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Sin acuerdo aún para evitar el derribo de la biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria

El secretario de Estado de Cultura ha defendido la voluntad por parte de ambas instituciones de conservar y mantener la biblioteca

El Ayuntamiento anuncia que el expediente será trasladado al Gobierno central porque el Consistorio no quiere derribar el edificio

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El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (2d), el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle (3i), y la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (2i), entre otros, durante la reunión mantenida en Madrid para tratar sobre la demolición de la Biblioteca del Estado en la capital grancanaria, pendiente de una decisión del Consejo de Ministros. (EFE/Víctor Lerena)

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (2d), el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle (3i), y la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (2i), entre otros, durante la reunión mantenida en Madrid para tratar sobre la demolición de la Biblioteca del Estado en la capital grancanaria, pendiente de una decisión del Consejo de Ministros. (EFE/Víctor Lerena)

El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Canarias no han llegado todavía a un acuerdo para conciliar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar la biblioteca del Estado en Las Palmas de Gran Canaria y la protección del interés general que supone conservar el edificio.

Tras una reunión con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), y de la delegada del Gobierno en la Comunidad, María del Carmen Hernández, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha defendido ante los medios la voluntad por parte de ambas instituciones de conservar y mantener la biblioteca.

No obstante, Lassalle ha recalcado que todas las opciones que se están valorando para no evitar el derribo de la biblioteca de titularidad pública deben de enmarcarse dentro de la legalidad vigente y de la resolución del Tribunal Supremo (TS).

En 2014, el Tribunal ordenó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que derribara la Biblioteca Pública del Estado, por haber vulnerado la legalidad urbanística, haber eliminado las zonas verdes previstas en la zona y por crear una pantalla que impide ver el mar a los vecinos.

Ahora, el Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado la sentencia del Supremo después del recurso del Ayuntamiento, por lo que tanto el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria como la administración central están buscando soluciones para que el edificio no se derribe, con el objetivo de preservar el interés general y cultural.

El consistorio acudió al TC para frenar el derribo invocando el derecho fundamental de los ciudadanos a la cultura y la protección que la Ley de Patrimonio otorga a todas las bibliotecas públicas, a las que reconoce como bienes de interés cultural.

El Constitucional respondió el pasado 16 de julio con la negativa al recurso "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo" que le habilite para estudiar este asunto.

"Vamos a trabajar para encontrar la fórmula", ha afirmado Lassalle, quien ha aprovechado para agradecer la "buena sintonía" que han mantenido los representantes de ambas instituciones en los diferentes encuentros celebrados.

Aún así, ninguno de ellos ha querido aportar más detalles sobre qué vías se están barajando para evitar el derribo sin contradecir las sentencias de los tribunales.

El alcalde grancanario, por su parte, ha expresado su intención de que la biblioteca "no sea derribada" y ha indicado que en la reunión mantenida este martes se han marcado una hoja de ruta que empieza por trasladar el expediente al Gobierno central ya que, según ha explicado, el Ayuntamiento ni quiere ni puede derribar el edificio.

Así, el regidor ha proseguido en la misma línea que Lassalle sin adelantar ninguna posible vía para resolver el conflicto: "Estamos estudiando todas las opciones que vayan encaminadas a garantizar la presencia de la biblioteca sin violentar el cumplimiento de la sentencia del Supremo".

Tanto el alcalde como el secretario de Estado han reiterado la excelente colaboración entre instituciones, un agradecimiento al que se ha sumado la delegada del Gobierno en Canarias, quien también ha manifestado su intención de que se conserve y mantenga la biblioteca en pro de salvaguardar "un bien de interés general".

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