González Arroyo, acusado de permitir que se construya en un paraje natural
La Fiscalía del TSJC acusa al presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, de un delito contra la ordenación del territorio por conceder licencia para la construcción de una mansión en un paraje natural, informaron este domingo Los Verdes, que interpuso la denuncia.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Canarias, explica la formación, ha remitido al juzgado Decano de Puerto del Rosario la denuncia efectuada por Los Verdes.
La formación denunció el mes de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción que el político popular había concedido licencia urbanística, durante su etapa como alcalde de La Oliva, para la construcción de una mansión en el espacio natural protegido de Malpais de la Arena al que entonces era su Yerno, José María Pérez Palma.
La Fiscalía ha comunicado a Los Verdes que, en la remisión del caso al juzgado majorero, ha calificando los hechos denunciados como “delitos contra la ordenación del territorio y delito continuado de desobediencia”.
Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía, prosigue, Domingo González Arroyo concedió la licencia urbanística “con la omisión de los más elementales trámites previstos en la legislación entonces vigente”.
A pesar de que las obras fueron paralizadas por resolución del Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental de 28 de agosto de 1997, dictada en el expediente con referencia IU 387/97, incoado tras la denuncia de agentes de Medio Ambiente, los trabajos continuaron, hasta su conclusión, bajo la protección política del Partido Popular, subrayan Los Verdes.
Además, “el PP mintió al Parlamento de Canarias para proteger a Domingo González Arroyo”, ya que, en una respuesta parlamentaria referida a la construcción de la citada vivienda, el secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial, en manos del PP en aquel momento, negó que la citada vivienda estuviese en espacio Natural Protegido.
Dicha respuesta, aseveran Los Verdes, “ha quedado registrado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias Número 97 del 17 de julio de 1998”.
Se da el caso, recuerda la formación, que la Sala de lo Penal del TSJC condenó el pasado mes de junio a González Arroyo por intrusismo profesional por contratar durante cinco años a Pérez Palma como topógrafo.
Esta denuncia contra González Arroyo, junto a la del caso Amorós y otras más en preparación, forma parte de la campaña Stop a la Corrupción, Avanza con Los Verdes, agrega.
A juicio de Los Verdes, “es impresentable que el Partido Popular mantenga como presidente insular a una persona imputada y condenada por múltiples casos como Domingo González Arroyo”.
