“Si hubiéramos denunciado el caso Cifuentes al rector, ahora estaría entre carpetas en un armario”. Así defendió la periodista de eldiario.es que destapó este caso, Raquel Ejerique, la importancia de la investigación periodística para que la ciudadanía pueda conocer los casos de corrupción y abusos de poder.
Durante la mesa Derechos y Libertades del Foro Periodismo Gran Canaria 2018, la periodista debatió junto a la jueza Victoria Rosell y al director de prensa del TSJC, Antonio F. de la Gándara, temas como la libertad de prensa, el derecho a la información, al honor, al olvido o la Ley mordaza.
Ejerique recordó que, a la hora de hacer el trabajo periodístico, “nos encontramos con una limitación del derecho a la información” y denunció la falta de transparencia de las instituciones publicas, que no facilitan a menudo la labor del profesional de la información. “Los gabinetes de prensa deben estar al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos”, reivindicó.
Antonio F. de la Gándara incidió que gracias a los gabinetes de prensa, se ha logrado democratizar la información de tribunales, siendo esta más accesible para la mayoría de los periodistas, no solo los especializados. También manifestó su preocupación por una reciente sentencia del Supremo en la que se destaca que las sentencias son públicas, pero según para quién.
La Ley mordaza fue otro de los temas relevantes de la jornada. No obstante, para la jueza Victoria Rosell hay otro tipo de mordazas más sutiles. “Cuando el poderoso está en el otro lado hay leyes que cuesta más desentrañar”.
La magistrada aludió al caso del exministro José Manuel Soria y su viaje a Punta Cana y cómo siguió mintiendo a pesar de que era cierto que había sido invitado por un empresario a su hotel. Estas acciones “deben tener un coste” subrayó la magistrada.
Sobre el derecho al olvido, Rosell explicó que en realidad está más dirigido contra buscadores como Google y la relación rápida que asocia un nombre con apellidos. Raquel Ejerique matizó que para aquellas personas que tienen apellidos menos comunes, están aún más expuestas.
Otro de los casos debatidos durante la jornada fue la reciente sentencia de la revista Mongolia, condenada a pagar 40.000 euros por su portada contra Ortega Cano. Todos los ponentes coincidieron en que es una condena excesiva.