La cooperativa de Grupo Europa cita a sus socios con tres meses de retraso

La Cooperativa Canaria de Funcionarios, cuya gestión y control está en manos de la filial de Grupo Europa, Gestión de Cooperativas Europa SAU, implicada en presuntos delitos de cohecho y falsedad documental en Mogán y Telde, ha convocado para el próximo 27 de septiembre sus asambleas anuales general ordinaria y extraordinaria con tres meses de retraso, según establece la Ley, y forzada por la demanda judicial del principal denunciante del caso que dio origen a las detenciones del 16 de mayo pasado, entre ellas, la del administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín.

La cita de los cooperativistas será a las 19:00 horas del último jueves de este mes en los salones del Real Club Natación Metropole, de Las Palmas de Gran Canaria, y en el orden del día propuesto por su Consejo Rector figura la renovación o cese del máximo órgano de control de la Cooperativa, además de la figura del interventor de la misma, que desde marzo de 2004 recae en la concejal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alejandra Fabre.

La aprobación del mismo, publicada ya este martes con los quince días previos preceptivos, está a expensas del juez de lo Mercantil, Losada Terrón, ante quien el socio cooperativista y ex gerente de GC Europa SAU, Francisco Benítez, demandó la convocatoria de la asamblea con un orden del día mucho más amplio, debido a la anunciada situación de quiebra técnica y de suspensión de pagos de la gestora de la Cooperativa, que ya en junio comunicaba a sus acreedores que iba a acogerse a la Ley Concursal.

El denunciante ha recurrido el orden del día y la convocatoria de la asamblea ante el Juzgado de lo Mercantil -que aún debe admitir a trámite la solicitud de concurso voluntario de la gestora de la cooperativa, GC Europa SAU, como sucede con la constructora Mazotti, también implicada en los casos Faycán y Paraíso- debido a que considera que no existen garantías suficientes para la correcta celebración de la misma, y que sea el propio juez, mediante su intervención directa, quien designe al presidente y al secretario de la asamblea.

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