La Fiscalía pide tres años de cárcel para un activista que se manifestó contra la turistificación en el sur de Gran Canaria
El próximo miércoles, 4 de noviembre, se celebra el juicio contra Federico Nacher, activista de Canarias Tiene un Límite, para quien la Fiscalía solicita tres años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros por unos hechos ocurridos durante la movilización contra la turistificación celebrada el 20 de octubre de 2024 en el sur de Gran Canaria.
“No ha sido un calvario porque todo este tiempo he estado acompañado de amigos y compañeros”, cuenta Federico Nacher a esta redacción. Recuerda el día de los hechos como el de una manifestación cívica, alegre, divertida e inocua, pero admite que los manifetantes cometieron un gran error: “Desafiar al lobby turístico y su poder económico en su propio feudo, en Maspalomas”.
En aquella protesta, los colectivos exigían soluciones ante las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, y denunciaron las consecuencias sociales y ambientales de la presión turística que sufren las islas.
“En Canarias se permiten las cosas hasta un cierto punto y nosotros superamos ese cierto punto con la osadía de celebrarlo en el corazon del problema”. Federico explica a Canarias Ahora que días antes, ese poder económico preparó el camino con ceclaraicones en los medios “anticipando una violencia y una ocupación de hoteles por parte de los activistas, para luego justificar la actuación policial posterior”.
Nacher considera que desde el primer momento, desde el 20 de octubre de 2024, todo lo que se ha hecho sobre su persona quiere enviar un mensaje de criminalización de la protesta a cualquiera que se le ocurra luchar: “Cómo me apretaron las esposas y me hicieron sangrar, que no me dejaran salir a pesar de no contar con antencedentes penales, cómo me retuvieron una noche en la cárcel sin mis medicinas para la tensión y la diabetes, la forma en que me tiraron al suelo y me llenaron de tierra la boca, la nariz, la garganta y no me dejaron tomar agua..., en todo hay un mensaje”, sostiene el activista.
El pronunciamiento de Canarias tiene un Límite
Desde la plataforma Canarias Tiene un Límite, y desde el grupo de apoyo surgido a raíz de este caso, han recordado este viernes en un comunicado el amplio despliegue policial que acompañó la movilización de 2024, con agentes de la Policía Nacional custodiando incluso los accesos a grandes establecimientos hoteleros. “La actuación estuvo marcada por una actitud agresiva, identificaciones indiscriminadas y episodios de tensión que contrastaban con el carácter pacífico de la convocatoria”, reafirman.
Recuerdan que fue durante el recorrido de la manifestación cuando una intervención policial hacia una manifestante “derivó en momentos de tensión y en la detención arbitraria de Federico Nacher, hechos, por los que el compañero se enfrenta ahora a una petición de tres años de prisión y una multa que podría alcanzar los 5.000 euros”.
A esta causa judicial se suma una sanción administrativa impuesta por la Delegación del Gobierno al colectivo por un supuesto incumplimiento de las condiciones comunicadas para la manifestación. Desde el grupo de apoyo sostienen que el recorrido se desarrolló conforme a lo previsto y atribuyen los incidentes “a una actuación policial desproporcionada e injustificada”.
Para la plataforma, este procedimiento se enmarca en un contexto de creciente contestación social a un modelo turístico que agrava las dificultades para acceder a una vivienda y profundiza los problemas sociales y medioambientales del archipiélago. “La movilización llevó estas reivindicaciones al corazón de una de las principales zonas turísticas de Gran Canaria, poniendo sobre la mesa la necesidad de cambios estructurales”, explican.
“Desde el grupo de apoyo consideramos que esta petición de prisión constituye un intento de criminalizar la movilización ciudadana, especialmente cuando cuestiona los intereses de la industria turística y exige transformaciones profundas en el modelo económico de Canarias y denunciamos el desgaste personal y emocional que supone afrontar un procedimiento judicial con una posible pena de prisión. La incertidumbre y la amenaza de una condena tienen consecuencias mucho antes de que exista una resolución judicial y pueden convertirse en un mecanismo de intimidación para quienes ejercen su derecho a la protesta”, sentencian.