Vertidos ilegales en Canarias: el Gobierno defiende endurecer las sanciones y estudiará sus efectos en la salud y el medio ambiente

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha defendido este miércoles en el Parlamento canario que se proceda a un endurecimiento de las sanciones por los vertidos al mar de aguas residuales que no estén autorizados, porque “la normativa es muy laxa e incumplir sale muy barato”.

Valbuena, que compareció en el pleno del Parlamento a instancias de la diputada del PP Luz Reverón, dio cuenta del último censo de vertidos, correspondiente a 2021, que revela que en Canarias hay 434 puntos, el 54% de aguas residuales urbanas, de los que solo el 28% están autorizados y el 72% no lo están.

La gran parte de los expedientes sancionadores, el 75%, son contra administraciones públicas, dijo Valbuena, quien también defendió que en Canarias se imponga un canon por vertido.

No obstante, precisó que aunque dos tercios de los vertidos no tienen autorización, en cuanto al volumen de agua el 80% sí la tiene, lo que supone que hay un seguimiento y control, según Valbuena.

Ese 80% del volumen de agua que se vierte al mar corresponde a los procesos de refrigeración de las siete centrales eléctricas.

De los cuatro expedientes de sanción abiertos por la Unión Europea, uno está en fase contenciosa, “y podemos darlo por resuelto”, y dos están en fase pre-contenciosa, en proceso de alegaciones porque “entendemos que los problemas están resueltos o encauzados con proyectos en vías de ejecución”.

Multa de 10 millones cada seis meses

El cuarto expediente es el de Güímar, y por él hay que pagar diez millones de euros de sanción cada seis meses mientras no esté en funcionamiento la estación depuradora.

José Antonio Valbuena recordó que la competencia en la gestión de las aguas residuales es municipal y si otras administraciones como cabildos o Comunidad Autónoma se hacen corresponsables, significa que los municipios también tienen que participar en la financiación de los proyectos.

Al respecto, informó de que el Estado dispondrá una financiación de 20 millones de euros en 2023 para obras dentro del acuerdo de infraestructuras hidráulicas de Canarias, que es la inversión que se puede ejecutar ese año.

El consejero, a petición de la diputada Luz Reverón, se comprometió a la realización de un censo de patologías asociadas a los vertidos sin tratar que se producen en las costas, que son un problema para los ecosistemas marinos pero también para la salud humana, alertó.