Un Plan General que enfrenta a vecinos y une a políticos
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santa Cruz de Tenerife cuenta con tantos defensores como detractores y en ambos bandos lo que se mueve son intereses privados, unos más legales que otros. Para los propietarios de viviendas ilegales, levantadas sin las licencias oportunas, muchas de autoconstrucción, su prometida legalización con el nuevo Plan supone poder llevar a cabo actividades bancarias que antes les estaban vetadas y, desde luego, una importante revalorización de sus propiedades. Frente a ellos, quienes ven que sus casas quedan fuera de ordenación argumentan que las actividades bancarias que hasta ahora podían emprender les estarán vetadas.
Estas dos posturas se vieron las caras de lleno este martes a las puertas del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Tras los insultos y el más que oportuno aviso de supuesta bomba, los vecinos que apoyan el Plan optaron por abandonar las inmediaciones del Consistorio, acusados de “estar comprados” por el equipo de Gobierno de Miguel Zerolo y, por ende, la Gerencia de Urbanismo que capitanea la concejal de CC, Luz Reverón.
Luis Febles Casanova, portavoz de la Asociación de Vecinos de Valleseco, un barrio en el que hay varias viviendas que resultarán legalizadas si el Plan sale adelante, alega que su aprobación supondrá “dinamizar la economía” de la ciudad, con potenciales construcciones a la espera de un marco legal ahora inexistente. En un comunicado remitido por Febles y apoyado por la Confederación Canaria de Asociaciones de Vecinos (CONCAVE) y otras veinte asociaciones vecinales más, muchas de ellas del litoral de Anaga, además de asociaciones deportivas y de la Tercera Edad, también vinculadas a toda la franja que abarca desde Cabo Llanos hasta Las Teresitas, el portavoz vecinal defiende el Plan porque “pensamos que su aprobación es imprescindible porque con ello este municipio recibirá un impulso más que necesario, se crearán puestos de trabajo y, sobre todo, se reactivará la economía”.
No es sólo la legalización de viviendas construidas sin licencia. La revisión del PGOU que se intentó aprobar este martes y que ha sido relegada al 4 de enero, conlleva la posibilidad de extender el tranvía hasta Las Teresitas, lo que beneficia a vecinos del Barrio de la Alegría, Valleseco, María Jiménez y San Andrés.
Beneficio para constructores
Un Plan General aporta seguridad jurídica en los planeamientos urbanísticos y permite a los constructores saber a qué atenerse. Tanto detractores como defensores del documento coinciden en el que el PGOU de 1992 que ahora se revisa está añejo, y que siete años de revisión son excesivos. Pero la Cámara de Comercio se ha posicionado a favor por el potencial inmobiliario que conlleva.
La concejala de Urbanismo Luz Reverón, explicó en rueda de prensa el pasado 16 de diciembre que el nuevo Plan permitirá la creación de 10.000 viviendas de protección oficial, además de la urbanización de Montaña Fumero y la creación de un parque tecnológico que tanto el presidente de la Cámara, Ignacio González Martín como la misma Reverón, aseguran que ayudará a diversificar la economía capitalina.
En la reunión que Ignacio González y la concejala mantuvieron el pasado julio en la sede de la Cámara, con la presencia del alcalde Miguel Zerolo y de la patronal de la Construcción (Fepeco) y de los empresarios (CEOE), representados por Antonio Plasencia y José Fernando Rodríguez de Azero, de lo que se habló fue de licencias de obras y de agilizar los trámites burocráticos para sus concesiones. También del apoyo del sector bancario en la concesión de préstamos para esas potenciales nuevas construcciones,
Esta es otra de las quejas de los que incluso están a favor del Plan: que puede convertirse en un instrumento de enriquecimiento de un grupo de empresarios demasiado conocido por sus imputaciones penales en casos como el de Las Teresitas.
Pedro García, vecino de María Jiménez, está convencido de que el PGO “sin ser bueno” debe aprobarse ya mismo “porque los intereses privados se pueden defender de la misma manera ante los tribunales sin frenar con ello los intereses comunes”. El propio Luis Febles piensa igual. Enfrente tienen a quienes ven que la casa que han comprado con una hipoteca que deben seguir pagando pierde valor por quedar fuera de ordenación.
“Lo he preguntado en el banco”, asegura Hilda Lobo, vecina de El Toscal, y me han explicado que, pese a que no me variarían las condiciones de la hipoteca, no me dejarían renegociarla por falta de garantías. Necesitaría aportar avales igual que si careciera de vivienda“. El Toscal es uno de los barrios que más necesita de una rehabilitación, pero sus habitantes no quieren que pierda su condición de Bien de Interés Cultural. Está en el ojo del huracán desde el inicio de la redacción del nuevo PGO, cuando se tuvo que desistir de la construcción sobre dos casas terreras de unas torres de viviendas.
“Yo me enteré de que me quedaba fuera del Plan hace menos de una semana, al ir a preguntar a Gerencia de Urbanismo, pero allí mismo me dijeron que no me preocupara, que no pasaba nada. Si no pasa nada, ¿para qué me dejan una casa en el limbo legal, que no van a poder heredar mis nietos porque pierde valor conforme pasa el tiempo?, añade la misma mujer. Su casa, de 35 años de antigüedad, tiene fecha de caducidad, como define a los inmuebles fuera de ordenación el abogado Antonio Espinosa.
El suelo, en el aire
Los mismos argumentos de la Cámara de Comercio y de Coalición Canaria son esgrimidos por el Colegio de Arquitectos y el Partido Popular en Tenerife, que defiende la creación de puestos de trabajo gracias a la construcción que se permitirá con el nuevo PGO. Las voces políticas disidentes son las de Ciudadanos de Santa Cruz y el Partido Socialista, a las que se han sumado en las últimas semanas, miles de vecinos afectados por esa figura jurídica que se llama “fuera de ordenación” y que deja su propiedad del suelo en el aire.
El presidente de la Agrupación Local del PSC, Pedro Anatael Meneses, es claro al explicar qué significa quedar fuera de ordenación: “En un edificio fuera de ordenación no pueden realizarse obras de consolidación o modernización del mismo. Tampoco ninguna mejora que, en caso de expropiación por viales o zona verde, incremente su valor de expropiación”.
¿Qué obras se permiten? “Las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, el ornato y la conservación del inmueble”, pero si el edificio sufre, por ejemplo, un incendio, las plantas fuera de ordenación no se podrían reconstruir y esos metros cuadrados de suelo, que seguirían perteneciendo al dueño de la vivienda siniestrada, se tendría que repartir entre el resto de propietarios, de tal forma que un inmueble de 100 metros cuadrados quedaría, legalmente, en 80 u 85 metros cuadrados.
Meneses añade que las viviendas fuera de ordenación tienen un fin: desaparecer, por lo que “en el mejor de los casos pueden mantener su valor, pero nunca se revalorizarán”.
Lo que se preguntan algunos vecinos preguntados por CANARIAS AHORA, y cuyas viviendas quedarán fuera de ordenación, es por qué se busca limitar el espacio ya existente si el Plan pretende una nueva regulación para futuras construcciones. ¿Es que van a sacar terreno a costa de quitármelo a mí?“, sospecha Hilda Lobo.
