Los abogados de Las Palmas celebran el Día de la Justicia Gratuita con duras críticas al ministro Gallardón
El Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas (COALP) ha abierto sus puertas en la mañana de este viernes para recibir a todas las personas que necesitaban asesoramiento jurídico. Desde hace cuatro años el Consejo General de Abogados organiza el Día de la Justicia Gratuita a nivel nacional para “sacar la abogacía a la calle y que la gente conozca cómo funciona el turno de oficio y el trabajo de los letrados que prestan este servicio”, según ha explicado el decano del COALP, Joaquín Espinosa.
El servicio de orientación jurídica está abierto todos los días hábiles del año para resolver dudas a los ciudadanos de forma gratuita. Se trata de un asistencia bastante lenta porque un único abogado de oficio se encarga de atender toda las peticiones que le llegan a lo largo de la semana. Siendo conscientes de las limitaciones de este servicio, en el día de puertas abiertas habilitan más mesas para poder atender a más gente al mismo tiempo. Una veintena de abogados han trabajado voluntariamente en el Día de la Justicia Gratuita para que cualquier persona interesada pudiera acercarse hasta el colegio sin necesidad de pedir cita previa ni tener que soportar largas colas. De esta forma, logran unificar los trámites y acortar los procesos ordinarios, ya que el cliente es asesorado al momento y saber si reúne los requisitos necesarios para disponer de un abogado de oficio.
Los letrados voluntarios que han trabajado este viernes han atendido consultas de todo tipo, sobre todo relacionadas con el ámbito civil: herencias, testamentos, divorcios, incapacidades y asuntos de familia. Se encargan de aconsejar sobre ciertas gestiones que puede hacer la persona por sí misma y dirigirle hacia la vía más barata y rápida de resolver sus problemas. En el caso de Pedro González, por ejemplo, solicita un abogado de oficio para los trámites de su divorcio. Este ciudadano grancanario cuenta que hace bastantes años que vive legamente separado de su ex mujer, pero no ha podido conseguir el divorcio todavía porque no puede permitírselo. “Lo único que quiero es ser libre y quedarme tranquilo sabiendo que cuando me muera mis hijos serán los que se llevarán todo”, destaca. En el Día de la Justicia Gratuita, Pedro ha podido recibir asesoramiento jurídico y saber cómo tendrá que gestionar su divorcio de la forma más sencilla y menos costosa. Asegura que le han atendido “de maravilla” y que le han asesorado “estupendamente”.
Un servicio necesario que está en peligro
“Este año celebramos este día con más motivos que nunca”, destaca el decano del COALP. La situación entre el Ministerio de Justicia y los profesionales del sector está más que tensa. El Congreso de los Disputados está en trámites de aprobar una nueva ley de asistencia jurídica con la que los abogados no están “en absoluto de acuerdo”, según señala el decano. El gremio coincide en que con esta modificación se reducirán “drásticamente” los derechos de los ciudadanos españoles.
Ramón Reyes, abogado y colegiado de Las Palmas, acude por segundo año consecutivo al Día de la Justicia Gratuita. Cuenta que el año pasado asesoró a más de 40 personas en apenas unas horas, lo cual, en su opinión, refleja la necesidad que tienen los ciudadanos con menos recursos de disponer de este tipo de servicios. Considera que es una “injusticia” tener que pagar tasas por ejercer un derecho básico como es el derecho a la justicia: “El ministro José Ruiz-Gallardón está tomando medidas que causan perjuicios no solo al gremio de abogados, sino a todos las personas que disponen de recursos limitados”, señala el letrado.
Tomás Valdivielso ha participado todos los años en el servicio de orientación jurídica durante el Día de Justicia Gratuita, y recalca que cada año ve aumentar el número de personas desesperadas que solicitan su ayuda. En su opinión, el Gobierno actual se está “cargando” todo el sistema de justicia que se había logrado construir en España: “Empezaron con la ley de tasas, que excluye a un amplio sector de la población de la posibilidad de acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y ahora hay una reforma de la ley de asistencia jurídica que es una auténtica aberración”. Al igual que su compañero de oficio, Valdivielso también destaca que las nuevas medidas propuestas por el Ministerio de Justicia cercenan los derechos de la ciudadanía española y se suman a las políticas de recortes llevadas a cabo en otros sectores como la sanidad y la educación. El letrado va incluso más allá: “Nos están llevando a una situación totalmente insostenible. En materia de derechos, estamos peor que durante la dictadura de Franco”.
En sus años como abogada, Gloria Medina reconoce que el gremio nunca había vivido una situación tan alarmante como la de ahora, llegando a calificar de “ataque constitucional” a las acciones propuestas por el ministro Gallardón. “En nuestra constitución está claramente reflejado que todos tenemos derecho a una tutela judicial efectiva. Con las medidas que se pretenden adoptar, estaríamos dejando totalmente indefensos a los ciudadanos que tienen menos recursos y que no pueden costearse un abogado”.
Ante este polémico panorama, el decano sólo ve una salida: “Tendremos que echarnos a las calles, movilizarnos o manifestarnos de cualquier forma en contra de todas estas medidas”. Espinosa puntualiza que nos descartan tomar medidas como la que ya adoptaron a finales de 2012, nombrando a Alberto Ruiz-Gallardón persona non grata en todas las dependencias judiciales de Gran Canaria. “Estos que han llegado ahora -refiriéndose al gobierno del Partido Popular- se creen que son unos iluminados y que tienen que venir a reformarlo todo. Estamos asombrados porque vemos que todo se dirige a reducir la libertad de las personas. Lo que quieren es controlarnos”, sentencia el decano.
