Nueva denuncia penal en el ‘caso Parque Marítimo’

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife investiga por cuatro posibles delitos fiscales a los administradores de Santa Cruz Park S.L., José Valentín Álvarez Mesa y Jorge Berthencourt González, y a Luis Gil, administrador de Santa Cruz Park Tenerife S.L., a la que los primeros cedieron los derechos de gestión del polémico Parque Marítimo César Manrique en 2006.

Según ha manifestado el abogado Felipe Campos a CANARIAS AHORA este viernes, los posibles delitos fiscales se habrían cometido precisamente en la cesión de la gestión del parque y explotación de su zona de ocio. “En la Fiscalía me han confirmado esta mañana que hay una denuncia penal para que se investiguen los posibles delitos fiscales en la operación de traspaso de los derechos de gestión”, aclaró Campos a este periódico.

La denuncia todavía no ha recaído en ningún juzgado de instrucción, lo que se espera que ocurra la próxima semana. El enrevesado caso Parque Marítimo suma así una nueva pieza judicial a las múltiples que ya se instruyen por las vías penal, mercantil y de lo contencioso-administrativo.

En Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife sigue bajo secreto de sumario una pieza separada por posible malversación de caudales públicos.

En la jurisdicción mercantil, la situación es, cuando poco, compleja. El pasado 7 de septiembre, el juzgado número 1 eximía a los administradores de Santa Cruz Park Tenerife (Luis Gil, Álvaro Gil y Carlos Francisco Díaz) de tener que abonar los más de 670.000 euros por el impago de tres trimestres de 2008 y tres de 2009 del arrendamiento y explotación de las instalaciones.

Sentencia en contra

Sin embargo, una sentencia firme de 2010, dictada por la magistrada Ana Fernández Arranz, desestimó una demanda de Luis Gil contra Parque Marítimo S.A. (la sociedad creada al 50 por ciento entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, “propietarios” del parque), por la que pretendía que quedara en suspenso el pago del arrendamiento desde el 8 de agosto de 2008, cuando le denegaron la autorización para hacer una fiesta contratada. Alternativamente, Gil pedía que el contrato de arrendamiento fuese reducido a una décima parte.

La juez desestimó ambas peticiones y condenó a costas a la empresa de Gil. “No se reconoce el derecho del arrendatario a celebrar los eventos que se mencionan” y añadió que “no es posible apreciar un incumplimiento por parte del arrendador”. “En cuanto a las actividades de restauración que se mencionan (?), en el contrato de arrendamiento se cede al arrendatario la explotación del restaurante Las Cascadas, sin que haya quedado probado que se facultara a la actora a desarrollar otras actividades de restauración”.

“El propio Plan Especial para esa zona no permitía ninguno de los negocios que durante 12 años, primero con la sociedad de Valentín Sanz y Jorge Bethencourt, y luego con la de Luis Gil, se han consentido con todo el beneplácito de las administraciones. Estamos hablando de muchos millones de euros, más de los que se manejaron con el pelotazo de Las Teresitas”, asegura el abogado Campos,

Cuando en 1996 la concesionaria Parque Marítimo S.A. sacó a concurso público la gestión y arrendamiento del lugar de ocio, Santa Cruz Park S.L. lo ganó, previo pago de una renta de 210.000 euros anuales, el 21% del beneficio industrial. Una denuncia de los vecinos de la zona por el exceso de ruido, defendida por Felipe Campos, destapó todas las irregularidades que han dado lugar a este caso enmarañado con múltiples piezas separadas, cada una de un juzgado y en el que aparecen imputados que también lo están en el caso Las Teresitas.