Dependencia: asignatura pendiente

Para este 2015 el presupuesto para el Sistema de Atención a la Dependencia crece en un 5,44%

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

Las ayudas a la Dependencia y a los servicios sociales se han visto mermadas en los últimos años debido, entre otros aspectos, a los recortes presupuestarios que se han producido durante la crisis económica. El último dictamen presentado por el Observatorio de la Dependencia, correspondiente al pasado mes de julio, ya adelantaba que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) perdía, de media, 3.416 beneficiarios al mes en 2014 en España y situaba a Canarias entre las peores comunidades que gestionan esta Ley. A finales de diciembre, varios meses después de la publicación de este informe, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, asegura que “la tendencia que tiene Canarias en gestión de la dependencia sigue siendo la misma, es una de las peores Comunidades Autónomas en este ámbito”.

Algunos de los datos que apunta José Manuel Ramírez es que el Archipiélago actualmente tiene atendidas a unas 12.000 personas, mientras que en lista de espera mantiene a casi otras 12.000. Ello se traduce en que un 50% de la población canaria que tiene derecho a tener esta asistencia está a la espera y “pueden morir sin ser atendidas”, añade.

Por otra parte, en el Archipiélago, un 0,5% de la población es beneficiaria de esta Ley de Dependencia, mientras que en el conjunto nacional esta cifra se sitúa en un 1,5%. Por tanto, “un dependiente canario tiene tres veces menos posibilidades de ser atendido”, resalta J. Manuel Ramírez, que también agrega que todos estos datos son oficiales y que se pueden consultar en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). De hecho, las estadísticas citadas correspondientes al mes de octubre avalan que Canarias es la comunidad donde más personas se encuentran pendientes de recibir una prestación por esta causa.

Para el presidente de esta Asociación, la consejera de Política Social del Gobierno de Canarias “no tiene excusas” a la hora de aplicar esta Ley, ya que “ella es quien estaba cuando se puso en marcha por primera vez la Ley de Dependencia”. Afirma que, a su juicio, no entiende que un tema tan grave como este no haya tenido prioridad en la agenda política de las Islas ni en la de los medios de comunicación, y tampoco comprende que Canarias continúe desde el principio teniendo los peores datos en este ámbito. Por ello, afirma que no espera ya nada de la consejera, “sólo que los canarios la echen el año que viene”. Además, continúa manifestando que por mucho que desde la Consejería se informe de que van a aumentar los presupuestos en este tema, “están tan mal que por mucho presupuesto que aumente no lo podrán arreglar en unos meses”.

Por otro lado, también ha puntualizado que en los informes de ayudas de emergencia social, “Canarias también sale bastante mal parada”. De hecho, en el último Índice de Desarrollo Social publicado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, el Archipiélago obtuvo 2,6 puntos, lo que se traduce en que se produjo un crecimiento irrelevante en lo que a servicios sociales se refiere.

Datos del Gobierno de Canarias

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, indicó en el mes de diciembre, en el Parlamento de Canarias, que durante el último año se incrementó en un 25% el número de usuarios integrados al sistema de atención a la Dependencia. En este sentido, aseguró que en 2014 se han dado de alta un total de 1.613 prestaciones económicas nuevas. Asimismo, en el período comprendido entre octubre de 2013 al mismo mes de 2014 se ha reducido en un 49% el plazo de resolución de los expedientes de reconocimiento de grado, informó Rojas.

Según la consejera, en la actualidad, el 100% de los dependientes menores de 21 años están atendidos en el marco de la Ley. Y en su opinión “Canarias está avanzando en la atención a la Dependencia y lo hace con un presupuesto adaptado a la situación de crisis actual”.

Para este 2015 el presupuesto para el Sistema de Atención a la Dependencia crece en un 5,44 % y el destinado para la Ley de la Dependencia en un 8,51 %, recalcó la consejera. “Un incremento de 8 millones de euros, con la previsión de incorporar a 5.000 personas en el Sistema en 2015”, destacó.

Por otro lado, esta misma Consejería señala que ha llegado a un acuerdo con la Federación Canaria de Municipios, por el cual los servicios sociales municipales contarán con 13,2 millones de euros para 2015. Entre los servicios que concentran se encuentran la ayuda a domicilio, la prevención de la exclusión social y la emergencia social, entre otras actuaciones. En relación a ello, el Gobierno de Canarias también ha comunicado que esta comunidad autónoma recibirá del Estado un 68,51% menos para servicios básicos que en 2011.

