La oposición convoca un pleno extraordinario para revocar la suspensión de los policías locales de Mogán

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El Partido Popular y Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán han registrado la solicitud de convocatoria de pleno extraordinario para aclarar los hechos que han motivado la suspensión de empleo y sueldo de cuatro agentes del cuerpo de la policía local de Mogán, uno de ellos delegado sindical de UGT que es muy beligerante con el gobierno.

Según los dos partidos, que estaban acompañados por el concejal no adscrito Domingo Rodríguez, los hechos que motivaron la convocatoria de la presente sesión plenaria “fue la abusiva medida cautelar impuesta por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a estos agente consistente en la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses”.

Para los portavoces de ambas formaciones políticas la medida adoptada por la alcaldesa y respaldada por el concejal de Policía, Mencey Navarro, tiene un marcado carácter político, a pesar de que desde el Ayuntamiento se mantuviese lo contrario.

Tanto Isabel Santiago (NC) como Maicol Santana (PP) han expresado que la propuesta registrada pretende conocer los hechos en profundidad y que los responsables políticos y técnicos den las explicaciones oportunas.

Por ello, han solicitado la comparecencia de la alcaldesa Onalia Bueno, el concejal Mencey Navarro y el jefe de la policía local, Tomás Hernandez, cuya dimisión fue solicitada por el delegado sindical ahora sancionado.

Así mismo, reclaman la suspensión de la medida cautelar por excesiva y desproporcionada debido al efecto que ocasiona la medida a las familias de los agentes, aparte de que se revoquen los decretos dictados proponiendo el inicio de los expedientes disciplinarios porque entienden que existen datos que apuntan a la falta de objetividad y al posible incumplimiento de la legislación de aplicación en la sanción impuesta a los agentes.

Los dos grupos confían en que el pleno se convoque cumpliendo los plazos legales y no se respalde en alguna interpretación que limite los derechos de los concejales proponentes y que afecte a la convocatoria de pleno propuesta para evitar el debate de los asuntos planteados.