CEAR teme por la protección internacional de 35 inmigrantes
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha localizado a las 35 personas que fueron trasladadas desde Nuadibú a Cabo Verde y que se encuentran desde el pasado martes en Praia, la capital de ese país. Los inmigrantes proceden en su mayoría de Guinea Conakry y están internados en la comisaría de policía Eugenio Lima, donde las autoridades no han permitido que sean visitados por un abogado de CEAR.
CEAR teme que, “según las informaciones recibidas, estos ciudadanos subsaharianos vayan a ser devueltos a Guinea Conakry, según un acuerdo firmado por España, Mauritania y Guinea durante la crisis humanitaria que aún mantiene retenidos a cientos de pasajeros del buque Marine I en Nuadibú (Mauritania)”, explican en un comunicado.
CEAR advierte de que de ser ciertas estas informaciones, el Gobierno español, bajo cuya responsabilidad se realizó el traslado a Cabo Verde, tiene una corresponsabilidad en la devolución a Guinea de estos 35 ciudadanos. Devolución que vulneraría el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 y en el Protocolo Adicional III a dicho convenio, establece que ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de ser sometida a tratos inhumanos, crueles o degradantes.
El traslado de estas 35 personas a Guinea, que en estos momentos se encuentra en estado de sitio y sufre una grave inestabilidad social y política, supone también una vulneración de la Convención de la ONU contra la Tortura, que establece que no podrá haber expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado en el que haya violaciones de derechos humanos y en el que por tanto esa persona pueda estar en peligro de ser sometida a tortura.
Si son devueltos a Guinea sin que este derecho se haya hecho efectivo, se estaría vulnerando el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, que establece el principio de no devolución por el que se prohíbe poner al refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corra peligro.
Guinea Conakry vive una profunda crisis política que ha causado decenas de muertos durante el fin de semana pasado. Las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de que el estado de sitio decretado el pasado lunes por el presidente de Guinea concede a las autoridades militares plenos poderes para poner en peligro libertades fundamentales y ha servido de excusa a los miembros de las fuerzas de seguridad para aterrorizar a la población y para actuar como vulgares delincuentes, según informa Europa Press.
CEAR lamenta que estas devoluciones colectivas que difícilmente cumplen con las mínimas garantías jurídicas, sean presentadas por los gobiernos europeos como una solución que además de efectiva y rápida podría disuadir de la decisión de emigrar, cuando son ante todo mensajes de insolidaridad hacia las condiciones de los países de origen de las migraciones, e ignoran la dignidad de las personas.
“Sin duda, estas actuaciones responden a una política de externalización que implica que el control de las migraciones ya no se realice en las fronteras europeas, sino en fronteras de países terceros en los que no se cuenta con las garantías mínimas para el cumplimiento de los derechos de los migrantes y refugiados consignados en la legislación internacional y comunitaria. Mediante acuerdos que obligan a estos terceros Estados a asumir la contención de las migraciones a cambio de apoyo material, económico y humano, se está dejando en manos de otros países la responsabilidad de unas acciones que en realidad responden a políticas europeas”, concluyen.
