Coalición Canaria, PP, ASG, AHI y Vox han votado este miércoles en el Parlamento de Canarias en contra de una moción presentada por el PSOE para “cumplir con las medidas recogidas en el informe de evaluación de riesgos laborales de carácter psicosocial del Servicio de Prevención y Protección de Menores”. El objetivo “era garantizar la seguridad y la salud de las y los trabajadores”. Sin embargo, todos esos grupos han aludido a la hoja de ruta trazada por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y a que el colapso en el sistema se debe a que el Archipiélago ha recibido miles de menores no acompañados en los últimos años. Ello, pese a que el personal ha venido exponiendo en numerosos escritos que las carencias van más allá y que también han estado colapsados en cuanto a expedientes de menores nacionales, puesto que un profesional lleva hasta cien casos en solitario.
La diputada socialista Elena Máñez expuso que lo que pide su grupo en esta moción es muy sencillo: “Que se cumpla con la ley de prevención de riesgos laborales” e insistió en que la consejera tiene un informe desde hace un año que le obliga a negociar y a establecer un calendario. “Ha pasado un año y no hay una propuesta que se haya presentado al comité de seguridad y salud”, afeó.
Máñez apuntó que el informe es un relato de la “dramática situación” que vive el personal de Dirección General de Infancia y Familia y por eso pide a la consejera que en tres meses presente una propuesta. “Lo que está pidiendo el personal es de derecho y de justicia”, remarcó la socialista, que añadió que “el voto de esta moción es a favor o en contra del personal”.
Entre los datos que recordó Máñez del informe destacó que el 96,4% del personal manifiesta sobrecarga en el puesto de trabajo y el 69% del personal técnico está sobrepasado. Además, el 79% ha sufrido situaciones de violencia en el ejercicio de sus funciones.
“Que una persona lleve cien casos de vida de niños y adolescentes, vidas sobre las que tienen que tomar decisiones en solitario porque no hay equipos multiprofesionales y dependen de su buena experiencia...”, subrayó.
Máñez recordó que todo ello lo ha denunciado el sindicato CCOO recientemente ante la Fiscalía. “Denuncian que se están vulnerando los derechos de los trabajadores y los derechos de la infancia”, insiste.
A todo esto, dijo, “hay que sumar el caos en la jefatura de servicio entre el abandono y ceses ¿quién está dirigiendo el servicio?”, se cuestionó. Para Máñez, hay que aprobar nueva RPT porque si no la nueva Ley de Infancia “no va a servir para nada”. “Este Gobierno lleva dos años de gestión y uno con este informe sobre la mesa y no hay voluntad política ni diálogo”, añadió.
En el mismo sentido que Máñez, la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana expuso que “lo que está ocurriendo es otro despropósito de una consejera inoperante que además se está acostumbrando a mentir para excusarse y que este Gobierno se empeña en mantener”.
“Es una realidad brutal documentada por un informe técnico que duerme desde hace un año sobre la mesa de la consejera. Una evaluación que recoge cifras y testimonios demoledores sobre las condiciones laborales de quienes se enfrentan cada día al dolor ajeno y mientras tanto ¿qué se ha hecho? Lo que han recibido es silencio, burocracia y promesas difusas, algo que lamentablemente nos tiene acostumbrados la señora Delgado”, apuntó.
Santana incidió en que se trata de “profesionales que trabajan con el alma rota y aun así siguen protegiendo a los más vulnerables y lo hacen sin equipos suficientes, sin apoyo institucional y sin una dirección que los escuche de verdad”.
Por su parte, los grupos del Gobierno de Canarias pintaron otra realidad. Subrayaron los esfuerzos de la Consejería de Bienestar Social por mejorar la situación de los trabajadores y trabajadores del área.
“Proteger a la infancia más vulnerable es una de las máximas de este Gobierno de Canarias y proteger a los y las trabajadores”, dijo Jana González Alonso, de CC, que añadió que el servicio se ha visto tensionado por la atención a los migrantes no acompañados. “La culpa no es de las personas migrantes pero es una situación que hay que poner encima de la mesa porque Canarias está sola y no tenemos los recursos para poder atender dignamente a estas personas y lo reconocemos en el pacto canario por la migración”, dijo.
“Acusaba a la consejera de que no se ha hecho nada”, le afeó a Elena Máñez, “pero le paso la resolución donde se aprueba la creación de los equipos multidisciplinaress para poder evitar la carga de ansiedad, de tensión, de estrés de los trabajadores y trabajadoras”, apuntó.
David Morales, del PP, hizo alusión a una información de Canarias Ahora en la que se recogía que el servicio lleva años con expedientes atascados e insistió en la tesis de que se ha colapsado por los menores migrantes.
Un punto en el que incidieron Raúl Acosta (AHI), que habló de “carga de trabajo con más de 5.000 niños y niñas”, Jesús Ramos Chinea (ASG), que apuntó que “es justo reconocer que la consejería se ha puesto manos a la obra” y Paula Jover, de Vox, que agregó que la consejera expuso ya su hoja de ruta y que va a dar margen de confianza.