El conflicto por las vacaciones estalla en una entidad social de Tenerife
Los trabajadores de la asociación Aspronte, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual de Tenerife, han llevado a los tribunales a la dirección de la entidad por modificar el sistema que tenía la plantilla de organizar las vacaciones y los descansos.
Aspronte (Asociación familiar pro personas con discapacidad intelectual de Tenerife) es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1966 para dar respuesta a las carencias y necesidades de las familias de personas con discapacidad intelectual en Tenerife. En 1972, fue declarada de Utilidad Pública, y como aseguran en su página web buscan “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. Actualmente, Aspronte tiene empleados a 56 trabajadores en dos centros, en Santa Cruz de Tenerife y La Orotava.
Desde el comité de empresa aseguran que la dirección de la entidad quiere reorganizar el calendario laboral y “sin haber acreditado una causa real que lo justifique va a eliminar los periodos de cierre que se venían aplicando históricamente”. Es decir, la entidad no podrá cerrar como hacía hasta ahora en las vacaciones de verano del mes de agosto, en Semana Santa y del 23 de diciembre al 3 de enero por Navidad. La demanda, presentada como conflicto colectivo por el comité de empresa y CCOO, ya ha sido admitida a trámite y tiene fecha de juicio para el 23 de marzo del próximo año 2027, en los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife.
La gerencia de Aspronte sostiene que la medida planteada “se enmarca en un proceso de adaptación progresiva” de la prestación de servicios dentro de la red pública de atención a la dependencia y discapacidad, y aseguran que se da por la “futura implantación del modelo de concierto social previsto en la normativa vigente”.
Desde el comité de empresa aseguran que “esa no es la realidad”. El Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS), que es “quien paga las plazas de los usuarios, y quien pone el dinero público”, tiene un convenio son los trabajadores que “no recoge que la entidad tenga que abrir los 365 días del año, sino que hay un máximo de apertura de 248 días” al año, asegura Carlos Alberto Pulido, integrador social y miembro del comité de empresa.
Desde la gerencia de Aspronte se afirma que, Plena Inclusión Canarias, “entidad representativa del sector de la discapacidad intelectual”, ha trasladado que este modelo de prestación continuada “constituye ya una realidad consolidada en distintos ámbitos de la red pública”.
Sin embargo, Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa de Aspronte, define a la plataforma Plena Inclusión Canarias como “el lobby de los centros de personas con discapacidad”. Y asegura que la empresa utiliza esta plataforma para que hagan una interpretación del convenio a su favor.
“Engañados por Aspronte”
“Nos sentaron a negociar engañándonos”, asevera Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa. El representante de los trabajadores explica que la empresa justifica su medida porque “viene impuesta” por el Instituto de Atención Sociosanitaria, pero “no lo han podido demostrar, ni lo han acreditado”. Además, sostienen que hace un año “con los mismos modelos de trabajo la empresa no tuvo reparo en firmar un plan de igualdad reconociendo esos derechos”.
La empresa asegura que durante el proceso se han valorado distintas alternativas, “si bien no ha sido posible alcanzar un acuerdo”, y que mantienen su voluntad de diálogo. Pero como hay un procedimiento judicial en marcha la entidad considera prudente “no realizar valoraciones adicionales sobre cuestiones que deberán ser analizadas en dicho ámbito”.
Un conflicto por derechos adquiridos
La plantilla insiste en que no se trata solo de unas vacaciones, sino de una condición consolidada durante años y asumida como parte del funcionamiento de la empresa. Según los trabajadores, el modelo permitía cerrar en determinados periodos y organizar la vida personal con antelación, algo que ahora quedaría en manos de turnos y cambios más flexibles.
El comité entiende que la dirección pretende equiparar las condiciones del personal antiguo con las de nuevas incorporaciones, “pero a costa de recortar derechos históricos”, señalan. También advierte de que el conflicto está generando malestar interno y podría provocar salidas de trabajadores con experiencia, justo en un servicio que depende en gran medida de la estabilidad de los equipos.
Un centro esencial bajo presión
Aspronte cumple 60 años y atiende a personas con discapacidad intelectual, un ámbito en el que la plantilla subraya que “la continuidad de los profesionales de referencia es clave”. Los trabajadores aseguran que su labor “exige una alta carga emocional, responsabilidad constante y equipos cohesionados para garantizar una atención estable y de calidad”.
Por eso, la propuesta del comité no pasa por cerrar más o menos días, sino por mantener los derechos adquiridos y reforzar el servicio con más contratación si la empresa quiere ampliar la apertura. La demanda colectiva ya está en marcha y el conflicto queda ahora en manos de la vía judicial.
Desde la entidad se agradece la profesionalidad y el compromiso que viene mostrando la plantilla en el desarrollo diario de su labor, “manteniendo en todo momento la adecuada atención y apoyo a las personas usuarias con independencia del actual contexto de conflicto laboral”, concluye Víctor García, gerente de Aspronte.