¿Cuántos hoteles con orden de demolición hay en Canarias? El Gobierno de Clavijo dice que no sabe, no contesta
El Gobierno de Canarias no sabe cuántos hoteles con orden de demolición hay en el Archipiélago… Y tampoco ha hecho el esfuerzo por localizar ese dato. Es la conclusión que puede extraerse de la contestación oficial del Ejecutivo regional, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), a una solicitud de información pública presentada por Canarias Ahora, que reclamó conocer el número de complejos turísticos con orden de derribo en las Islas, ya fuera total o parcial, firme o todavía en trámite de ejecución.
Este periódico pidió esa información después de que la Audiencia Nacional anulara recientemente un deslinde en el sur de Gran Canaria que afectaba a un hotel de cuatro estrellas con orden de demolición parcial desde el año 2010, en concreto el San Agustín Beach Club, en San Bartolomé de Tirajana, condenado por ocupar terrenos de dominio público. El caso ha puesto otra vez de manifiesto el paso a marchas forzadas de la administración para ejecutar resoluciones de este tipo. Aunque no es el primero ni será el último.
El listado reclamado debía incluir la identificación del establecimiento, la fecha y el órgano que dictó la resolución, el motivo del derribo (ocupación de dominio público, caducidad de la concesión, anulación de la licencia u otro), el estado de ejecución y, en su caso, los plazos o recursos pendientes.
El Gobierno de Canarias, sin embargo, ha inadmitido la solicitud de información pública, amparada en la Ley de Transparencia, porque sostiene que “no puede dar traslado” de la misma al “órgano competente” capaz de resolverla debido a las “diferentes causas que pueden determinar la instrucción de un expediente de esta naturaleza (infracción urbanística, afectación del dominio público marítimo-terrestre…) y las diferentes administraciones públicas con competencia según sea el caso”.
La resolución, firmada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León (Partido Popular), agrega también que “no constan” en ese departamento “expedientes instruidos en esta legislatura [desde verano de 2023] o que traigan causa de la legislatura inmediatamente anterior [2019-2023], que tengan como resultado una orden de demolición sobre hoteles y/o alojamientos turísticos en Canarias”.
Así las cosas, el Ejecutivo concluye que no puede “facilitar una respuesta única” sobre cuántos hoteles con orden de demolición existen en el Archipiélago y cierra el procedimiento.
Para Irma Ferrer, reconocida abogada en Transparencia Urbanística, el Gobierno canario es “opaco” al mantener “a oscuras” esta información. La letrada considera que, “en el siglo y la era en la que estamos”, no se puede decir que sea una información “difícil de obtener”. Y cree que esa “oscuridad” de los procedimientos impide a la sociedad fiscalizar el poder público, generando una profunda desconfianza.
“Pero yo tengo experiencia suficiente para saber que allá donde se oculta información, es porque realmente la corrupción campa a sus anchas”, remarca Ferrer.
El portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, ve por su parte “muy lamentable” que el Ejecutivo autonómico no disponga de un listado actualizado en este sentido y le reprocha su “negligencia” por tardar tantos años en ejecutar sentencias de derribo.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) es el órgano encargado en Canarias del “restablecimiento de la legalidad urbanística”. No obstante, la estadística oficial revela que, de las 58.107 infracciones medioambientales registradas en las Islas entre 2001 y 2025, solo ha restablecido la legalidad en 4.211 casos. Es decir, el 7,2% del total.
Canarias Ahora preguntó a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de la que depende la ACPMN, cuáles son los motivos que explican la demora del Gobierno en la ejecución de sentencias de demolición de hoteles o establecimientos turísticos. Fuentes de la cartera que dirige Manuel Miranda (CC) respondieron que “creen que este tema era de Costas”, pero no han aportado más información hasta la fecha de publicación de este artículo.
Un listado aproximado de hoteles que siguen operativos pese a tener una orden de derribo incluye el Papagayo Arena y el Son Bou, en Lanzarote; el Oliva Beach, de la cadena RIU, en Fuerteventura; y el San Agustín Beach Club, en Gran Canaria. Reyes cree que hay “varios” más, aunque no recuerda cuáles. Ferrer, por otro lado, lamenta el doble rasero de la administración ante poderosos y vulnerables.
“Hemos visto en los últimos años en Canarias cómo se demuelen chabolas, casas particulares, ampliaciones de vivienda… Pero cuando se trata de demoler una infraestructura turística, ahí tenemos una justicia que es tremendamente dura con el pobre y tremendamente cobarde con el poderoso”, reflexiona la abogada de Transparencia Urbanística.
Ferrer dice que “el motor económico” en las Islas es el turismo y que “por tanto hay una gran masa de la población, jueves, fiscales y magistrados que considerar que el motor económico de Canarias es hotel”. Por lo que el derribo de uno de ellos le “pesa” a quienes tienen que ejecutar esa decisión.
La letrada señala también que, después de revelarse a principios de este año que la ACPMN no había reclamado multas ambientales por valor de casi 15 millones de euros, “hay que ser muy tonto o muy confiable (…) para no afirmar que hay una clara connivencia entre la parte empresarial que infringe y el Gobierno de Canarias”.
Esa connivencia, remacha Ferrer, que está “documentada y acreditada”, es “lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) llama el urbanismo del promotor”.