La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la aparición de una peligrosa “seguridad paralela” en las carreteras, después de que un vehículo privado, identificado con los distintivos de la empresa sanitaria Salva‑Emer, interviniera en un accidente de tráfico con heridos ocurrido el pasado domingo 18 de enero en la autopista GC‑1, a la altura del kilómetro 6 (sentido sur), en Gran Canaria.
Según la AUGC, el vehículo utilizó luces V1 azules, un dispositivo reservado por ley exclusivamente a servicios de emergencias oficiales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “mientras dos de sus ocupantes descendieron y dirigieron el tráfico sin ningún tipo de habilitación oficial”.
El siniestro se había producido por las condiciones meteorológicas adversas, y en él intervinieron agentes de Tráfico, personal sanitario del Servicio Canario de Salud y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que atendieron a dos personas mayores heridas.
Para la asociación, actuaciones como esta suponen una clara “usurpación de funciones públicas”, pues emulan responsabilidades propias de los cuerpos policiales y generan confusión entre conductores. “No puede tolerarse que un particular actúe proyectando una imagen de autoridad que no tiene”, advierte el comunicado.
La AUGC ha reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Ministerio del Interior que investiguen los hechos y refuercen el control del uso de los dispositivos luminosos azules V1 y las rotulaciones que puedan inducir a error a la ciudadanía.
“No dirigimos el tráfico ni cometimos delito alguno”
Desde la empresa Salva‑Emer, el directivo Kevin González rechaza categóricamente en declaraciones a este periódico la acusación de usurpación de funciones y defiende que su intervención se limitó a apoyar al personal sanitario ya desplazado.
“Nosotros llegamos cuando ya estaba la Guardia Civil, los bomberos y una ambulancia del Servicio Canario de Salud. Nos centramos en comprobar el estado del paciente junto a nuestros compañeros del SUC. En ningún momento dirigimos el tráfico”, explica González, cuyo recurso se activa por la llamada de los particulares.
El responsable asegura que las luces frontales del vehículo cuentan con homologación técnica y que todo el personal de la entidad “está debidamente titulado y registrado en el Gobierno de Canarias como servicio de Protección Civil”. “Estamos reconocidos tanto a nivel autonómico como europeo”, insistió.
Respecto al uso de las luces V1, argumenta que su instalación figura en la ficha técnica del vehículo y cuenta con aprobación de la ITV. “Bomberos, ambulancias y Protección Civil también las llevan; no somos ninguna patrulla policial y tampoco nos presentamos como tal”, defiende.
En declaraciones a Canarias Ahora, Juan Couce, representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en las islas, subraya que “el uso de luces azules frontales fuera de los vehículos policiales es un acto ilegal” según el Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998). “Un coche con ese sistema luminoso proyecta apariencia de autoridad. Si además regula el tráfico o exige paso en carretera, puede incurrir en delito de usurpación de funciones”, explica.
El portavoz añade que este tipo de conductas “generan confusión y ponen en riesgo la seguridad vial”. “Las ambulancias o bomberos solo pueden circular con señales luminosas cuando están en un servicio de urgencias. Si no lo están, podrían incluso cometer una infracción grave”, precisa.
El debate sobre fortalecer lo público o parchearlo
Para la asociación, la proliferación de entidades privadas u ONG que actúan sin coordinación con los servicios oficiales representa una amenaza para la seguridad vial: “No sabemos cómo se activan ni bajo qué criterio intervienen. Si los usuarios los llaman directamente, se abre una puerta muy peligrosa”, advierte Couce.
El caso reabre el debate sobre la coordinación de los servicios de rescate y emergencia en Canarias, donde diversas agrupaciones voluntarias y organizaciones privadas colaboran, a distintos niveles, en auxilios de carretera. Mientras AUGC pide reforzar el control de los símbolos y dispositivos que identifican a los cuerpos oficiales, Salva‑Emer defiende su papel como recurso auxiliar ante la escasez de medios públicos.