El Gobierno canario y sus mesas de expertos dan a conocer sus primeras 51 medidas para definir el futuro del archipiélago

Tras meses debatiendo junto a cabildos y ayuntamientos, el Gobierno de Canarias ha presentado este viernes, a solo tres días de una nueva convocatoria de protestas contra el modelo de desarrollo de las Islas basado en el turismo masivo, las primeras 51 medidas orientadas a definir su futuro que han salido de cinco mesas de trabajo y más de un centenar de expertos de las universidades públicas, sindicatos, organizaciones empresariales y diferentes ámbitos de la administración pública.

El documento, que se abre ahora a la participación ciudadana en fase de alegaciones hasta el 15 de noviembre, será ratificado cuatro días después en la segunda Conferencia de Presidentes y se alineará también con las conclusiones de la comisión de estudio demográfico del Parlamento de Canarias.

Estas mesas de expertos han sido tachadas por los convocantes de las manifestaciones del 20 de abril y del 20 de octubre (que son decenas de colectivos sociales y medioambientales) como “opacas”, en las que han participado “los de siempre”, como antaño hacían “los caciques”, de “espaldas a la ciudadanía”. “Esta mesa de expertos, de la que forman parte el Gobierno de Canarias y los cabildos, no representa los intereses ni las voces de quienes vivimos aquí, sino que sigue el mismo patrón de exclusión de siempre: un pequeño grupo tomando decisiones a espaldas del pueblo”, señaló el colectivo Canarias Palante (movimiento ciudadano nacido tras el 20A) hace apenas tres días.

El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, ha detallado ante los periodistas, acompañado por el presidente de la Fecai, Sergio Rodríguez, y la presidenta de la Fecam, Mari Brito, que se trata de una “nueva forma de trabajar” con una “estrategia transversal y muy ambiciosa” que debe hacer frente al “desequilibrio” actual entre las islas turísticas y las islas verdes.

Así, entre las líneas maestras del documento se incluye la revisión de la normativa legal para agilizar el desarrollo y la construcción de vivienda, la creación de un Observatorio Demográfico para planificar el futuro de las islas y evitar que se vuelva a crecer en medio millón de habitantes en 20 años o fomentar la protección del medio natural.

Más viviendas, más estudios y 'no' a la moratoria

Cabello ha dejado claro que ahora hay que “modular” las políticas y lograr su “aterrizaje” en el próximo presupuesto autonómico y ha incidido especialmente en las medidas para fomentar la construcción de vivienda.

Entre ellas ha destacado la creación de un catálogo de suelo, revisar los módulos de la RIC para impulsar la vivienda protegida a manos de promotores privados o la creación de una Oficina Virtual de Reto Demográfico que dé auxilio a cabildos y ayuntamientos para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

Ha dicho también que hay que revisar el entramado legal del turismo porque está “desactualizado” y también hacer ver a la sociedad el “potencial” que tiene para crear empleo y riqueza.

En ese sentido ha señalado que también hay que vincularlo a la protección del medio natural, por lo que ha abierto la puerta a aplicar el modelo de la isla de Lanzarote de cobrar por el acceso a los espacios, e igualmente generar riqueza en el ámbito rural.

Cabello ha apuntado también que habrá planes de desarrollo para los municipios pequeños y planes de movilidad sostenible y transporte público, subrayando igualmente que se encargarán estudios para definir la capacidad de carga de las zonas más saturadas.

Sobre una posible moratoria turística o la regulación del alquiler vacacional (demandas de los colectivos sociales que se van a manifestar este domingo) ha insistido en que la realidad archipiélagica “tiene diferentes tratamientos” por lo que no caben medidas “unilaterales” que no sean consensuadas entre todas las partes.

Ha dicho que no se puede “culpabilizar” al turismo de todos los problemas de Canarias y vinculado las manifestaciones del domingo al “hartazgo” de la población a determinadas variables, caso del acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio o el exceso del número de turistas.

“El 95% de la población de Canarias se concentra en cuatro islas y el 97% de los recursos turísticos se concentra en esas mismas cuatro islas y tenemos que ser capaces de adoptar medidas que entiendan esta doble situación que vive Canarias, y por lo tanto, no puede ser café para todos”, ha señalado.

Mari Brito ha valorado la puesta en marcha de las mesas de trabajo y que se cuente con las aportaciones de cabildos y ayuntamientos pero ha dejado claro que sus propuestas se tienen que “escuchar” y “plasmar en el boletín” para que la cogobernanza sea “real”.

Por ello ha reivindicado “nivel competencial y ficha financiera” y que se tengan en cuenta las “singularidades” de los territorios, mostrándose algo más escéptica a la hora de “aterrizar” todos los aspectos del documento.

Ha puesto como ejemplo lo que ocurre con el proyecto de ley de regulación del alquiler vacacional porque parece que se “intenta trasladar competencias” a los ayuntamientos o incluso “parece que no hacía falta” porque ya había normativa desde 2015.

La ley de alquiler vacacional, “una quiebra” para los ayuntamientos

“Con todo el respeto absoluto, creo que debemos alzar la voz, porque al final si va a un boletín, el anteproyecto de ley de alquiler vacacional que ahora mismo está planteado puede ser una quiebra para los ayuntamientos en el sentido competencial”, ha subrayado.

Sergio Rodríguez ha destacado que se empiece a abordar la planificación de las islas y de la mano de todas las administraciones porque aunque hay “retos comunes”, como el cambio climático y el acceso al agua, hay otros más específicos, como por ejemplo que las 'islas verdes' sí demandan crecimiento turístico y las otras no.

“Ojalá tengamos el problema que tienen otras islas para poder tomar decisiones distintas, pero lo que tenemos en este momento es el de las posibilidades de crecimiento y desarrollo, de oportunidades para nuestra gente joven”, ha apuntado.

En ese sentido ha explicado que no quiere “oír hablar de moratorias” en La Palma, una isla que “necesita camas” tras perder 5.000 camas por la erupción volcánica. “Esto no podemos tratarlo como un problema general de Canarias porque no lo es”, ha afirmado.