Sin cita previa, retrasos en las resoluciones y merma de plantilla: claves del colapso en la Seguridad Social de Las Palmas

La destitución de la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Las Palmas, Silvia de la Hoz, ha sido el último movimiento dentro de este servicio tras la visita hace dos semanas del ministro del área, José Luis Escrivá. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que el cese de la directora se debe a “cambios habituales” porque ya llevaba más de cuatro años en el cargo, pero se produce en un momento en el que el colapso del servicio se ha ido acusando más tras la pandemia. Según los datos de fuentes sindicales, en 2019 se atendía presencialmente a unos 21.000 usuarios al mes, pero ahora no se llega a 9.000. 

Desde hace años, CCOO y UGT llevan denunciando la merma del servicio, los problemas para encontrar cita previa o las colas frente a sus puertas, una estampa que puede apreciarse cada mañana en la sede de Pérez del Toro, en la capital grancanaria y que confirman numerosas historias de ciudadanos y ciudadanas. De momento, no se conoce quién sustituirá a la directora en el cargo, unas funciones que ahora asume provisionalmente el subdirector de Jubilación, Muerte y Supervivencia.

En la última visita del ministro a Gran Canaria se comprometió a llevar a cabo en los próximos meses una contratación “muy potente” en Canarias para reforzar la plantilla de la Seguridad Social debido a esas largas colas que llevan tiempo formándose en zonas como Las Palmas de Gran Canaria de ciudadanos que necesitan que se les atienda. Tras ese anuncio, los sindicatos CCOO y UGT remarcaron que es una medida “insuficiente” ya que creen que la medida de incorporar personal interino es un “parche”. Por ello, insistieron en la importancia de constituir plazas estables. 

Caos en la cita y en las resoluciones

“Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”, es el mensaje histórico que se ha venido repitiendo desde hace años en las pantallas de los ordenadores cuando se trata de solicitar cita para alguna oficina de Las Palmas. Por teléfono, tampoco se consigue una solución. Se trata de un problema que ha sido más acuciado tras la pandemia. Durante el confinamiento, los trabajadores de la Seguridad Social trabajaron a contrarreloj desde sus domicilios para agilizar resoluciones que se multiplicaban cada día. La recuperación del servicio presencial ha sido una de las luchas en las que insiste la representante de CCOO, Hortensia Rodríguez, que recuerda que es un derecho de la ciudadanía y una obligación de la administración. 

Para la portavoz de CCOO, la situación actual de la Seguridad Social en esta provincia hay que enmarcarla en varios procesos diferenciados. Uno de ellos es “el olvido de que las administraciones a que no pueden elegir cómo dar su servicio público. No pueden elegir no atender presencialmente”, insiste. Los problemas para obtener la cita previa, como consecuencia de que solo se abre el período de cita por unos días, en lugar de permitir hacerse con un turno durante todo el mes, por ejemplo, ha conllevado a esa acumulación de personas cada día ante las puertas de un servicio que es básico para la ciudadanía, pues se tramitan desde jubilaciones, a prestaciones de maternidad y paternidad, entre otras muchas. 

Rodríguez remarca que el ciudadano llega cansado a la oficina, después de la odisea para conseguir ser atendido. A ello se le suman los grandes retrasos en las resoluciones y ejemplo de ello son las personas que obtienen una sentencia favorable reconociéndole una prestación por incapacidad, por ejemplo, pero que esperan más de un año para poder cobrar debido al colapso en este sistema. La representante de Comisiones Obreras (CCOO) Hortensia Rodríguez, señala que, según los últimos datos proporcionados por la dirección, correspondientes a febrero, son 954 las sentencias por incapacidad aún no ejecutadas y la media es de dos años de espera. 

Casos como el de Esther Martínez, que padece fibromialgia y que lleva catorce meses esperando para cobrar una prestación y sobreviviendo con ayuda de familiares; el de V., un ciudadano de origen nigeriano, de 62 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de dos décadas y que se ha encontrado en situación de vulnerabilidad por este motivo o el de Laura, que estuvo más de un año en esta situación, ponen rostro a estos números. 

Un cambio en la gestión 

Por estos problemas que se han enquistado a lo largo del tiempo, los sindicatos no se limitaban tan solo a pedir más personal, sino un cambio de gestión. Por ejemplo, para la larga espera en las sentencias reclama medidas como la temporalización, de manera que se marquen unos límites y resoluciones provisionales. Y es que “las personas no siempre tienen la posibilidad de esperar más de un año por la resolución”, remarca. De hecho, recuerda que el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, incorpora un artículo sobre las resoluciones provisionales para facilitar el cobro de pensiones internacionales. 

También subraya que antes de la pandemia el personal no solo atendía a las personas que acudían con cita previa, sino que se destinaba a una persona con experiencia para que en el mostrador pudiera orientar a la ciudadanía y agilizar así los trámites. Rodríguez apunta que desde la COVID-19 se han incrementado las prestaciones, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital. 

Trabajadores y sindicatos se movilizaron por estas causas el pasado año frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria con el lema “no al desmantelamiento de la Seguridad Social”. Los representantes sindicales Hortensia Rodríguez (CCOO) y Gustavo Martín (UGT) entregaron entonces en la Delegación un escrito en el que solicitaban principalmente “mayor dotación de personal, que la atención presencial sea suficiente a las necesidades de la ciudadanía y que la vía telemática sea una opción y no una obligación”.

Plantilla acorde al crecimiento poblacional 

UGT y CCOO reivindicaron el pasado año que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se actualice con criterios de crecimiento poblacional, insularidad, nivel de gestión y nivel de rentas. De hecho, del total de 248 plazas que tiene la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas, están cubiertas 190 (falta un 23% de la plantilla). En el documento presentado por los sindicatos al Consejo General de Seguridad Social se reclamaba que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios en cada provincia. 

Las diferencias son muy destacadas entre islas, en especial si se tiene en cuenta el número de personal con el que cuentan en relación a provincias con su mismo número de habitantes. Cada una de las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas (Lanzarote y Fuerteventura) son atendidas por un único Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). El nivel de población en cada una de estas islas es de 155.812 y 119.732 habitantes. Para atender a esta población, Lanzarote cuenta con 9 efectivos (de los que se encuentran actualmente trabajando siete) y Fuerteventura dispone de ocho (de los que se encuentran trabajando siete también).

En ese documento, los sindicatos apuntan que las distancias dentro de las propias islas presentan dificultades de desplazamiento. Por ejemplo, en Fuerteventura alguien que se quiera desplazar desde Morro Jable hasta el CAISS de Puerto del Rosario, debe recorrer una distancia de 90 kilómetros, lo que calculan en dos horas y media de recorrido entre la ida y la vuelta. También hacían referencia a que la RPT se diseñó con criterios del año 1988, por lo que han insistido en la importancia de que sea actualizada.