Presupuesto estatal para 2015

Por su parte, según informa el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, a través de su página web, el sistema de atención a la dependencia “queda garantizado para este 2015, pues 7 de cada 10 euros del presupuesto se destina a este fin”. El presupuesto general de este Ministerio asciende a 1.924,54 millones de euros y se produce un aumento de 11,7 millones de euros con respecto a 2014. El Imserso concentra el mayor porcentaje, un 67,8%, que se dirige a la gestión del Sistema de Dependencia y a las políticas de mayores. En total son 1.177 millones de euros los que se destinarán a este ámbito.

Sin embargo, esta partida presupuestaria no fue aplaudida por la oposición, desde el PSOE se han mostrado críticos y reclamaron que al menos el Gobierno debería haber mantenido los presupuestos del año 2011.

Valoración de CCOO sobre la gestión en Canarias

Alexis Rodríguez, responsable del área de Servicios Sociales de Comisiones Obreras, destaca que en lo referente a la aplicación de esta Ley, “se ha desvirtuado en la mayoría de las CCAA y Canarias no ha sido una excepción”. Para el sindicato, el mayor de los problemas ha sido el “ritmo de valoraciones”, que de alguna manera “ha sustraído este derecho a muchos dependientes en Canarias”.

En este sentido, Rodríquez informa que en las Islas existen un total de 570 centros sociosanitarios, destinados al cuidado de mayores, si contabilizamos los públicos y privados, los cuales cuentan con unos 5.348 trabajadores, además de 362 personas empleadas en la ayuda a domicilio. Desde CCOO manifiestan que “la política de recortes lógicamente ha afectado en el ámbito laboral”. El responsable de esta área ha indicado que “la precaria aplicación de esta Ley ha dado como resultado que el desarrollo de empleo que se auguraba en este sector se haya detenido y lo que es más grave se ha deteriorado”. En relación a ello, apunta que los niveles asistenciales que se han ido logrando en la última década en las residencias para mayores (Centros Sociosanitarios) y en la ayuda a domicilio, así como en cualquier ámbito que se ha generado al amparo de la Ley de Dependencia se han puesto en peligro.

Por otro lado, desde CCOO apuestan por una regulación efectiva del sector y consideran que la forma debe ser la “profesionalización” de los trabajadores. Desde el sindicato hacen un llamamiento para que las personas que originariamente han desarrollado su vida laboral en este sector, cuando no se requería de titulación, obtengan los certificados de profesionalidad  y que, a su vez, se incorporen nuevos trabajadores con la titulación específica. Consideran que esta profesionalidad es básica para poder ofrecer un servicio de calidad. “No olvidemos que La Ley de Dependencia debía garantizar servicios técnicos y asistenciales antes que prestaciones de tipo económico a todas aquellas personas a las que se les reconociera un grado de dependencia”, agrega Alexís Rodríguez.

Lucha por una mayor igualdad e integración

Varias organizaciones sin ánimo de lucro se vuelcan en el Archipiélago para ayudar a las personas que se encuentran en situación de dependencia, ya sea en atención a las personas mayores o de aquellas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Algunas organizaciones reciben ayudas de las instituciones públicas para poner en marcha sus proyectos. Sin embargo, otras, a pesar de estar inscritas en el registro del Gobierno de Canarias, no cuentan con ayudas institucionales, pero se las ingenian para hacer la vida algo más fácil a estas personas. 

Una de estas organizaciones sin ánimo de lucro es Aplican (Asociación de Personas que Luchan por la Igualdad en Canarias), fundada en 2010 con el objetivo de “fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas que participan en ella”. Su directora, Jenny, asegura que la idea de fundar esta Asociación surge cuando al acabar sus estudios, empieza a trabajar y se da cuenta de que hacen falta otros métodos para ayudar a integrar a las personas, haciéndoles partícipes de experiencias vividas y no basándose sólo en las enseñanzas que se realizan desde un aula.

