Los inquilinos de la calle Santa Clara en Santander: “Es un caso claro de acoso inmobiliario, llevan dos años y esto es el escalón final”

Los inquilinos del edificio de Santander desalojados durante quince días por el Ayuntamiento no han podido volver a sus casas pasado ese plazo. Los dueños del inmueble, el fondo inmobiliario Global Cuena, les ha comunicado por correo y por teléfono que las dos semanas se van a convertir “como mínimo” en tres meses más.

Mientras tanto, tienen que seguir pagando sus alquileres. Global Cuena les ha ofrecido darles mil euros al mes para que se alquilen otro piso, pero con ese dinero ya resulta imposible alquilar un piso como el suyo en el centro de Santander, donde los precios están alrededor de 1.500 euros. “Lo más barato que hemos encontrado es un uno de tres habitaciones pero sin ascensor por 1.200 euros”, cuenta uno de los afectados por el desalojo.

Lo extraño, a su entender, es que el Ayuntamiento de Santander no les ha enviado ninguna comunicación oficial, cuando fue quien ordenó desalojarles cuando lo solicitó el propietario del edificio, que ya había empezado a hacer obras para reformar la propiedad, para evitar riesgos. Había tirado los tabiques de varias plantas, pisos ya que estaban vacíos. Una obra que se estaba haciendo con el resto de los inquilinos de renta antigua dentro.

El Ayuntamiento había dado un plazo de dos semanas a los propietarios para que reforzasen la estructura del edificio y no ha vuelto a dar explicaciones sobre el asunto a los afectados.

Todo empezó hace dos años, cuando el fondo inmobiliario Global Cuena compró el número 8 de la calle Santa Clara. Un edificio de siete plantas en el que vivían ocho inquilinos de renta antigua que pagaban entre 300 y 600 euros de alquiler. Hoy solo quedan tres y otros tantos negocios, dos de ellos -un supermercado y un bazar- en los bajos, y una peluquería en el primero.

Los nuevos propietarios intentaron echarles para convertir el edificio en pisos turísticos, pero ante las protestas en los medios de comunicación dieron marcha atrás. Según los vecinos, solo fue en apariencia. “Es un caso claro de acoso inmobiliario, llevan dos años y esto es el escalón final”, denuncia uno de los afectados.

La propiedad pidió al Ayuntamiento una licencia de obra mayor -que le fue concedida- y empezaron a tirar tabiques con los vecinos dentro. Hasta que el último viernes de agosto desde el Consistorio les comunicaron que tenían que abandonar el edificio para prevenir posibles riesgos derivadas de las obras. Les dieron de plazo hasta el domingo.

Para entonces ya llevaban meses sufriendo los ruidos, el polvo y los inconvenientes de una obra de tal envergadura. También se empezaron a producir frecuentes cortes de luz. A uno de los vecinos que tiene un juicio en octubre contra el fondo inmobiliario porque les quieren echar del piso, dejó de funcionarle al parecer sin solución el telefonillo del portal. “Solo el mío y jamás se arregló”, explica.

Al margen de otras presiones, a unas inquilinas mayores las convencieron para trasladarlas a un piso más bajo, para poder seguir con las obras que provocaron daños en algunas viviendas que, hasta la fecha, tampoco se han reparado. “Han sido dos años terroríficos”, musitan.

A algunos vecinos lo que más le molesta es la actitud del Ayuntamiento de Santander, “que ordenen el desalojo en 48 horas con un informe de los propietarios totalmente tendencioso, sin mandar un técnico municipal que lo verifique y sin cuestionar la licencia que se dió para hacer obra mayor”. Habida cuenta de que la alcaldesa ha dicho que las obras “son totalmente legales” y que contaban “con un proyecto validado por el Ayuntamiento”.

A la vez, también rebaten que la alcaldesa ha dicho que no tenían quejas sobre el asunto y la situación del inmueble. “Es mentira, por lo menos se han presentado dos que he registrado yo mismo”, aduce uno de los inquilinos.