Un sindicato denuncia que un subinspector de la Policía Canaria sigue en servicio pese a alegar una “profunda depresión”
El sindicato Cobas ha denunciado que el subisnpector del Cuerpo General de la Policía Canaria Carmelo Sosa alegó sentir una “profunda depresión” poco después de que estallará el denominado caso Ladrillo, en el que se encuentra imputado y por el que la Fiscalía le pide entre cuatro y seis años de cárcel, y sin embargo permaneció en su puesto.
“Lo alegado implicaría riesgos para los propios agentes bajo sus órdenes y para los ciudadanos en general, dada la naturaleza de instituto armado del Cuerpo General de la Policía Canaria; si la razón de la baja no es de la gravedad alegada en sede judicial, el reproche es obvio, y si lo es, es muy grave que permitan que siga en su puesto”, explican desde Cobas.
El sindicato insiste en un comunicado que en los cuadrantes de trabajo de la fecha en que el mando policial dijo sentir una “depresión” no hay constancia de ninguna ausencia o comunicado que haga una referencia en la discontinuidad de su servicio.
Este hecho contrasta con las numerosas bajas e incapacidades temporales, según manifiesta Cobas, padecidas por los agentes bajo su mando que declararon en el caso Ladrillo y que coinciden con la denuncia por presuntos delitos de prevaricación continuada, acoso laboral y contra la libertad sindical presentada por varios policías y el propio sindicato.
En ese sentido, recuerda que los responsables políticos de la Policía Canaria y su Jefatura son los encargados de garantizar que los agentes se encuentren en perfectas condiciones para realizar su trabajo, pero “en este caso, han permitido que un Jefe de Policía o mando superior de una base policial manifieste profunda depresión y permanezca en servicio y en su cargo”.
Una situación que, según añade, no ha contado con ningún tipo de medida o análisis, lo que a juicio del sindicato resulta “especialmente grave”, teniendo en cuenta de que se produce en el seno de un Cuerpo de Seguridad, cuyo cometido es garantizar la integridad y el bienestar de la ciudadanía.
Para el sindicato, este hecho supone una prueba más de “la intención de los responsables del caso Ladrillo”, es decir “obtener resultados y conseguir estadísticas por encima de todo; solo ello podría explicar la incoherencia de que un jefe de Policía alegue profunda depresión y continúe en servicio”.
