Podemos rechaza que el Gobierno canario subvencione a las cadenas hoteleras para que pongan camas elevables
Podemos Canarias ha acusado al Gobierno regional de impulsar un “rescate encubierto” al sector turístico al destinar un millón de euros públicos a financiar camas elevables y carros motorizados, una medida que, según la formación, traslada a la ciudadanía costes que corresponden a las empresas.
El pasado martes, el vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, presentaron una nueva línea de financiación, para el ejercicio 2026 y gestionada por el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), destinada a los establecimientos turísticos para la implatación de la medida aprobada en el Parlamento regional la pasada semana, que obliga a los complejos del sector a instalar camas elevables y carros morotizados, con el objetivo de aminorar la carga física de las trabajadoras.
En un comunicado, Podemos Canarias advierte de un modelo “injusto” en el que se protegen beneficios privados mientras se socializan gastos obligatorios, “dejando en el aire la pregunta clave de quién asume realmente el coste del turismo en Canarias”, cuestiona.
La formación subraya que esta línea de ayudas adelanta el calendario de implantación de medidas obligatorias hasta 2033. Sin embargo, recalca “que no se trata de una política voluntaria, sino del cumplimiento anticipado de una normativa laboral ya aprobada”.
En este contexto, Podemos Canarias denuncia que el Ejecutivo de CC y PP “está utilizando recursos públicos para cubrir inversiones que deberían salir de los márgenes empresariales en un sector con beneficios millonarios”.
La formación avisa de que, aunque la medida prevé una inversión inicial de un millón de euros para este año destinado a facilitar la adaptación de hoteles y alojamientos a la normativa de prevención de riesgos laborales, “el modelo turístico canario está dominado por grandes cadenas, muchas de ellas con capital externo, que han priorizado históricamente la rentabilidad sin trasladar mejoras proporcionales a las condiciones salariales de sus plantillas”. Ahora, añaden, “esas mismas empresas reciben apoyo público para cumplir obligaciones legales básicas”.
Además, el partido recuerda que la implantación de camas elevables y carros motorizados responde a años de lucha de las camareras de piso , las kellys, “que han denunciado lesiones por sobreesfuerzos”.
Aunque los datos reflejan una reducción del 17% en la siniestralidad laboral y unos 75 accidentes menos en el último año, Podemos Canarias insiste en que estos avances no justifican que se trasladen costes empresariales al conjunto de la ciudadanía. “Mientras los beneficios se los quedan ellos en su totalidad, los costes los pagamos todas”, resume la formación como idea central de su crítica.
Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias, ha afirmado que “este rescate encubierto al sector turístico es profundamente injusto, porque utiliza dinero de todos para cubrir obligaciones que corresponden a empresas con beneficios récord”. Añade que “no puede ser que las trabajadoras conquisten derechos y, cuando toca aplicarlos, sea la ciudadanía quien pague la factura”.
Por su parte, Gabriel González, secretario de Turismo y Territorio de Podemos Canarias, ha señalado que “se está consolidando un modelo donde se privatizan los beneficios y se socializan los costes, y eso rompe cualquier principio de equidad económica”. A su juicio, “esta decisión lanza un mensaje peligroso: que cumplir la ley puede acabar siendo subvencionado con dinero público”.
Podemos Canarias insiste en que los recursos públicos “deben priorizar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda, especialmente en un contexto donde persisten dificultades sociales en el archipiélago”, por lo que pide revisar esta línea de ayudas “y garantizar que las empresas turísticas asuman sus responsabilidades sin recurrir a financiación pública”.
La organización concluye que la defensa de la salud laboral es irrenunciable, pero también lo es la justicia en el uso de los recursos públicos. En ese equilibrio, “no puede normalizarse que la ciudadanía canaria asuma los costes de un modelo económico que concentra beneficios en pocas manos”, sostiene.