El Comité de Empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas ha descalificado este viernes todas y cada una de las razones por las que el grupo de gobierno ha acordado una adjudicación de emergencias a la empresa FCC para hacer frente a la grave crisis que atraviesa la retirada de basuras en la ciudad, con el correspondiente riesgo sanitario para la población.
Los representantes de la plantilla adscrita al Ayuntamiento descalifican por completo todos los informes en los que se ha basado esa decisión por considerar que los técnicos firmantes no cumplen los requisitos administrativos para hacerlo. Dicen en un comunicado que Alejandro Olarte Suárez, “jefe de Grupo de Limpieza Viaria (por readscripción provisional) y de Recogida de Residuos (por sustitución provisional), C1, agente de inspección, no es bajo ningún concepto un técnico habilitado para expedir los informes requeridos por el procedimiento”. Pero es más, lo representantes laborales sostienen en sus alegatos sobre los defectos formales del expediente, que no hay firmas de funcionarios de carrera y que “los únicos informes técnicos que aparecen en el expediente son el de Salud Pública y el de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento”.
Así, desacreditan el informe de Salud Pública por considerar que esa unidad administrativa solo debía ocuparse de “la salud de la población a través del control de las zoonosis, que son las enfermedades o infecciones que se dan en los animales y se transmiten a las personas” y que ese documento solo dice algo conocido por ellos, como “la implicación fundamental de la gestión de los residuos urbanos en la salud pública, ya que además de contaminar el aire, el suelo y el agua, en su fracción orgánica son fuente de vectores y plagas portadoras de numerosas enfermedades”. Aprovecha el comité de empresa para recordar que el Ayuntamiento ha estado “muchos meses” sin una empresa especializada en control de plagas.
Tampoco se libra el informe de la asesoría jurídica, al que descalifican por haberse fundado en informes técnicos de un jefe de grupo que no reconocen y en una descripción que llaman apocalíptica de la limpieza de la ciudad.
El comité de empresa se detiene especialmente en algunas apreciaciones que denotan profundas diferencias internas en materia de elección de cargos internos, que dicen producirse “a dedo y todos los cachanchaneos asociados”, y aunque no parecen a priori tener relación con el asunto que provoca el comunicado, el enlace aparece en la entrada en vigor de la relación de puestos de trabajo en 2021, es decir, hace cuatro años, de donde cuelgan una serie de conflictos que relatan en su comunicado. Uno de esos cargos a dedo es el del firmante del informe base que justifica la contratación extraordinaria de FCC para resolver la crisis de limpieza y salubridad que sufre Las Palmas de Gran Canaria, el jefe de grupo Alejandro Olarte Suárez.
A Olarte y una encargada atribuye la representación laboral una suerte de maquinación para que determinadas circunstancias fueran presentadas como rebosos graves de contenedores para poder de ese modo encargar a FCC refuerzos que mitigaran las deficiencias del servicio. Sostienen que se ha maquinado para que determinadas zonas de la ciudad atendidas por el personal público aparecieran especialmente sucias para provocar la queja ciudadana y poder enviar a los efectivos de FCC a hacer la recogida correspondiente.
En cuanto al absentismo laboral que ha sido el detonante de la decisión municipal, al rebasar el 35%, más de 100 trabajadores de la plantilla, el comité de empresa señala directamente al gerente del servicio, Antonio Marcelino Santana González, que a su entender “se caracteriza por una incompetencia manifiesta para llevar a cabo el trabajo para el que ha sido contratado (y por el que cobra más de 75.000 euros)”.
Y dicen los representantes laborales que “existe el absentismo justificado y el injustificado”, que “es indignante, de entrada, que se dé una visión negativa de los nuevos permisos por conciliación familiar” y que el problema está provocado porque no se tramitan diligentemente los contratos de sustitución.
En definitiva, el comité de empresa considera que en el servicio de recogida de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “todavía se mantiene viva la esencia del caciquismo y el clientelismo, que es lo que hace que la incompetencia, la mala gestión, la defectuosa organización, la negligencia y el cachanchaneo se vean no como lo que son, sino como oportunidades de negocio con lo público”.