Una empresa con elevadas deudas y solo un trabajador vendió a Mogán la polémica mole de hormigón por 1,5 millones
La empresa que vendió al Ayuntamiento de Mogán una polémica mole de hormigón por 1,59 millones de euros para destinarla a vivienda social, Hoteles Nuevo Milenio, acumula deudas superiores al millón de euros y cuenta con un solo trabajador, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2024.
La mercantil compró en 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de CaixaBank, el esqueleto de cemento, una obra inacabada que a principios de siglo causó daños significativos a una casona del siglo XVIII, por una cantidad que la administración mantiene oculta.
En la escritura de compraventa entre ambas partes figuran tachados todos los importes, desde el precio de la operación hasta la cuantía correspondiente al IGIC. El Consistorio, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha reconocido que adquirió el inmueble tomando como única referencia ese documento, según un informe del Negociado de Patrimonio elaborado a raíz de una solicitud del concejal Juan Manuel Gabella, de Nueva Canarias (NC).
Gabella pidió una “copia íntegra” de la escritura de compraventa del edificio, ubicado en el número 4 de la calle Guardia Juan Martín Quesada. Pero el Negociado de Patrimonio le respondió que la única escritura incorporada al expediente es “la que la parte vendedora entregó”, es decir, aquella en la que los importes de la transacción aparecen tachados, “no disponiendo de otra copia”, señala el escrito.
El Ayuntamiento reconoce así que compró la propiedad sin saber cuánto pagó por ella su anterior propietario. Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, ha presentado un recurso en el que sostiene que Hoteles Nuevo Milenio desembolsó por ella una cantidad muy inferior, apenas 425.000 euros, por lo que habría obtenido una plusvalía en pocos años de más de un millón de euros.
El Consistorio de Mogán no ha respondido a las preguntas remitidas por Canarias Ahora. Este periódico también intentó ponerse en contacto con el administrador único de Hoteles Nuevo Milenio, Julio Méndez, sin obtener respuesta. Criteria Caixa, por su parte, se ha limitado a señalar que se trata de una “información confidencial” que no va a difundir.
Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001 y cuenta con un capital social de 13.830 euros. Su administrador único, Julio Méndez, relevó en enero de 2019 a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria procesado en el denominado caso 18 Lovas, una causa judicial que investiga una presunta red de prostitución de menores.
La empresa tiene como objeto social la actividad inmobiliaria. Sin embargo, en las cuentas correspondientes a 2024, las últimas depositadas, señala que su actividad principal es el comercio al por menor de vehículos de motor. Ese año reportó una cifra neta de negocios de 375.000 euros, frente a los 337.585 euros de 2023.
Por otro lado, la compañía registró en 2024 una media de un solo trabajador con contrato indefinido, con un gasto de personal de 72.171 euros. En 2023, el coste fue prácticamente idéntico, de 78.700 euros, también correspondiente a un único empleado.
Hoteles Nuevo Milenio presenta un patrimonio total de 2,3 millones de euros. La mayor parte corresponde a inmovilizado material (1,2 millones de euros) y a inversiones inmobiliarias (668.481 euros), como el complejo de apartamentos Duna Star, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana), o Tauro, en Mogán.
Su patrimonio neto es de 1,2 millones de euros. Casi la totalidad procede de aportaciones de los socios a través de lo que se conoce como prima de emisión, cifrada en 953.000 euros. El resto corresponde a reservas acumuladas por la empresa (286.000 euros).
Las cuentas confirman que la mercantil arrastra deudas por más de un millón de euros, de las que 534.000 euros corresponden a largo plazo y 529.560 a corto. Tras descontar gastos de explotación, personal, impuestos y el resto de cargas, la empresa obtuvo en 2024 un beneficio de apenas 2.344 euros.
La mole de hormigón que ha adquirido el Ayuntamiento de Mogán para construir vivienda social está financiada íntegramente con fondos del Gobierno de Canarias, en concreto, mediante una ayuda de 2,5 millones de euros concedida por el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI).
El precio pactado por el Consistorio se fijó a partir de una tasación elaborada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento que, para determinar el valor del inmueble, tomó como referencia viviendas en venta en el casco del municipio, una zona caracterizada por “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió esa valoración y emitió un informe favorable a la compra.
En ese informe externo, que fija en 1,59 millones de euros el valor del esqueleto de hormigón, no se hace mención alguna a la casona histórica derruida hace 25 años por la empresa Braum Rott SL, promotora entonces de las obras. El Ayuntamiento de Mogán llegó a ordenar el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que implicaba devolver a su estado original el inmueble, incluido en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio.
