Análisis

Cuando a Clavijo no le pareció mal que el Gobierno de España impusiera las prospecciones de Repsol en Canarias

Hubo un tiempo en el que Fernando Clavijo no situaba por encima de sus intereses personales y políticos la seguridad y la dignidad de la gente de Canarias. Ni clamaba por las imposiciones, los desplantes y los puenteos del Gobierno de España respecto a esta comunidad autónoma. Eran tiempos de disputas dentro de su partido, Coalición Canaria, para ver quién sería el candidato a presidente del Ejecutivo regional en 2015, él o Paulino Rivero, que la ocupaba entonces.

Clavijo optó por echar un pulso público a su compañero de partido poco antes de unas primarias de las que salió victorioso, aunque para eso tuviera que plegarse a una imposición del Gobierno nacional, por entonces presidido por Mariano Rajoy, que tenía como ministro de Industria, Energía y Turismo a otro canario, José Manuel Soria. Quizás influyera que las prospecciones le quedaban lejos al joven Clavijo: iban a autorizarse entre Lanzarote y Fuerteventura y él se ocupaba de sus cosas como secretario general de CC en Tenerife y alcalde de la tercera ciudad canaria, La Laguna, en esa misma isla.

Soria impuso a Canarias unas prospecciones petrolíferas para la compañía Repsol frente a las costas de Lanzarote, por supuesto sin informar al Gobierno regional y sin someter tal decisión a cualquier otra consideración que no fuera la puramente energética. Eran tiempos en los que compartía consejo de ministros con Cristóbal Montoro y en los que las energías renovables sufrían un traumático retroceso gracias a ocurrencias tan pintorescas como el impuesto al sol. El ministro canario llegó a cuantificar las presuntas reservas que se obtendrían en las prospecciones en Canarias: un 10% del consumo de crudo de todo el país, lo que supondría un ahorro de 28.000 millones de euros en importaciones de petróleo. Espóiler: no se encontró petróleo.

Sobre su cartera de Turismo, Soria hizo prevalecer la de Energía, e incluso degradó su condición de canario y, por lo tanto, conocedor del grave daño que se podía provocar a su tierra con la imagen de una plataforma petrolífera frente a una playa. O un accidente con marea negra en un territorio tan frágil que depende muchísimo de su medio ambiente y de sus playas para sobrevivir.

Casi toda Canarias se puso en pie de guerra contra aquella decisión. Y al frente se colocó Paulino Rivero, que vivía sus últimos meses al frente de la presidencia del Gobierno regional, gracias al pacto que sostuvo con el PSOE. Quería volver a ser el candidato de su partido, pero le había salido un duro competidor, el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, que venía avalado nada menos que por la diputada nacional Ana Oramas, también exalcaldesa de esa ciudad.

A los poderes económicos y al PP, tradicionales socios de CC en Canarias, les parecía mejor candidato que Rivero, que les había salido rana pactando el gobierno con José Miguel Pérez, el secretario general del PSOE -ya fallecido- que le acompañó como vicepresidente. De hecho, el nombre de Clavijo apareció en la trama Púnica cuando dos de sus cabecillas conversaron -y quedaron grabados para la posteridad- sobre la conveniencia de influir en el proceso interno que acabó derrocando a Paulino Rivero y colocándolo a él al frente de Coalición Canaria.

Era un buen candidato para Repsol porque no solo no se opuso a las prospecciones cuando empezaron a tramitarse, sino que puso cinco condiciones tan etéreas como imposibles a las que cualquier operador petrolero dice que sí en la convicción de que ni las puede garantizar ni le importan. 

Las cinco condiciones que puso el entonces alcalde de La Laguna se parecen bastante a las que dice que intentó sin éxito que le garantizara la ministra de Sanidad con el Hondius: “Que se garantice la seguridad ambiental de las prospecciones y las futuras extracciones”; “que se garantice la generación de empleo directo para Canarias”; “que se garantice por ley la imposición fiscal a las empresas extractoras con destino a Canarias”; “que se produzca un consenso institucional entre las instituciones del Estado y las canarias, particularmente con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura”, y que “se obtenga el respaldo ciudadano”. Esto último fue un clamor, pero en contra, no hubo consenso con ninguna institución, no hubo ninguna garantía de nada… y entonces fue cuando Clavijo cambió de opinión. Pero ya le había ganado las primarias a Paulino Rivero con unos sospechosos votos de militantes de Coalición Canaria en Venezuela.