El ''socio'' de Zerolo se cambia de cara

Carlos Llorca (Lérida, 1949), apodado El innombrable, el hombre al que el juez Garzón acusa de haber “comprado” presuntamente al alcalde Miguel Zerolo, por una recalificación portuaria en Santa Cruz y en Valle de Tahodio (Tenerife), se ha cambiado de cara. Y también de nombre. Ahora se hace llamar Simón York, utiliza el pasaporte inglés número 014461659, se ha puesto lentillas y más pelo, y se ha quitado la papada y las bolsas de los ojos tras una operación de blefaroplastia.

Llorca posee dos órdenes internacionales de búsqueda y captura, la primera por el juez Miguel Angel Torres en la “operación Malaya” de Marbella (cohecho y banqueo de capitales) y la segunda por el juez Garzón en el caso Forum Filatélico (cohecho), en cuya “variante canaria” están inmersos Zerolo, Luis Suárez Trenor, Luis Celso y Herminia Gil.

Garzón aludía en su auto al hecho de que “entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias se encuentran, siempre según la literalidad de los documentos obrantes en las los autos”, los cuatro dirigentes tinerfeños aludidos mientras que sitúa a “José Manuel Carlos Llorca Rodríguez” como la primera de las personas que “pudieran estar comprometidas con dichos pagos, bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos aceptantes o como destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas, y sin perjuicio de lo que pudiera derivar de una futura investigación”.

Ha sido Antonio Rubio, periodista de El Mundo, quien ha desentrañado la historia: La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) había localizado a Llorca en Caracas (Venezuela) y allí acudieron el juez Oscar Pérez, el fiscal anticorrupción Juan Carlos López, un comisario y dos inspectores de policía. El objetivo era extraditarlo a España y que aclarara, entre otras cosas, porque en uno de los documentos de Forum incautados se hace referencia a un asunto de “Canarias” y, en concreto, “a la gestión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo y club de mar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y a la recalificación de las parcelas en Valle de Tahodio”.

La delegación española también investigaba otro documento de Llorca en el que se habla de una reunión en Tenerife a la que acudiría el presidente de Fórum, Francisco Briones, y se alude al “innombrable”, apelativo que presumiblemente va destinado al prófugo Llorca. Anticorrupción cree que una de las notas fue elaborada por Llorca, mientras que otro documento lo redactó algún responsable del despacho de abogados marbellí Cuadra en la que se factura a la filial de Fórum “Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A”. por diferentes conceptos en relación con Parque Marítimo Anaga S.A. Un informe de Anticorrupción en poder del juez cifra en 3 millones de euros los pagos a Coalición Canaria por estas “operaciones”.

Llorca, de 59 años, se encontraba en Isla Margarita, “en su mansión de lujo con piscina, helipuerto, coches y motos de alta cilindrada y un avión”, cuenta Rubio. Pero desembolsó dos millones de dólares por el “soplo” y escapó con su joven novia, una exuberante venezolana cuyo nombre permanece en el anonimato, según el periodista. La sorpresa fue que cuando la expedición judicial española regresó a Caracas, en el aeropuerto estaba aparcado el jet privado de Llorca.

Los policías localizaron posteriormente al prófugo español en un lujoso piso del barrio Country Club de Caracas. Se cursó sobre la marcha una nueva orden de detención y extradición, pero Llorca recibió de nuevo el “cante” y otra vez puso pies en polvorosa. Nueva decepción de juez, fiscal y policías.

Pero no arrojaron la toalla. Los agentes se recorrieron todos los hoteles de cinco estrellas de Caracas y dieron con Llorca en el Hotel Tamanaco de la capital venezolana. Pero nuevamente las dilaciones judiciales y policiales venezolanas lo alertaron. Ahora el juez Garzón y las autoridades españolas se plantean formalizar una denuncia en Interpol por la situación padecida. Porque aún hoy, de nuevo Llorca ha sido localizado, pero no hay forma “jurídica” de echarle el guante y que sea él esta vez quien pueda dar información ante el juez para reducir su pena.