Aplican opta por una enseñanza más alternativa, “el fin es que las personas sean autónomas, que no dependan de nadie para hacer sus cosas, sino de ellos mismos”, afirma Jenny. Por ello, apunta que se realizan actividades como: aprender a cocinar, a manejarse con las monedas, reconocer el valor real del dinero,  seguridad vial... y para ello los grupos salen a la calle a vivir experiencias, guiados por sus monitores, pero propiciando esta autonomía. Destaca que si alguno de los miembros tiene alguna diversidad que les impide realizar una actividad específica, finalmente terminan haciéndolo con la ayuda de otros compañeros o se adaptan las tareas. 

Uno de los aspectos más llamativos de la Asociación es que fomentan el ocio de sus participantes. “Todas las personas tienen derecho a reunirse con amigos y pasarlo bien” resalta Jenny. De hecho, los 17 miembros de Aplican ya han salido varias veces al cine, a la playa, de senderismo, a ver a la Unión Deportiva e incluso de fiesta nocturna. Todas estas “quedadas de fines de semana” se hablan en asambleas y es lo que en otras organizaciones se le llama respiro familiar, que según esta directora, aquí prefieren llamarlo de otro modo, “ya que las familias de estas personas siguen respirando, solo que salen de la monotonía”. Por esta razón, han preferido ponerle el nombre de “rompiendo rutinas”.

Durante el resto de la semana la Asociación también lleva a cabo diversos talleres. “En ellos pretendemos fomentar sobre todo el deporte y las actividades de creatividad”. Disponen de un centro ocupacional en Gáldar, que pueden utilizar por la tarde, aunque la directora afirma que “prefieren hacer las actividades al aire libre y que los chicos estén en contacto con el mundo real”.

En cuanto a la economía de Aplican, su directora ha manifestado que no disponen de ayudas económicas de ninguna institución. Por ello, tienen una cuota mensual muy básica, que ahora mismo solo la pagan unos pocos integrantes. “Algunos de ellos tienen una pensión pero la situación económica de sus casas no les permite tener más gastos”. Sin embargo, esto no es problema para Jenny, que siempre se las ingenia para sacar esta Asociación adelante “con la pequeña cuota que pagan los que pueden se compra material y cuando no se puede comprar, pues se recicla”. También puntualiza que las actividades más caras son las de los fines de semana pero que intenta calcular las fechas en las que los miembros del grupo cobran su pensión para realizarlas en el mejor momento posible.

Otra forma de financiación son las galas benéficas, que con una pequeña aportación se puede contribuir con las acciones de esta Organización. A su vez, cuando se quedan en hoteles en el Sur llegan a acuerdos con algunas empresas para que salga todo lo más económico posible.

La directora relata que también ha contratado un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes, ya que realizan multitud de ejercicios al aire libre y actividades que tienen cierto riesgo como la escalada, el senderismo, la hípica... que “los integrantes de esta asociación también pueden realizar dentro de sus limitaciones”, resalta.

Por otra parte, La Asociación de Familiares y Cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife (Afate) es otra organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es “mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades seniles en Canarias”, en palabras de la trabajadora social de la entidad, Ana María Bravo. Esta organización sí recibe ayudas de las Instituciones e intentan acogerse a todas las convocatorias para poder dar “un mejor servicio” y resalta que intentan “optimizar toda la ayuda”. Sin embargo, la trabajadora social sí que asegura que para los familiares “las ayudas nunca son suficientes”, ya que los costes de los servicios para facilitar la vida de estas personas son muy caros.

Ana María Bravo recuerda que en el último año, la Ley de Dependencia sufrió un recorte importantísimo. “Para el área de demencia siempre se pide lo máximo aunque nunca se cumplen las expectativas”. Además, añade que la incidencia es cada vez más alta y se requieren de mayores servicios.

A través de esta Asociación, que ayuda a unos 300 usuarios a la semana, se llevan a cabo labores de estimulación, fisioterapia, logopedia... con el objetivo de retrasar el avance de la enfermedad, “empleando técnicas muy especializadas”, afirma la trabajadora social. A su vez, prestan servicios de atención y orientación a los familiares de estas personas que atienden.

Concepto de Dependencia y ley que lo regula

- La normativa que regula este derecho es La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tanto en el ámbito estatal como en el de las comunidades y ciudades autónomas.

- En esta ley se recoge el siguiente concepto de Dependencia: estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

Personas pendientes de recibir prestación por CCAA

 

Beneficiarios con prestaciones en relación a la población

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