Además de saturar los servicios de Atención Primaria, la alta incidencia de casos registrada durante la sexta ola de la pandemia, provocada por la mayor transmisibilidad de la variante ómicron, está causando estragos en el ámbito laboral debido al elevado número de bajas de trabajadores que deben guardar cuarentena en cumplimiento de los protocolos sanitarios. A finales de diciembre, la Comisión de Salud Pública decidió reducir el periodo de aislamiento de diez a siete días. Ahora, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canaria ha adoptado una medida “excepcional y temporal” para agilizar la reincorporación a sus puestos de trabajo de determinados perfiles de pacientes que han dado positivo en un test de detección de infección activa de COVID-19 o son contactos estrechos de un caso confirmado.
Una vez superado el periodo de cuarentena obligatoria, el Servicio Canario de Salud (SCS) dará el alta médica de forma automática, sin necesidad de que sean citados en agenda por los médicos de familia ni de someterse a otra prueba, a los pacientes que cumplan una serie de requisitos. En concreto, a aquellos que tengan 45 años o menos y estén vacunados, no tengan factores de riesgo, hayan cursado la infección sin síntomas o con síntomas leves y no puedan realizar teletrabajo. También se aplicará la medida a los contactos estrechos inmunodeprimidos y los que no cuenten con la pauta de vacunación completa y no hayan pasado la enfermedad en los últimos 180 días. Hay que recordar que los contactos estrechos sin síntomas de la enfermedad y con la pauta completa de vacunación ya no tienen que permanecer aislados, según una de las últimas actualizaciones de los protocolos.
Son factores de riesgo padecer hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, nefropatía, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), inmunosupresión (disminución o anulación de la respuesta inmunológica), obesidad o cáncer, además de otras enfermedades crónicas a valorar por los profesionales médicos. También las embarazadas son consideradas pacientes vulnerables ante una infección por coronavirus.
Según el escrito remitido a los profesionales de Atención Primaria por la Unidad de Salud Laboral de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS, los pacientes serán informados de la emisión del alta a través de un mensaje SMS al número de teléfono registrado en la tarjeta sanitaria. Se recomienda, además, informar de la fecha de alta en el mismo momento de la expedición de la baja médica, para que los usuarios sepan cuándo deben volver a trabajar si no hay ninguna incidencia clínica previa.
En caso de que un paciente que se englobe en uno de los supuestos descritos requiera que el periodo de aislamiento se prolongue por cuestiones médicas, el programa permitirá la cancelación del alta hasta que el profesional sanitario lo decida, es decir, hasta que se resuelva su situación clínica. El SCS recuerda que los casos que presenten una mayor sintomatología deberán ser valorados antes de recibir el alta, confirmando la ausencia de síntomas para cerrar el proceso y, por tanto, el fin de la incapacidad temporal.
El alta automatizada pretende dar respuesta, según la unidad de Salud Laboral, “a la resolución de los procesos de incapacidad temporal de baja complejidad clínica por COVID-19, facilitando el proceso a los usuarios y a los profesionales del SCS, así como la priorización de aquellos con mayor necesidad de seguimiento clínico”. Sectores como el de la alimentación y grandes superficies ya habían solicitado en todo el territorio nacional esta medida para permitir la reincorporación inmediata de positivos asintomáticos a los puestos de trabajo tras la cuarentena y evitar demoras con una segunda cita en una Atención Primera colapsada.
La Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias (AMAPCAN) también había remitido recientemente un escrito al director del SCS y a los gerentes de todas las islas “pidiendo auxilio” ante la presión sin precedentes que están padeciendo los profesionales en las últimas semanas. Según explica la doctora Elena Pérez, una de sus portavoces, el objetivo era propiciar un cambio en la tramitación de las bajas, “sacarlas de la consulta” para aliviar la carga burocrática que deben soportar los médicos de familia y poder así dedicar todos los esfuerzos a la atención de los pacientes crónicos y de los contagiados por COVID-19.
Este colectivo constituido formalmente durante la pandemia planteaba diferentes alternativas, como la creación de un formulario online que pudieran rellenar los propios usuarios y que se dirigiera directamente a una agenda centralizada de bajas gestionada por profesionales médicos “liberados, jubilados o que doblen turnos”. También proponía que la tramitación se derivase a las mutuas a los médicos de inspección laboral.
“Nos hemos quedado con (la tramitación de) las bajas y lo único que hemos conseguido es poder dar la baja y el alta a la vez solo a un grupo de pacientes (los menores de 45 años, vacunados, asintomáticos y sin factores de riesgo)”, explica Pérez, que considera que esta medida “va a ayudar poco” a unos médicos de Atención Primaria que llegan a atender hasta a 80 pacientes en un solo turno, casi el triple de lo que AMAPCAN considera idóneo para dar un servicio de calidad a los usuarios. Los profesionales piden la implicación de otros colectivos para desaturar la Atención Primaria. “Es una situación excepcional”, afirman.
Pérez explica que, hasta hace unas semanas, por cada positivo diagnosticado por COVID-19 se concertaban tres citas: la de baja, que se inicia con el formulario de enfermedad de declaración obligatoria; el parte de confirmación (a los 7 días), y el alta ( a los 10). A la reducción del periodo de aislamiento se le suma ahora el alta automática para los supuestos contemplados en esta medida excepcional acordada por el SCS, por lo que los profesionales sanitarios se liberan de al menos una de esas citas. Sin embargo, la doctora precisa que, en algunos casos, las empresas requieren para el alta un certificado de recuperación de la enfermedad, para lo que tendrían que volver a entrar al formulario para cerrarlo y sin que suponga, por tanto, la ansiada reducción de la carga burocrática para los profesionales.