El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una moción del PSOE contra el buzón de denuncias anónimas de CEOE Tenerife sobre bajas fraudulentas y absentismo laboral, en un debate en el que los socialistas han recibido acusaciones de intentar “criminalizar a los empresarios” por parte de grupos del gobierno y Vox, que no ven ilegalidades en la iniciativa empresarial.
En la moción, apoyada por PSOE y Nueva Canarias, se pedía la retirada de este buzón y que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha un proceso sancionador al considerar que carece de base legal y vulnera derechos fundamentales de los trabajadores.
El diputado Gustavo Santana acusó a la patronal de señalar y criminalizar tanto a los trabajadores y trabajadoras de baja médica como a los facultativos, al mezclar el absentismo como derecho con un supuesto absentismo fraudulento que es inferior al 1%.
Con las denuncias anónimas no se sabe quién es el denunciante, incluso podría ser el propio empresario, y se deja desprotegido al trabajador denunciado, además de que se vulnera la protección de datos, afirmó.
La diputada de NC Natalia Santana acusó al Gobierno de someterse a una patronal que criminaliza a los trabajadores que enferman, creando un buzón para que unos trabajadores denuncien a otros recopilando datos sin garantía ni consentimiento “para señalarlos sin garantía, sin control y sin base legal”, vulnerando sus derechos.
Sin embargo, para el diputado de CC Francisco Linares este buzón es “un canal de participación ciudadana” que persigue acabar con “el absentismo fraudulento” y contra el que no hay argumentos “técnicos, jurídicos ni administrativos”.
El representante del PP, Carlos Esther, acusó al PSOE de “criminalizar a los empresarios”, cuando este buzón “no causa ningún tipo de mal”, solo perseguir el absentismo laboral fraudulento, que es “una lacra” para la productividad.
Paula Jover, de Vox, también acusó a los socialistas de atacar a los empresarios y defendió el buzón como “un canal ético de denuncia interna” amparado por las directivas europeas.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, pidió no demonizar a nadie y dejar este asunto “en manos del diálogo social” y Raúl Acosta, de AHI, sostuvo que “no hay base legal” para que el Parlamento actúe de fiscalizador.