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Chalets de lujo 'muerden' uno de los primeros espacios agrícolas en España protegidos por una ley popular

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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Diecinueve chalets de lujo (que ahora serán siete, según su promotor) en una finca en Vista Paraíso, una de las urbanizaciones más exclusivas de Tenerife, que aumentó su superficie urbana a costa de El Rincón, un espacio agrícola de más de 200 hectáreas en el litoral de La Orotava de especial singularidad: fue de las primeras zonas de cultivo en España protegidas por una iniciativa legislativa popular hace más de treinta años.

El solar mide 4.902 metros cuadrados (m2), según el Registro de la Propiedad, es completamente urbano y está inscrito desde 2022 a nombre de la empresa tinerfeña Anambra del Valle, cuyo objeto social es la compraventa de fincas y “todo lo relacionado con la promoción y explotación turística de hoteles, apartamentos y demás negocios”, entre otras cosas.

En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Santa Úrsula concedió a esa mercantil una licencia para construir 19 viviendas unifamiliares con un presupuesto de ejecución de 2,6 millones de euros. La superficie de la parcela, según el Consistorio, es de 4.010 m2. Pero ese tamaño no coincide con la cifra antes mencionada. Y su referencia catastral, tampoco. El registro estatal que describe los bienes inmuebles indica que realmente se extiende por 3.068 metros cuadrados.

Es un tema complejo. El Registro de la Propiedad reconoce que el solar no está coordinado con el Catastro. El análisis del planeamiento municipal muestra que dicho terreno amplió su superficie urbana en 2004, cuando fueron actualizadas las normas subsidiarias de Santa Úrsula, ‘comiéndose’ una parcela de más de 1.500 m2 que, de acuerdo con el Catastro, pertenece originalmente a La Orotava, es rústica y estaría protegida por el Plan Especial de El Rincón, arpobado en 1997.

El redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Úrsula es el arquitecto y urbanista Argeo Semán, decano del Colegio de Arquitectos de Tenerife entre 2019 y 2023 y también autor del PGO de La Orotava junto con su socio Jesús Romero Espeja, quien fuera director general de Urbanismo o viceconsejero de Política Territorial en gobiernos de Coalición Canaria (CC).

Semán asegura ante preguntas de esta redacción que no recuerda con precisión si tuvo en cuenta lo que establecía el Plan de El Rincón cuando redactó el planemiento vigente en Santa Úrsula, que eso pasó hace veinte años y que la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) ratificó el documento en julio de 2004.

Pero lo cierto es que, más de dos décadas después, la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción ha elevado un escrito al Ejecutivo Autonómico, al Consorcio El Rincón-La Orotava y a los consistorios de Santa Úrsula y La Orotava para que analicen este “cambio de consideración” del límite municipal entre ambas localidades que supuso que una porción de terreno de alrededor de 1.500 metros cuadrados pasara de ser suelo rústico de protección (dentro de La Orotava) a suelo urbano (dentro de Santa Úrsula).

Ese documento, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, añade que “se da la circunstancia” de que en esa misma parcela el propietario “ha obtenido recientemente (…) licencia municipal para la construcción de 19 viviendas”. La Coordinadora ha solicitado a la Administración Pública que realice “las revisiones de planeamiento y títulos otorgados en caso de considerar que estos contravienen a derecho con el fin de asegurar” la protección de El Rincón.

“Eso ni se toca”

El administrador único de Anambra del Valle, José Manuel González, admite que una parte de su finca pertenece originalmente a La Orotava, que los antiguos dueños se lo advirtieron, pero que “eso ni se toca” en relación con su proyecto para construir chalets en una de las zonas más exclusivas de Tenerife, Vista Paraíso, donde el valor de los inmuebles puede alcanzar los 2,5 millones de euros, según el portal inmobiliario Idealista.

González explica que redujo la dimensión de su plan. Que ha pasado de querer levantar 19 viviendas (la única iniciativa con permiso formal hasta la fecha) a solo siete para “hacerlas con más jardines, más verde y más bonitas”. “Íbamos a hacer negocio, naturalmente”, continúa el empresario. “Pero decidimos hacer siete nada más. Tres para la familia y las [otras] cuatro ya veremos”.

Fuentes municipales han indicado que también había cierta preocupación por el impacto paisajístico de las casas propuestas, todas de dos plantas. González agrega que iban a ser “chalecitos pequeños”, pero que desistió de esa idea “hace tres o cuatro meses, más o menos” porque “lo veía un poco masificado”. El empresario defiende abiertamente que ninguno de sus proyectos afectaría a El Rincón.

“Eso no se puede tocar. Solamente cogemos lo que pertenece a Santa Úrsula, que es urbano. Lo demás queda baluto [terreno sin cultivar], natural, sin hacer nada. Eso no se va a tocar ni un centímetro”, reitera.

La construcción de viviendas de lujo en esa finca no es la única controversia que la envuelve. También ha sido señalada por su posible influencia en la modificación de la ubicación de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) propuesta ahí, en Vista Paraíso, para colectar las aguas negras y conducirlas hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Valle de La Orotava.

