Telde se libra de pagar 2,48 millones a Repsol porque la petrolera reclamó fuera de plazo la clausura de una gasolinera
El Ayuntamiento de Telde no tendrá que pagarle a Repsol la indemnización que la petrolera reclamaba por la clausura de una gasolinera en el barrio de Las Remudas en 2015. El consistorio emitió este martes un eufórico comunicado por haberse ahorrado 2.483.833 euros tras una sentencia del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que además condena a Repsol al pago de las costas procesales con un límite de 3.500 euros.
La sentencia es de primera instancia, lo que significa que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, extremo que no recoge el comunicado del Ayuntamiento de Telde, que sí explica que el fallo, firmado por la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, no entra en el fondo del asunto, es decir, en los motivos por los que Repsol recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que se rechazan las pretensiones de la petrolera por haber presentado su recurso fuera de plazo.
Lo explica el comunicado emitido este martes por el consistorio teldense: “La magistrada concluye que la reclamación fue presentada fuera del plazo legal de un año previsto para este tipo de acciones. La resolución considera que el acto que originó el eventual daño fue el decreto municipal de 4 de julio de 2014, que ordenó el cese de la actividad y la demolición de las instalaciones, y no el posterior precinto ejecutado en marzo de 2015. En consecuencia, entiende que cuando Repsol formuló la reclamación de responsabilidad patrimonial, el derecho ya había prescrito, por lo que confirma la legalidad de la actuación municipal y desestima íntegramente la demanda”.
Esa explicación no ha sido obstáculo para que el grupo de gobierno haya mostrado una indisimulada satisfacción por la resolución judicial, haya felicitado a la Concejalía de Asesoría Jurídica y a los Servicios Jurídicos municipales “por el trabajo desarrollado durante todo el procedimiento” y el alcalde de la ciudad se haya manifestado proclamando que “la resolución refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y acredita que el Ayuntamiento actúa conforme al ordenamiento jurídico. Nuestra obligación es defender siempre el interés general y proteger los recursos públicos, y este fallo confirma que esa defensa se ha realizado con rigor y responsabilidad”, ha transmitido a través de un comunicado.
El Ayuntamiento ha recordado este martes que “la sentencia pone fin, en primera instancia, a un procedimiento ordinario iniciado en 2024 en el que Repsol pretendía que el Ayuntamiento asumiera el coste económico derivado del cierre de una estación de servicio cuya licencia de obras y de actividad había sido anulada años antes por los tribunales al apreciarse defectos en su tramitación administrativa. Tras aquella anulación, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad, y, ante el incumplimiento de esa orden, procedió posteriormente al precinto de las instalaciones”.
La petrolera reclamaba ante la justicia que se declararan nulos los decretos municipales que rechazaron su reclamación de responsabilidad patrimonial y que el Ayuntamiento fuera condenado a una indemnizarla con 2,48 millones de euros, más los intereses y la actualización correspondiente, por los perjuicios que, a su entender, le ocasionó el cierre de la gasolinera y de sus instalaciones complementarias tras la anulación judicial de las licencias urbanísticas y de actividad.