Las kellys

La reivindicación laboral que comenzó como protesta por la salud de las camareras de piso y terminó convertida en una norma obligatoria

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 15 de abril la norma, impulsada por el Grupo Socialista en 2024, que obliga a los complejos turísticos de las islas a instalar camas elevables y carros motorizados, y así reducir la carga física que sufren las camareras de piso, conocidas como las kellys. Sin embargo, esto no ha sido una reivindicación del sector que se haya conseguido de un día para otro. Para entender sus demandas hay que remontarse diez años atrás. Fue en ese momento, en 2016, cuando se organizan como colectivo para denunciar sus condiciones laborales, principalmente por el deterioro que causaban en su salud, por lo que empezaron a exigir cambios legales más amplios, entre ellos una jubilación anticipada al ser tal el desgate de las trabajadoras del sector que llegan a un momento que se encuentran incapacitadas para desempeñar sus funciones, y no alcanzan la edad mínima para retirarse.

La nueva norma incluye especificidades para las islas verdes y los municipios pequeños, sanciones por incumplimiento y flexibilidad en el calendario hasta 2033, quedando exentos los establecimientos patrimoniales con un máximo de 30 habitaciones.

En este sentido, en una primera fase, las camas elevables no fueron el foco de las peticiones de las camareras de piso. Las kellys centraron su atención en el deterioro físico que suponía el quehacer de sus funciones en los complejos turísticos, teniendo que realizar en tiempo record tareas como hacer la cama, limpiar, cambiar toallas, fregar el suelo, entre otras. No obstante, sí marcó el inicio de una lucha histórica.

En noviembre de 2023, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), anunció una subvención al sector privado para sustituir camas tradicionales de los complejos hoteleros por otras elevables, aunque no aclaró si quedaría fijado en una Ley.

Pero el salto a la propuesta específica llegó a comienzos de  2024, de la mano del PSOE de Canarias, al plantear en el Parlamento regional la modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, con la finalidad de imponer la obligación a los complejos turísticos en las islas, con algunas excepciones, de que la totalidad de las camas del establecimiento, salvo las supletorias, sean mecánicas o electrónicamente elevables, algo que sí recogía la ley balear de Turismo, de forma que el trabajo de limpieza resultara menos lesivo. Sin embargo, ese primer intento chocó con el rechazo del Gobierno canario (CC-PP) que no era partidario de tramitarlo por esta vía, sino como decreto, porque implicaría “un aumento de gasto”. 

Y es que los socialistas recogían en su propuesta que el Gobierno de Canarias financie parte de la compra de esas camas elevables para establecimientos de menos de 50 plazas, además de un procedimiento sancionador y un calendario para que los hoteles las incorporen progresivamente aumentando su porcentaje desde 2025 hasta 2029.

Mientras, el Ejecutivo regional se dedicaba a encargar un estudio sobre “las condiciones psicosociales y ergonómicas en el sector hotelero de Canarias”. Por su parte, la Consejería de Turismo aseguraba que ese análisis servía para identificar factores de riesgo con la visita de técnicos a un total de 228 hoteles en las islas. En base a los resultados, se implementarían las medidas necesarias, aunque seguía sin mencionar la obligatoriedad de incluir camas elevables por ley. 

Aun así, el debate siguió creciendo y el asunto terminó entrando en la agenda parlamentaria con más fuerza, después de varias semanas de presión política y sindical. La Cámara regional contradice el criterio del Gobierno autonómico y aprueba por unanimidad tramitar por ley la implantación de camas elevables para rebajar la carga de las camareras de piso.

En diciembre, el Consejo Consultivo de Canarias avaló la proposición de ley (PLL). En concreto, concluyó que “la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia suficiente para modificar la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias” y que “la Proposición de Ley se ajusta en términos generales a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de los reparos y observaciones que se formulan en el Fundamento IV del presente Dictamen al citado proyecto normativo, a efectos de su íntegra adecuación al marco jurídico de aplicación”. 

Con esta medida, “el personal de limpieza podrá accionar la elevación de la cama, de forma que la altura a la cual se sitúe permita una mejor limpieza del suelo de la habitación o de los elementos sobre los que se asienta la cama, lo cual incidirá también en la protección de su salud laboral”, recoge la propuesta socialista. Y “se excepcionan de esta obligación general los establecimientos que por ubicarse en inmuebles con valor patrimonial, obedecer a una explotación turística de carácter familiar o por lo reducido de la unidad de explotación que presentan, resulta aconsejable excluirlos de la misma”. 

Mientras, las kellys pedían que la implantación fuera rápida, porque seguían soportando el mismo esfuerzo físico cada temporada en un trabajo que consideraban “penoso y poco reconocido”.

Ya en abril de 2026, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó, con la abstención de Vox (que lo llamó ley pikolín) modificar la Ley del Turismo de Canarias para que sea obligatorio que los complejos del sector en las islas tengan camas elevables y carros motorizados.

El propulsor de la iniciativa, Gustavo Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, tildó de “magnífica” la nueva ley, y señaló que “solo un 12% de los hoteles canarios tiene camas elevables y un 6% carros motorizados”, y añadió que, “se demuestra que se puede legislar en favor de la clase trabajadora, con una ley equilibrada y flexible” para hacer una incorporación de las camas y los carros a lo largo de los próximos años. “Esta ley supone una inversión, no es un gasto”, sentenció.