El PSC exige cambiar la aplicación de la Ley de Dependencia
El PSC ha incluido en el pacto firmado con Coalición Canaria un punto relacionado con que los informes para solventar las ayudas regladas por la Ley de Dependencia se ejecuten y se empiecen a cobrar en un plazo máximo de seis meses en las Islas Canarias, cambiando así la tendencia. El tiempo de espera en la actualidad, en algunos casos, supera los tres años, “algo insostenible”, según las fuentes socialistas que han sido consultadas.
Un total de 12.813 personas esperan en la actualidad la resolución de su informe o empezar a cobrar el dinero que se ha estipulado para los distintos tipos de dependencia, sin que la administración de un plazo concreto o, al menos, un máximo de tiempo en el que recibirán nueva información. Según las fuentes socialistas que han sido consultadas el PSC puso sobre la mesa desde el principio la regulación de la aplicación de esta norma en la que Canarias está a la cola del Estado. Tal es así, que la pasada semana se conocía el castigo de la administración central a Canarias por su mala praxis política, al no aplicar correctamente la ley a pesar de tener los fondos a su disposición, que tendrá un coste económico de 1,6 millones de euros.
Este dinero es el que han perdido los dependientes canarios por la no aplicación en tiempo y forma de los recursos asignados para esta materia. El recorte aplicado supone nada menos que el 18,4% del presupuesto total de la partida. El presupuesto estatal dedicado a Dependencia no ha crecido en los últimos años, pero desde el Gobierno central se ha querido ir premiando a aquellas comunidades autónomas que hacen el mejor uso para los ciudadanos benefactores. Y Canarias, evidentemente, no está entre los premiados, sino que la gestión de CC-PP, pero particularmente de los nacionalistas, ha llevado a estar en el grupo de los castigados.
Para más inri de los contribuyentes y posibles beneficiarios canarios, el Archipiélago es la Comunidad Autónoma que más penalización sufre en términos relativos de todo el Estado. Se perdió dinero en 2009, 2010 y ahora, en 2011. En total, se supera ya el 15% del presupuesto inicial asignado.
Hace unos días, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dejaba caer una dura crítica a la actual y anterior consejera de Bienestar Social, Inés Rojas. Su continuidad “es la peor noticia para los dependientes”, decía.
Sin llegar a reconocer la insumisión del Gobierno canario en la aplicación de la Ley de Dependencia, pudiera parecer que así fuera, dado que su aplicación es prácticamente nula. En el Gobierno de Canarias manejan, de forma constante, el recurso argumental de que en Canarias la Ley se aplica de forma descentralizada y que los informes del Ministerio tienen dificultades para contabilizar esta gestión. Sin embargo, la cifra de casi 13.000 personas esperando por una resolución o una prestación habla por sí sola.
La prioridad de las asociaciones que rodean la fiscalización del cumplimiento de la Ley estiman que la primera acción que se debiera llevar a cabo es eliminar lo que se conoce como “el limbo de la Dependencia” y suprimir el casi 60% de las personas a las que se les ha reconocido su derecho a recibir prestación pero aún no lo hacen. Es en este punto donde el PSC ha insistido a su socio de Gobierno que inicie la acción política.
