Regular y fiscalizar los precios de los vuelos, claves para defender un derecho canario: el descuento del 75%
Ni un paso atrás en un derecho conquistado por todos los canarios. Irrenunciable e intocable. Son algunas de las manifestaciones más repetidas tras conocer la conclusión del informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los billetes aéreos se encarecieron en los vuelos desde las Islas a la Península tras la aplicación del descuento del 75% logrado en julio de 2018. Según revela el mismo estudio, este hecho “casi” ha duplicado el coste de las bonificaciones para el Estado, que abonó 563,1 millones de euros en 2018 y más de 765 millones en 2019. La postura del Gobierno de Canarias es contundente: hay que realizar un control del precio de los vuelos, no de la subvención. “Es un derecho que tenemos al que no se piensa renunciar”, afirmó el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Competencia hizo público su informe el miércoles pasado, y las conclusiones que se presagiaban desde hace meses en las Islas quedaron claras. Las compañías aéreas subieron el precio de los billetes de avión para los desplazamientos Canarias-Península. No así entre islas, donde la Obligación de Servicio Público (OSP) impide que se eleven los costes por la implantación de los precios máximos autorizados. Según detalla el organismo este aumento se explica por un fuerte incremento de la demanda por parte de los viajeros residentes en el Archipiélago. El estudio -realizado antes de la declaración del estado de alarma- analiza los efectos que ha tenido esta subida de la bonificación a los residentes en los dos territorios insulares del país, Canarias y Baleares.
En el mismo informe propone una serie de recomendaciones que han caído como un jarro de agua fría en Canarias. Entre ellas se encuentra valorar las medidas para aumentar la sensibilidad al precio de los pasajeros residentes, liquidar la ayuda posteriormente, establecer topes a la cantidad bonificable o limitar los conceptos bonificables de los billetes. Recomienda seguir una visión conjunta respecto a todas las ayudas que compensan la insularidad, así como una revisión de la regulación económica eficiente para garantizar la efectividad. Además, considera que se deben tener en cuenta otros mecanismos de ayuda como un régimen de exenciones fiscales a residentes desligadas de la realización de desplazamientos.
La publicación de la CNMC no ha sorprendido a las fuerzas políticas que sustentan el cuatripartito del Gobierno de Canarias. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis (PSOE), recuerda que él mismo lo había advertido ante el Parlamento de Canarias los pasados meses de septiembre y diciembre. “La bonificación del 75% fue un logro de todos los canarios que se consiguió con el acuerdo de todas las fuerzas políticas canarias”. Recalca que esta medida tiene una base legal que está recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) dese 2018.
En la misma línea opina el diputado de Nueva Canarias -la fuerza política que lideró esta bonificación- Luis Campos quien muestra su profundo rechazo a cualquier propuesta que vaya dirigida a recortar los derechos conquistados por los canarios. “Es un elemento que para nosotros es fundamental y que nos iguala con el resto de los ciudadanos del territorio español”, sostiene. No obstante, el parlamentario destaca que a pesar del encarecimiento de los precios el “resultado neto” para los bolsillos de los isleños es “muy positivo” en comparación con el anterior. “Nos alegramos de que se haya hecho de una vez por todas el informe, pero no coincidimos en las propuestas que planean desde la CNMC”, señala Campos en referencia a la sugerencia de abrir un nuevo debate sobre las bonificaciones aéreas a los residentes de Canarias y Baleares.
Campos insiste en la necesidad de declarar las rutas como servicio público y de esta forma establecer precios máximos autorizados como lo hacen las compañías que ya operan en Canarias. El diputado asegura que cuando su partido “conquistó” el 75% puso como “condición” que Competencia estuviera vigilante para que no se produjeran estas alzas de los precios y “no lo hizo”.
El parlamentario de Podemos Manuel Marrero coincide con los nacionalistas en la necesidad de declarar los trayectos entre Canarias y la Península como una Obligación de Servicio Público. “Hay que limitar los precios máximos y acabar con la falta de control del 75% de descuento”, insiste y asegura que esta bonificación “sólo” ha beneficiado a las aerolíneas y no a los usuarios. De la misma forma lo reclama el diputado autonómico por la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien solicita mecanismos de control al Estado que sean rigurosos y efectivos. “Disponer de esta bonificación para los residentes es de justicia, es indiscutible que nos encontramos en inferioridad de condiciones si nos comparamos con el territorio peninsular”. El también presidente del Cabildo de La Gomera afirma que “sería un grave error” que el Gobierno nacional se plantee quitar o reducir esta bonificación y considera que lo que hay que hacer es aplicar los mecanismos que se acordaron cuando se puso en marcha el descuento.
Los grupos políticos reiteran la idea de que el descuento del 75% es un derecho fundamental para los canarios y canarias, para quienes la movilidad no es una cuestión exclusivamente de ocio sino un elemento fundamental a la hora de estar conectados con el resto del territorio español.
El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, hace hincapié en que ni siquiera se debe hablar de subvención, ya que realmente no lo es. “Es un derecho que tenemos los canarios”. El consejero insiste en que lo que hay que hacer es limitar las subidas de precios no de las subvenciones. “Del 75% el Gobierno no solo no piensa en renunciar, sino que cuando el consejero de Transportes, que está muy encima de esta materia, culmine las gestiones que inició hace unos días, habrá una actuación conjunta con los territorios españoles en los que hay mecanismos similares”, sentenció. Así lo ratificó Franquis en las redes sociales el jueves: “Los territorios extrapeninsulares haremos un frente común para defender el descuento del 75% para residentes y pedir al Estado que fiscalice los precios. No existe ninguna justificación para el encarecimiento que hemos vivido en el último año y esto debe controlarse”.
“Ahora todo el mundo nos entiende”
El presidente del colectivo Canarios Sin Alas, Fernando Cabrera, recuerda que ya habían advertido que las compañías iban a subir los precios. “Ahora una vez más queda demostrado, esperamos que alguien tome medidas excepcionales”, confía. No obstante, explica que cree que la situación de confinamiento que está viviendo el país derivada de la crisis sanitaria mundial COVID-19 es una oportunidad para que todos los españoles entiendan la situación de los canarios. “Ahora todo el mundo sabe lo que nosotros hemos sufrido; los valencianos saben lo que es no poder ir a las fallas, los sevillanos lo que es no ir a la feria de abril, ya se sabe lo que es no acudir al funeral de un familiar”. Y aunque reconoce que las circunstancias son diferentes, esperan encontrar más empatía cuando todo vuelva a la normalidad.
Desde el colectivo insisten en que la solución está en regular los precios. “Entendemos que el libre mercado y competencia debe existir, no estamos pidiendo que se sometan a las líneas aéreas a regularizar los precios en su actividad económica y empresarial, lo pedimos excepcionalmente en las rutas que por su excepcionalidad geográfica lo necesitan”. Cabrera espera que esto sirva para cambiar el imaginario colectivo y que se den cuenta de que los canarios que viven fuera del territorio insular no quieren desplazarse a las Islas para hacer turismo, su deseo es mantener el arraigo familiar y la cohesión social con su tierra.