Pero el Consistorio nunca abrió un expediente sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco impulsó la ejecución de la orden de restauración de la casona, que quedó sin cumplirse. Veinticinco años después, el inmueble continúa en desuso y sin cubierta como consecuencia de los daños causados a principios de siglo.
El Ayuntamiento de Mogán sí recoge en el documento que avala la tasación externa que la operación incluye dos fincas catastrales: la correspondiente a la mole de hormigón y la de la casona derruida. La primera presenta un valor catastral de 149.000 euros, según una certificación emitida en enero de 2026, en la que figura como titular Hoteles Nuevo Milenio. La segunda está valorada en 21.000 euros y aparece a nombre de Braum Rott SL, según otra certificación emitida también en enero de este año.
La información catastral de ambas parcelas no coincide con la que consta en el Registro de la Propiedad. Las dos carecen de coordinación registral y catastral (como ocurre con muchas otras propiedades). La finca sobre la que se levanta el esqueleto de hormigón fue transmitida por Hoteles Nuevo Milenio al Ayuntamiento de Mogán mediante escritura pública el 26 de febrero de 2026, apenas una semana después de que la sociedad la inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad, el 19 de febrero.
En la nota simple de esa parcela se detalla que está compuesta por tres edificaciones inacabadas destinadas a albergar un total de 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. También que fue comprada por Hoteles Nuevo Milenio a Criteria Caixa en agosto de 2022.
En cuanto a sus linderos, indica que linda al sur, donde se encuentra la casona histórica, con los herederos de Don Marcelino Marrero Quesada y, en parte, con los herederos de Don Manuel Betancor. No consta el Ayuntamiento de Mogán como titular de ninguna finca colindante.
Este hecho ha alimentado las sospechas de la oposición. El concejal de NC Juan Manuel Gabella aseguró en el pleno municipal celebrado el pasado abril que en el expediente no aparece que el Ayuntamiento haya adquirido formalmente la citada edificación histórica, la Casa de Florita.
“O no saben exactamente qué se ha comprado o no se está trasladando la misma información en todos los ámbitos. En cualquiera de los casos, es una situación que requiere una aclaración inmediata. Ni para mentir se ponen de acuerdo”, afirmó Gabella.
Durante la sesión, la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, sostuvo que el Ayuntamiento había adquirido únicamente una parte del inmueble. Pero luego aseguró a los periodistas que la compra incluía la totalidad de la construcción, según publicó Canarias7.
El empresario Juan Manuel Pérez León ha presentado un requerimiento ante el Ayuntamiento para que inicie un procedimiento de revisión de oficio de la operación, declare su nulidad y adopte medidas de restitución patrimonial. En su escrito también cuestiona la transmisión efectiva de la Casa de Florita.
“De la documentación contractual examinada no se desprende con suficiente claridad que dicha casona histórica hubiese sido efectivamente transmitida”, sostiene. El empresario considera “imprescindible determinar” si la tasación asumida por el Ayuntamiento incorporó el valor económico de una edificación que, a su juicio, no fue transferida “de forma efectiva” a la entidad local.
Pérez León también señala la ausencia de una “valoración económica específica” de los costes que podría acarrear la restauración de la casona, su eventual reconstrucción o las “cargas urbanísticas, patrimoniales o administrativas asociadas” a la operación.
En su recurso, el empresario advierte de una “posible sobrevaloración económica” de la operación “con fondos públicos y además europeos”. Y avisa de que existen “indicios documentales” que aconsejan verificar la situación económico-patrimonial y recaudatoria de las partes implicadas.
Pérez León cuestiona además la ubicación del inmueble respecto al Barranco de Mogán. Aunque los técnicos de Urbanismo han defendido que la construcción se encuentra a unos 40 metros del “posible” cauce y que, por tanto, “aparentemente” no invade ni el dominio público hidráulico ni su zona de servidumbre, el empresario sostiene que las ortofotos de GRAFCAN reflejan una “amplia ocupación histórica del cauce”.
Agrega, por último, que no ha recibido respuesta a este escrito.
El gobierno municipal ha defendido reiteradamente que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto sostiene que el rescate del edificio es la opción «más lógica, eficiente y sostenible» y que el aprovechamiento de esta estructura de hormigón permitirá acortar los plazos de ejecución y acelerar la entrega de las viviendas sociales.