El Servicio Canario de Salud (SCS) pone precio a las prácticas del alumnado de universidades y centros de formación de titularidad privada en centros de salud y hospitales públicos. El Gobierno regional ha sometido a consulta pública un informe para fijar tarifas unitarias ante las “crecientes peticiones” que recibe de esas empresas para que los estudiantes puedan completar su formación en la sanidad pública.
Los precios públicos de los servicios sanitarios que presta el SCS están recogidos en un decreto fechado en junio de 2009. Ahora, la Consejería de Sanidad pretende incorporar las prácticas formativas a esa cartera, a través de una modificación del decreto.
Hasta ahora, el alumnado de universidades y centros privados podía realizar prácticas en hospitales y centros de salud públicos mediante conciertos o convenios individuales de las empresas con el SCS, cada uno con sus condiciones económicas particulares.
El SCS quiere unificar ahora esas cuantías. En concreto, ha establecido una relación de precios en función de la categoría profesional del personal docente: 6,77 euros por hora para el grupo A1 (medicina); 4,46 para el A2 (enfermería); 3,33 para el C1 (técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico o higiene bucodental), y de 2,92 para el C2 (auxiliar de enfermería y farmacia).
Sanidad señala que ha realizado un estudio de costes que permita a la administración pública “la justa recuperación” del coste en que incurre por la impartición de la docencia en los centros públicos. Para ello ha determinado “como el más adecuado” el coste horario de la categoría profesional del personal formador, compuesto por la retribución básica más el coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa.
El informe señala que los centros privados de formación sanitaria “han proliferado” en los últimos años, “convirtiéndose progresivamente en un actor económico relevante”. A su vez, el SCS, como “prestador principal de la asistencia sanitaria” en Canarias y debido también a “su dimensión y dispersión geográfica” en el Archipiélago, ha sido objeto de “crecientes peticiones” por parte de estas empresas para la realización de prácticas formativas. Esas son las razones que, a juicio de Sanidad, justifican la modificación del decreto de precios públicos.
“Es necesario establecer unos precios públicos aplicables por igual a todos los centros solicitantes, de forma que los distintos incumbentes puedan, de forma transparente, homogénea y detallada, llegar a una estimación de los costes asociados a la actividad formativa”, reza el informe. A juicio del SCS, esta nueva rgulación “mejorará las condiciones de competencia en el mercado” de estas empresas, “como consecuencia de una mayor transparencia y previsibilidad de unos costes homogéneos”, aportando “mayor certeza en sus decisiones de inversión”.
El informe concluye que, en la actualidad, “no existen alternativas con igual efectividad a la aplicación de precios públicos o tasas que permitan lograr la recuperación del coste de las prestaciones sanitarias en general y de las formativas en este caso particular, cuando estas no deban ser financiadas con fondos públicos”.
El caso de la Fernando Pessoa
El informe para la modificación del decreto de precios públicos está firmado por el director general de Recursos Económicos del SCS, Sebastián Fuentes, el pasado 12 de septiembre. Una semana después, el día 19, el Parlamento de Canarias remitía al diputado Yoné Caraballo (Nueva Canarias- Bloque Canarista) la respuesta de la Consejería de Sanidad a su pregunta sobre el motivo por el que se eximía a una universidad privada (Fernando Pessoa) de pagar por el uso de instalaciones sanitarias del SCS para las prácticas de su alumnado.
El convenio original con la Fernando Pessoa, firmado en septiembre de 2020, obligaba a esta universidad privada a pagar al SCS una cantidad para que su alumnado pudiera hacer prácticas en centros de salud y hospitales públicos. En concreto, diez euros por día y estudiante de Enfemería y quince por alumno de Medicina.
Tal y como informó Canarias Ahora entonces, eso cambió en septiembre de 2023, pocos meses después de la llegada del actual Gobierno, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partio Popular (PP). Se modificó el convenio para librar a la universidad del pago de esas cantidades. La Consejería de Sanidad lo justificó en aquel momento -y así lo ha vuelto a hacer a la pregunta del diputado Yoné Caraballo- en que no existía un precio público que gravara la realización de prácticas formativas y que esa compensación económica había sido sustuida por la “puesta a disposición del personal del SCS de un número de plazas dentro de sus grados y másters”.
La Consejería de Sanidad también firmó en 2022 un convenio con la Universidad Europea de Canarias (UEC) para la realización de prácticas curriculares externas del alumnado, a cambio de una “compensación económica”, de los grados de Enfermería y Fisioterapia y de los másters en Terapia Manual Ortopédica; en el Tratamiento del Dolor; en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería, y en Psicología General Sanitaria.
La sentencia del Constitucional de 2019
Una sentencia de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional tumbó parte de una ley, la de Salud de la Comunidad Valenciana, que prohibía el acceso del alumnado de Medicina de universidades privadas a las prácticas en el sector público. La Generalitat, entonces gobernada por el PSOE y Compromís, había adoptado esa decisión para responder a las quejas de las universidades públicas sobre el auge de los campus privados y los problemas de plazas que acarreaba, pero la justicia dictaminó que la norma vulneraba la Constitución.
El convenio entre el SCS y la Fernando Pessoa se firmó un año y medio después de esa sentencia e incluía la compensación económica como requisito.
Las relaciones entre las universidades y las instituciones sanitarias se rigen por un real decreto de 1986. Según esta norma, los hospitales universtiarios “no podrán estar vinculados por concierto o convenio a más de una universidad para la impartición de una misma titulación, salvo situaciones excepcionales, en los que la universidad inicialmente conveniada (las públicas, ULPGC y ULL, en el caso de Canarias) deberá estar de acuerdo con la ampliación a otra o a otras universidades de la actividad de ese hospital”. Es decir, que las universidades públicas del Archipiélago tienen prioridad para las plazas de prácticas docentes.