El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lanzado este lunes un “mensaje directo” al PP de Canarias por la Vivienda Vacacional (VV), ya que considera que esta ha tenido un “efecto llamada que ha sacado del mercado residencial cerca de 40.000 viviendas”, lo que ha conllevado a un “aumento de los alquileres, a una imposibilidad de adquirir una vivienda residencial” en las Islas.
El PP, junto a CC y los grupos que les apoyan (AHI y ASG), aprobaron la semana pasada en el Parlamento regional la ley que regula este tipo de alojamientos y que no cuenta con el respaldo de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ni de la oposición ni de algunos ayuntamientos, que ya han alertado de que no tienen capacidad para gestionar esta actividad, ya que esta ley deja en manos de las administraciones locales su control. Tanto ASCAV como la oposición critican que el reglamento, además, favorece a los grandes tenedores y empresarios turísticos, mientras penaliza a los pequeños propietarios. Además, permite ampliar el número de pisos turísticos hasta los 100.000.
Torres reprochó al PP que no haya aceptado las enmiendas que presentó el PSOE canario cuando, apuntilló, en Canarias el 75% de quienes tienen viviendas vacacionales son “propietarios que tienen más de cuatro”, defendiendo que las familias que tienen una VV “es un porcentaje mínimo”, sin embargo, la Consejería canaria de Turismo (del PP) “no” acepta poner un límite.
Así se ha pronunciado el también expresidente de Canarias en una rueda de prensa este lunes en la que, además, se ha referido a los niveles de pobreza en el archipiélago y, de nuevo, al informe de la UCO.
Respecto a esto último, al ser preguntado por cómo afronta esta semana en la que han sido citados a declarar en la Audiencia Nacional el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investigan los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, Torres ha asegurado estar “contento” una vez que se ha conocido el informe completo de la UCO porque ha “sufrido durante un año y medio una campaña absolutamente injusta de persecución” personal y política que, admitió, ha afectado a su “entorno familiar”.
El ministro incidió en que ha denunciado a Aldama “dos veces”, ha tenido que “desmontar” con pruebas situaciones “falsas” que ha dicho de su persona, y ha comparecido tras conocerse el informe de la UCO.
A este respecto se “alegró de que todos” los canarios y españoles “sepan ya que, en el caso de Víctor Torres, no había ni corrupción, ni había degradación, que no había ni prostitutas, ni había mordidas, ni había comisiones, ni había absolutamente nada. Y, por tanto, que el PP haga lo que quiera”, en relación a la posibilidad de que se abra otra comisión de investigación. Mientras, ha añadido que él va a “seguir trabajando para que mejore la dependencia” de España y para “denunciar cuando no mejora en comunidades como la de Canarias, donde el PP gobierna”, señalando que los datos del último año recogen que “2.000 personas han fallecido esperando en el limbo de la dependencia”.
Asimismo criticó que en una comunidad como Canarias, donde hay 18 millones de turistas, “no puede haber un índice de pobreza” como el actual, “donde los ricos son siete veces más ricos que el resto de los españoles y, por tanto, hay una brecha social” que pone al archipiélago “a la cola de las comunidades autónomas”, reprochando al actual Ejecutivo canario que “no” lo corrija.