El Gobierno de Canarias aprueba la polémica propuesta de actualización de la Ley del Suelo
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la propuesta de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, aprobada en 2017. Aunque ya entonces se advirtió de algunas de las debilidades de dicha Ley, el Gobierno canario de entonces, presidido también por Fernando Clavijo, las ignoró, para reconocerlas años después a la hora de defender la actual modificación. Estos cambios llevan meses recibiendo críticas, pues, en opinión de sus detractores, “prioriza los intereses económicos sobre la protección ambiental”.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, explicó que el objetivo es profundizar en la simplificación y racionalización de la gestión del territorio, añadiendo que el documento se remitirá al Consejo Consultivo para su análisis jurídico antes de ser registrado en el Parlamento a finales de julio.
Miranda ha comentado que el texto es fruto de un proceso de participación que ha involucrado a más de 700 profesionales en 17 foros diferentes durante más de un año.
Además, según el Ejecutivo, su propuesta es “clave” para dar una respuesta ágil a desafíos como la protección del territorio, la necesidad de construir viviendas o la atención al reto demográfico en las islas.
La propuesta aprobada ha establecido un texto más estricto con quienes cometen infracciones territoriales, con un incremento de las sanciones y de los plazos de prescripción para evitar que las ilegalidades puedan prescribir.
El tipo básico para las infracciones leves ha pasado de 60 a 300 euros, mientras que la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha ampliado su plazo de actuación de seis a nueve meses. Asimismo, la prescripción de las sanciones urbanísticas y territoriales ha pasado de cuatro a ocho años.
Con el fin de agilizar la burocracia, el documento ha propuesto reducir en aproximadamente un 40% la documentación necesaria para tramitar un plan general, mediante la eliminación de fases ahora obligatorias y la reducción de los tiempos para su aprobación.
En materia de vivienda, la norma ha incluido un incremento en el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública y la cesión obligatoria para generar suelo edificable, con el fin de dar respuesta a la crisis habitacional del archipiélago.
Con todo, la propuesta también ha contemplado medidas de apoyo para los municipios de menos de 10.000 habitantes, con el aumento de las posibilidades de construir en asentamientos rurales y la centralización de los servicios básicos.
Finalmente, para el sector primario se han establecido facilidades para la vivienda asociada a actividades agrarias y se ha consolidado el régimen de declaraciones responsables y comunicaciones previas, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica a los emprendedores en el sector primario de Canarias.
Críticas a la reforma de Ley
El pasado mes de abril, la plataforma Derecho al Techo presentó nueve alegaciones al borrador del proyecto que actualiza la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias al considerar que “prioriza los intereses económicos sobre la protección ambiental y social en un contexto de emergencia ecológica y habitacional”.
El documento, presentado ante la Consejería regional de Política Territorial, estimaba que la iniciativa legislativa que promueve la administración canaria recuerda que el 30% de la población de las islas sufre pobreza, y que el pago de los alquileres de viviendas suponen el 65% de los salarios.
Ante esta situación, el colectivo consideró que la actualización de la Ley fomenta la “liberalización de territorio mediante reclasificaciones masivas, debilita los controles ambientales y consolida un modelo turístico depredador, ignorando el colapso de recursos y la especulación”.
El movimiento ciudadano advierte de que el borrador “viola legislación europea”, como las directivas sobre hábitats, agua y Aarhus y “consolida un modelo extractivo que beneficia a grandes corporaciones, no a la población local”. Ante estas circunstancias, el colectivo ciudadano exigió “una ley que priorice la protección ambiental, la soberanía alimentaria y el derecho a la vivienda, no la especulación”.
La plataforma sostiene que la flexibilización del suelo urbanizable y reclasificaciones que se plantea en los artículos 39, 43, 44, 138 permitirá reclasificar suelo urbanizable no desarrollado con justificaciones ambiguas, como “necesidades municipales”, facilitando la expansión urbana en áreas rurales/protegidas, como ha ocurrido, apunta, con el Circuito del Motor de Tenerife, aprobado como “proyecto de interés insular, alegando beneficios económicos”.
La sustitución de cesiones de suelo por compensaciones económicas, prevista en los artículos 53 y 54 favorece, añaden, la privatización de espacios públicos, como entienden que ha ocurrido en el Salto de Chira, proyecto hidroeléctrico que ocupará 200 hectáreas de suelo rústico, si bien la cesión económica no compensó la pérdida de áreas verdes.
También rechaza las autorizaciones discrecionales en el medio natural para eventos deportivos que prevé el artículo 80, ya que con ellas los cabildos pueden autorizar eventos con vehículos a motor en pistas forestales, incluso cerca de espacios protegidos, como ha hecho el de Tenerife con el Circuito del Motor.
Otra alegación alude a los proyectos de interés insular/autonómico en suelo protegido, previstos en los artículos 123 y 127, por los que se autoriza proyectos en suelo rústico de protección ambiental si no existe una “alternativa viable técnica o económicamente”, incluso si son iniciativas privadas con fines lucrativos y se facilita la declaración de “interés público” para proyectos energéticos, priorizándolos sobre la protección ambiental.
También rechaza la plataforma el “debilitamiento de evaluaciones ambientales y la participación pública” que entiende que favorecen los artículos 86 y 9 de este borrador legal, al reducir los plazos de consulta pública a 15 días (frente a los 30-60 días exigidos internacionalmente), y permitir el silencio administrativo positivo en suelo no urbanizable.
La “expansión encubierta en asentamientos rurales” que asegura que promueven los artículos 35 y 317, al permitir ampliar la edificabilidad hasta un 25% en asentamientos rurales bajo el pretexto de “luchar contra la despoblación”, facilitando la urbanización de zonas agrarias; y la “legalización encubierta de usos provisionales” en suelos no urbanizables o protegidos (incluidas la ZEC y los parques naturales), son otros aspectos recurridos por la plataforma.
El colectivo también denuncia la “turistificación de usos complementarios en suelo rústico” que favorecen los artículos 61.2 y 69.e, que permiten actividades turísticas encubiertas en suelo rústico o forestal bajo la justificación de ser “usos complementarios” a la agricultura o la gestión forestal.
De igual forma, rechazan la “falta de garantías para la vivienda asequible” que entienden que ofrecen los artículos 137 y 306, ya que “el mecanismo del 15 % de plusvalía pública (aprovechamiento urbanístico que debe destinarse a interés social) no garantiza la creación de vivienda asequible ni su acceso para la población local”.
También el colectivo Turcón–Ecologistas en Acción expresó su “más enérgico rechazo” a la reforma de la Ley del Suelo porque, “lejos de responder a una necesidad técnica o a una demanda social”, se presenta como “una ofensiva de desregulación al servicio de intereses empresariales, en detrimento del interés general y de la protección de nuestro frágil territorio insular”. “Nos encontramos ante un intento de desmantelar el modelo público, democrático y garantista de planificación territorial, sustituyéndolo por una lógica arbitraria de proyectos singulares a medida de promotores privados”, reprochó Turcón-Ecologistas en Acción en un comunicado.
Por otro lado, la modificación de la Ley del Suelo de las Islas, la norma que introdujo esta polémica figura en el Archipiélago, excluye de forma explícita las actuaciones turísticas alojativas, sin embargo, introduce un nuevo supuesto de interés general: los estudios de producciones audiovisuales, como Dreamland, en Gran Canaria, que irán a más en el Archipiélago.