación de enmiendas a su partido. “No se respeta a la ciudadanía cuando no se hace con sus representantes”, se quejó para añadir en su crítica al rechazo de iniciativas de colectivos ciudadanos.
Pérez también planteó que dar subvenciones también es una forma de controlar a las entidades sociales. “No la respaldamos. No vamos a hacer barbaridades. Hemos mostrado nuestra discrepancia y esto se caracteriza por su carácter propagandístico del Gobierno, que no se caracteriza por respetar la participación ciudadana”, resumió.
“Para llegar a acuerdos, lo primero es que los ciudadanos estén bien informados”, manifestó Pérez que hizo referencia a una condena por los tribunales a la Comunidad Autónoma por “no facilitar” a una asociación información técnica y a las iniciativas legislativas populares no atendidas. “El grupo socialista no puede tras presentar con enmiendas apoyar”, insistió.
EL REFERENDUM
La diputada de CC, Nuria Herrera, se preguntó porqué el PSOE no ha querido colaborar en mejorar aquello que pudiese serlo en el texto. “Han esgrimido muchísimos argumentos para justificar no apoyar, que era propagandística, que no se respeta la participación o que se quería aprobar por la puerta de atrás la posibilidad de hacer un referéndum”, argumentó para rechazar que propaganda sea cumplir un compromiso electoral.
Herrera negó que no se respeten los derechos de los ciudadanos. “La ley establece la participación en la política y la acción de gobierno”, resumió la nacionalista que se preguntó por qué no se valore que se quiera una sociedad “más dinámica y viva”.
A juicio de Herrera lo que se está haciendo es un ejercicio de “democracia” y apuntó que se establece diferentes tipos de participación en la vida política. “Es un punto y seguido, un complemento de la interconexión entre ciudadanos y administración”, defendió al tiempo que pidió al PSOE que “antepongan los intereses de los ciudadanos a los personales”.
“El referéndum no ha desaparecido de la Ley”, afirmó Herrera que recordó que la disposición adicional tercera establece que “la participación ciudadana a través del referéndum se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución española y las leyes que la desarrollan”. Pérez solicitó la lectura de este precepto.
Herrera respondió solicitando la lectura del artículo 32 del Estatuto de Autonomía y el 203 del Reglamento. En el primero señala que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias: Sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con lo que disponga la Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás Leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su convocatoria”.
A esto Pérez pidió además que se leyese los apartados suprimidos del artículo 23 referido a las consultas a la ciudadanía. “Son consultas a la ciudadanía, a los efectos de esta ley, los requerimientos de respuesta a una o varias preguntas que el presidente del Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, formule a la ciudadanía sobre cuestiones de interés general en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias”, señalaban.
DESALOJO DE LA SALA
En este punto el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, y Pérez se enzarzaron en una discusión sobre esta última lectura, ya que el nacionalista planteó que el socialista no tenía ese derecho. “O hacen caso o me veré obligado a desalojar la Sala”, zanjó el presidente del Parlamento, Antonio Castro, que ya había dado por concluido el debate.
La diputada del PP, María del Mar Arévalo, expuso que en este mundo de la “globalización” la ciudadanía “ha perdido la confianza en sus gobernantes por la continua información a favor o en contra”. “No se percibe la labor en favor de sus intereses. Se quedan en el continente y no han querido bajar al contenido”, le dijo a los socialistas.
Arévalo explicó que la norma es un compromiso del Gobierno para “facilitar información y someterse a los ciudadanos más allá de los periodos electorales”. “Los objetivos de la ley merecían ser apoyados”, aseguró la popular para también censurar que “si tan malo era el proyecto por qué sólo presentaron 28 enmiendas”. “Se quedan sólo en diez”, le dijo a Pérez.
“No entendemos que se empecine porque le digamos que no a la supresión del artículo 10. No es algo trascendental para oponerse a un texto de esta magnitud”, afirmó Arévalo para añadir que a la mayoría de enmiendas del PSOE, CC y PP presentaron textos “alternativos más sustanciales”.
En esta línea criticó que Pérez se quedase en el dictamen del Consultivo y no se haya dado cuenta de las variaciones. “Ha fabulado muchísimo”, le estampó a Pérez al tiempo que se centró en reducir las críticas acerca del referéndum. También señaló que si el PSOE cree que el texto era un texto “programático” del Gobierno no entiende su participación. “Reconozca que han sido incapaces de mejorar el texto”, le señaló a los socialistas para concluir su primera intervención. “Votar en contra es querer silenciar la voz de los ciudadanos”.
