Canarias no escapa a las agresiones a periodistas de TVE durante las manifestaciones por Ceuta

Gara Santana

Las Palmas de Gran Canaria —

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Las multitudinarias manifestaciones en apoyo a Ceuta que tuvieron lugar este miércoles dejaron también un recuento de episodios violentos, los más notorios por quedar registrados ante miles de espectadores, los perpetrados contra periodistas de televisión. Insultos, interrupciones, escupitajos, empujones o rociadas con cerveza a redactores y cámaras fue una tónica repetida en diferentes ciudades españolas, hasta el punto de que el presidente de RTVE, José Pablo López, y UGT RTVE han emitido contundentes declaraciones que exigen actuaciones policiales y judiciales ante unos hechos que califica de “intolerables”.

También ha tenido que posicionarse con firmeza la dirección de RTVE Canarias, que condena “los ataques verbales y los impedimentos al trabajo periodístico sufridos por sus profesionales” en ambas sedes del Archipiélago.

Uno de los agredidos, un reportero que no quiere “alargar esta historia”, sabedor de que los periodistas jamás deberían ser el centro de la noticia, advertía a través de sus redes sobre la necesidad de reflexionar “a dónde estamos llegando y de qué manera nos estamos relacionando”.

El ente en las Islas ha señalado también en un comunicado al que ha tenido acceso Canarias Ahora que “coaccionar, increpar o entorpecer el trabajo de los periodistas no solo supone una falta de consideración hacia los profesionales de la información, sino que vulnera el derecho fundamental de toda la sociedad canaria a recibir una información libre y veraz” y muestra todo su apoyo a los profesionales afectados. “Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir saliendo a la calle día a día para cumplir con nuestra responsabilidad informativa con el máximo rigor”, sentencian.

Agredir al mensajero

Por su parte, Amnistía Internacional ha emitido en la tarde de este jueves un comunicado mostrando también su preocupación por los ataques a periodistas y reclaman a las autoridades españolas “que garanticen su seguridad e integridad” y a los partidos políticos que condenen la violencia contra los comunicadores, “así como los actos y discursos racistas y xenófobos, que sólo contribuyen a incrementar un clima de violencia y de odio”.