Carlos Fernández Quesada: ''Pedimos que se haga justicia por toda la sociedad canaria''

El 12 de diciembre de 1977 moría, tras un disparo de la Guardia Civil, el joven estudiante grancanario Javier Fernández Quesada. Treinta años después no se ha hecho nada por restituir su memoria. Según la versión oficial, Javier murió “al toparse mientras volaba con una bala disparada al aire por un guardia civil”. Es decir, que no se ha acusado a nadie de nada ni se ha abierto un proceso penal por su muerte y su familia exige que a nivel oficial “haya como mínimo un reconocimiento de los hechos”.

En una entrevista concedida a El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, Carlos Fernández Quesada, hermano de la víctima, aseguró que su familia lleva 30 años pidiendo que se haga justicia, “pero no por nosotros solos, si no por todos los que vivimos aquella época”. Fernández afirmó que es un pasaje de la historia de Canarias que no debe olvidarse “ya que representa la lucha del pueblo canario por la libertad”.

Carlos Fernández también fue testigo directo de los hechos. Se encontraba en el campus universitario el 12 de diciembre de 1977: “Y vi como la Guardia Civil entró y disparaba”. Hernández relató como al ir a identificar el cuerpo sin vida de su hermano a la comisaría de La Laguna “fue el propio responsable de la policía el que nos dijo que aquello había sido inauténtico disparate”.

El hermano de Javier Fernández insistió en que su hermano no era militante de ningún partido. “Él no era apolítico, eso es cierto, se preocupaba de lo que ocurría en su tiempo pero no militaba en ningún partido, a pesar de que en muchas ocasiones han utilizado su nombre para sacar tajada”, afirmó Carlos Fernández.

Excluido de la Ley de la Memoria Histórica

El caso de Javier queda fuera de las medidas de reparación puestas en marcha por la Ley de la Memoria Histórica. Por ejemplo, su familia no tendrá acceso a los 135.000 euros de indemnización previstos en la norma. La ley sólo reconoce a las “personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977” y Javier murió el 12 de diciembre, sólo 77 días después.

A pesar del intento del diputado socialista y secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, de presentar una enmienda a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que se produzca la reparación moral de la memoria de Javier, de momento, no será posible. Román Rodríguez, actual diputado por NC y testigo de los hechos, afirmó este miércoles que será difícil que esta enmienda se incluya en los PGE debido al veto de la ley en el Senado por, entre otras fuerzas políticas, PP y CC: “Los PGE tiene que ser aprobados ahora en el Congreso y no se podrá modificar nada”.

AUDIO/ Carlos Fernández Quesada

AUDIO/ Román Rodríguez

AUDIO/ Encarna Zerpa

AUDIO/ José de León

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