El Gobierno canario dice que buscar qué empresas se han librado de pagar multas medioambientales paralizaría su gestión
El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), corre el riesgo de perder hasta 15 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales. Y según ha contestado vía transparencia a Canarias Ahora, buscar el nombre de las empresas que cometieron esas infracciones sería una labor tan extraordinaria que paralizaría por completo la actividad del departamento público que las denunció, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).
En una contestación a una solicitud de información pública presentada por este periódico, la ACPMN ha rechazado revelar los nombres de las compañías infractoras escudándose en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” a partir de la documentación física, lo que el organismo llama el “legajo correspondiente”.
La Agencia defiende que ese trabajo “exigiría la apertura, análisis y calificación individualizada de miles de expedientes para su posterior volcado en un soporte electrónico inexistente en la actualidad”. El departamento liderado por Montserrat Ortega invoca un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que señala que una petición de información puede calificarse de “abusiva” si para ser atendida “requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados” a suministrarla.
Pero ahí no acaba todo. La solicitud pidió excluir del listado de infractores los datos de las personas físicas que se han librado de pagar para no vulnerar la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, la ACPMN apunta que existe un “alto riesgo” de filtrar “accidentalmente” información de particulares “ante la falta de una herramienta de anonimización automatizada” que obligaría a cribar de manera manual miles de archivos.
La Agencia reconoce que “la garantía de confidencialidad no puede asegurarse (…) sin una revisión exhaustiva línea por línea” y considera entonces que la petición es “desproporcionada y generadora de un riesgo inasumible para la seguridad de los datos de los administrados”. Cita la Ley de Protección de Datos para defender que la información relacionada con las infracciones y sanciones de particulares solo puede tratarse “con el consentimiento del interesado” o estar autorizado por ley. Y que fuera de esos supuestos, solo los abogados y procuradores están capacitados para acceder a ella.
Esta redacción, no obstante, nunca pidió conocer los nombres de las personas físicas que no han pagado multas por destrozar el medio ambiente del Archipiélago. A través del Portal de Transparencia, solicitó únicamente información sobre procedimientos contra empresas, incluyendo la identificación de las mercantiles, el importe de las sanciones y el tipo de infracción.
El requerimiento nace a raíz de un informe de la Audiencia de Cuentas publicado a finales del año pasado que revela que las Islas corren el riesgo de perder 14,8 millones de euros por dejar caducar sanciones medioambientales. Ese documento destaca que casi la mitad del importe, 6,6 millones, proviene de multas de ejercicios anteriores al año 2018 que con casi total seguridad ya habrán prescrito, de acuerdo con la Ley del Suelo de Canarias aprobada por CC en 2017.
La Audiencia recoge en su informe que la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha detectado una “falta de seguimiento del proceso recaudatorio” de la ACPMN. Y que existen “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público” por esto mismo. La directora de la Agencia anunció un plan de choque en la Cadena SER para el cobro de las sanciones. Pero a la vista de su programa informático, no será una tarea fácil.
El departamento cuenta desde el año 2010 con un software interno denominado SIGESTEIN (sistema de gestión territorial de expedientes). Es un aplicativo “genérico”. Un “primer paso” hacia la digitalización que no ha presentado ningún avance ni cuenta con “módulos o fases desarrollados” para dar acceso a terceros de la información que aglutina.
El programa ni siquiera alberga un “expediente electrónico como tal” ni un sistema capaz de generar un listado de expedientes. De ahí el argumento expuesto por la ACPMN de que necesitaría buscar los expedientes de las empresas infractoras de forma manual, uno a uno.
El aplicativo tampoco tiene implementado lo que la Agencia llama “el módulo de estadística”, aquello que le permitiría diferenciar entre procedimientos de personas físicas y jurídicas. Es una “imposibilidad técnica”, dice, que hace “del todo irrealizable” la petición de diferenciar entre ambos sujetos. Un trabajo que “excede la mera gestión de la información”, agrega.
“Existen figuras como comunidades de bienes, herencias yacentes, uniones temporales de empresas o profesionales autónomos cuya calificación jurídica se confunde con la persona física. Decidir si un expediente pertenece a una esfera u otra requiere un juicio de legalidad por parte de un técnico, y el aplicativo informático de gestión SIGESTEIN, diseñado en 2010 como herramienta de tramitación interna y no como base de datos estadística, carece de la arquitectura técnica necesaria para segregar de forma automatizada los campos requeridos”, explica el organismo.
El profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, Noel Armas, asegura que “no se puede hacer pasar por reelaboración un uso informático corriente” y que “la clave está en saber qué tan difícil extraer la información” solicitada en este caso. “No sé si es tan complicada de conseguir como indican, pero tienen que acreditarlo”, remacha el experto.
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción en Canarias, Eugenio Reyes, defiende por su parte que la ciudadanía tiene el derecho de conocer qué empresas están dañando el medio ambiente de Canarias sin pagar las consecuencias y denuncia que, al ocultar estos datos, el Gobierno regional niega a la población la posibilidad de “actuar en consecuencia”.
“Si yo me entero de que un suministrador de mis servicios, bien sea de comida, de urbanismo, de lo que sea, es un delincuente o ha hecho daños medioambientales, tengo el derecho a conocer para actuar. Pero se nos niega el poder de tomar decisiones como consumidores. Y ser transparente con los expedientes es una responsabilidad moral de la administración”, razona Reyes.
El portavoz de Ben Magec sostiene que es una “perversión” el hecho de que tantas multas hayan caducado o estén cerca de caducar. Y recuerda asimismo que hace unos meses llevaron este hecho ante la Fiscalía Anticorrupción.
“Es muy importante saber el sitio, las afecciones y los motivos de por qué se deja caducar. Y, por supuesto, a quién se sanciona, para que podamos actuar en consecuencia”, remacha Reyes. “Esos millones de euros podrían servir ahora mismo, por ejemplo, para responder a las inundaciones que hemos tenido estos días”, concluye.