El Gobierno de Canarias creará un grupo para coordinar la redacción de los planes hidrológicos de cada isla y presentar una propuesta de trabajo el 30 de marzo a la UE, que ha advertido de que si no están culminados a partir de septiembre de 2018 se perderán fondos europeos.
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó viernes sobre esta decisión en un receso de la reunión que celebró en Santa Cruz de Tenerife la asamblea de la Federación Canaria de Islas (Fecai), integrada por los siete presidentes de los cabildos insulares.
A la reunión también asistieron para tratar sobre este punto los consejeros autonómicos de Hacienda, Rosa Dávila; y de Agricultura, Narvay Quintero, que junto a Política Territorial son los departamentos que se encargarán de coordinar la redacción de los siete planes hidrológicos, algunos de los cuales se deben tramitar desde el inicio.
Nieves Lady Barreto indicó que los cabildos y sus respectivos consejos insulares de aguas saben que el problema es grave, pues se puede incurrir en la pérdida definitiva de fondos europeos, y consideró que el Gobierno regional ha dejado “claro” que no se trata de buscar responsables “porque lo somos todos”.
Parte del problema, añadió la consejera, proviene de la interpretación que se ha hecho de los expedientes en este ámbito respecto a los plazos y que su incumplimiento no conllevaba la pérdida de fondos comunitarios.
Quizás fue una consideración “extemporánea” respecto al cumplimiento de los ciclos pero ahora Gobierno y cabildos quieren poner solución a un problema “que para Canarias sería muy grave”, agregó Barreto.
Sólo hay tres planes hidrológicos avanzados y falta el resto, por lo que el Gobierno canario quiere realizar convenios con cada consejo insular de aguas para mantener la especificidad de cada uno y poder llevar a final de mes a Europa un plan de trabajo conjunto de las siete cuencas canarias.
El director general de Presupuestos del Ejecutivo autonómico, Carlos Díaz, señaló que en principio no se han cuantificado los fondos que se podrían perder por este concepto pero ya hay una advertencia de suspensión cautelar que afectaría a unos 11 millones de euros.
Díaz subrayó que el Gobierno canario pretende evitar, además de esta suspensión de fondos, no perder tampoco los fondos que como región ultraperiférica envía Europa.
Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote y de turno de la Fecai, explicó que la conveniencia de encomendar al Gobierno de Canarias las atribuciones de los consejos insulares para tramitar y aprobar los planes hidrológicos se realiza al amparo de la ley de Aguas, con el compromiso de tener una propuesta antes del 25 de marzo.
Serán siete planes distintos por cuanto hay islas con más problemas y registran un mayor atraso que otras en este ámbito, pues la más avanzada es La Gomera “y el resto todos tenemos problemas de mayor o menor dimensión”, añadió San Ginés.
Preguntado por si esta cuestión puede reavivar el pleito insular, el presidente de la Fecai dijo que esto no tiene absolutamente nada que ver con las inversiones en materia hidrológica de cada isla procedentes de los convenios con el Estado y su distribución en Canarias.
En relación con este problema de los planes hidrológicos hay acuerdo entre los siete presidentes de cabildos en que es una situación excepcional porque hay un riesgo cierto de pérdida de fondos “y vamos a ir a una con el Gobierno” regional, precisó.
En cuanto a si ha habido dejadez en este asunto, añadió Pedro San Ginés que no quiere “mirar atrás” porque cuando estas cosas pasan la responsabilidad es compartida por Gobierno y consejos insulares, por lo que hay que “mirar hacia adelante”.
“No se trata de la búsqueda de culpables y responsables sino de las soluciones a un problema común a las siete islas y al Gobierno”, apuntó.
Además de la propuesta del Gobierno de Canarias sobre los planes hidrológicos insulares, la asamblea de la Fecai también tiene previsto abordar hoy un convenio de colaboración para poner en marcha un concurso regional de debate escolar y una propuesta de moción institucional de solidaridad con el pueblo saharaui.