En un primer momento, el Ministerio para la Transición Ecológica, que es la cartera que impuso en esa localización la nueva EBAR, ordenó ubicarla en medio de la finca de González para causar “el mínimo de interferencias” sobre el resto de la urbanización de Vista Paraíso, pero ocasionándole a él, razona este, un grave problema. “Nos perjudicaron enormemente, nos partieron por la mitad”, lamenta.

Sin embargo, esa ubicación finalmente se modificó. La empresa pública Acuaes envió una nueva propuesta y el Ayuntamiento de Santa Úrsula la aceptó con el fin de “afectar lo menos posible al desarrollo urbanístico previsto (…) en la parcela”, la de Anambra del Valle. El Consistorio reconoció en un informe de 2022 que el emplazamiento inicial provocaba una “afección” a González que ahora se reduce “considerablemente”. Y la EBAR pasó entonces de construirse en un punto a otro, molestando ahora a más vecinos.

Un escrito reciente de la Asociación de Vecinos La Calderina-Vista Paraíso ha cargado contra ello. Expone que la nueva localización de la estación, “a dos metros” de una propiedad, “es contraria a la ordenación urbanística” y esa “vulneración” está “teniendo efectos graves” para los residentes. También consideran que “no hay un argumento sólido” para el cambio de posición y que se tendría que “haber realizado un análisis ponderado” antes de proceder con cualquier obra.

Pero la EBAR ya está “prácticamente acabada”. Y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite un recurso contra el Ayuntamiento de Santa Úrsula por su “silencio administrativo” en este sentido, exigiéndole que entregue el expediente cuanto antes. Este periódico intentó ponerse en contacto con el Consistorio tinerfeño en múltiples ocasiones, pero hasta la fecha de la publicación de este artículo no ha sido posible.

El Rincón, un espacio agrícola único en España

La finca de González es el último solar de Santa Úrsula antes de alcanzar la ladera de Tamaide, un espacio protegido por la Ley Especial de El Rincón. Esta es una de las normas más singulares del ordenamiento jurídico español por haber sido una de las primeras que protegió un paraje agrícola a través de una iniciativa legislativa popular, en 1992. Al ser de carácter regional, predomina sobre el planeameinto municipal, indican personas expertas.

“La particularidad de este caso es que la protección vino dada por una ley autonómica, por lo que prevalece sobre los planes generales, que son normas de los ayuntamientos”, explica Laura Casanova Martín, investigadora en la Universidad de La Laguna (ULL) y autora de un estudio titulado La zona de El Rincón como bastión de resistencia ante la presión urbanística: una aproximación a su singular régimen jurídico-administrativo de protección.

“Es una ley especial. Es verdad que no siempre se ha tenido en cuenta, pero prevalece sobre cualquier otro instrumento”, señala en la misma línea Eduardo Ángel Risueño, licenciado en Derecho y profesor en el departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la ULL.

Este jueves 10 de julio, de hecho, se cumplen cuarenta años de la publicación de la primera noticia que alertó sobre un macroproyecto turístico en la costa de La Orotava. Noticia que movilizó a cientos de personas en Tenerife, reuniendo en poco más de un lustro alrededor de 33.000 firmas para frenar la actuación. Y “lo que estaba destinado a ser un nuevo polo turístico, se convirtió en una zona protegida por su incalculable valor paisajístico, cultural y agrícola”, recoge la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción en un comunicado.

“Queríamos proteger el litoral del Valle de La Orotava, que había sido masacrado, así como conservar, y el tiempo nos ha dado la razón, el suelo agrario. La soberanía alimentaria es fundamental. Pero en aquella época casi ni se oía hablar de ello”, explica Toño Sánchez, uno de los precursores del movimiento.

La ley que protege El Rincón detalla que “se mantendrá fundamentalmente el uso agrario” del suelo, pero también permite construir “aprovechamientos turísticos”, como hoteles o albergues, cuyos beneficios se repartirían entre los propietarios de las explotaciones agrícolas. Ese modelo, cree Sánchez, es más necesario que nunca.

“Cada día lo vemos más justificado. Lo que se ha hecho en las Islas Verdes [La Palma, La Gomera y El Hierro] es una copia de lo que se pretendía hacer aquí. Nosotros vemos factible llevar a cabo esas ideas. Pero los propietarios y algunos políticos siguen diciendo que es inviable”, añade.

El ecologista y miembro de la Coordinadora afirma que sigue luchando “con la misma finalidad” de siempre. Pero lamenta que en todo este tiempo haya habido una “urbanización de baja intensidad” en torno a El Rincón, en la que “poco a poco” se ha ido incumpliendo la normativa mediante actuaciones “difíciles de controlar, porque tienes que ir a denuncias concretas” y, sobre todo, por “la dejación de las administraciones”, que “tendrían que haber seguido lo que indica el plan”.