Trabajadores de RTVC instan al “consenso” en el Parlamento canario ante la nueva ley audiovisual

Europa Press

12 de febrero de 2026 13:41 h

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Representantes del Comité Intercentros de Televisión Pública de Canarias y de la delegación sindical de Radio Pública Canarias han reiterado este jueves en el Parlamento regional su “preocupación” ante el anteproyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, un texto legislativo que “no garantiza” el servicio público que deberían de prestar y sobre el que piden “consenso” antes de su aprobación definitiva en la Cámara.

Aday Domínguez, Miguel Ángel Quintana, Noelia Morales y José Benítez han comparecido en la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, en la que han pedido aprobar la norma “desde el consenso”, con las aportaciones de quienes hacen “posible” la Radio Televisión Canaria porque, ha dicho, “el texto que regirá la comunicación e información pública canaria a medio plazo debe ser aprobado con las aportaciones” de sus trabajadores.

“Tenemos derecho a poder informar sin injerencias políticas. Pero, también existe, y aquí entra directamente el papel de todos ustedes (en apelación a los diputados canarios) una obligación: están ustedes obligados, por voluntad de los ciudadanos que los han puesto en esta Cámara, a legislar para que ese derecho sea preserve. Solo así podremos presumir de una democracia de verdad”, han recordado.

Los representantes del Comité Intercentros y de la delegación Sindical han solicitado, asimismo, la creación de un Consejo Profesional de Información, y que se incluya en la ley. “El Consejo de Informativos es la única opción conocida, de contrapeso, al control en la línea editorial que pretenda ejercer un Gobierno”.

De este modo, los trabajadores del ente público han defendido, asimismo, un órgano “vinculante” que emita, informe o avale cuestiones como las candidaturas a la Dirección de Informativos: “Rechazamos frontalmente las designaciones a dedo”, han añadido.

“Riesgo” de privatización

Otra de las denuncias expresadas por el colectivo este jueves son las amenazas de privatización que, a su juicio, perciben en la nueva ley. Por ello, han defendido “vital” definir la producción, edición y realización de informativos en el ente público a través de la norma, sobre todo ante “el riesgo” de que estos servicios se “externalicen”.

Han ejemplificado esta situación con los directos de compañeros que, “contratados por una empresa privada, tienen peores condiciones y no tienen instrumentos para oponerse a la manipulación”.

Y en relación al mandato marco de RTVC, los trabajadores del ente público precisan necesario definir “el refuerzo” previsto en la nueva ley sobre la identidad cultural de la islas en la programación. “El mandato marco debe decir cómo y con qué número de programas deberá reforzarse...Exigimos, por ello, que, en un plazo de un año, tras aprobarse la ley, ya tengamos un mandato marco”, han argumentado.

Además, los comparecientes en comisión también han aprovechado la ocasión para abordar el contrato programa de RTVC, defendiendo la aprobación de uno específicamente para los Servicios Informativos. “Durante 18 años hemos tenido algo parecido a un contrato programa. Ahí se fijaba que, por unos 20 millones de euros al año, se tenían que entregar unas horas determinadas de información, cerca de 2.000. Decía qué personal tenía que haber en esas empresas, incluso los programas y la duración de cada uno de ellos”, han recordado.

En ese sentido, han exigido un mismo contrato programa, pero con “unas horas mínimas de programación directa de los servicios informativos”, y no “menos de 2.000”. El texto deberá especificar, además, el personal que debe haber, incluyendo a todos los trabajadores actuales. Recalcan que “nunca” podrá haber ningún otro formato que ocupe más tiempo que los propios servicios informativos.

Órganos de control

Respecto a la Junta de Control de RTVC, los trabajadores del ente público han defendido su independencia y eficacia con la ampliación de hasta 11 consejeros, adquiriendo una mayor representación política y facilitando los nombramiento en el Parlamento de Canarias. “Todos los partidos podrán estar presentes y así ver qué se decide en el corazón de nuestra Radio Televisión Pública Canaria”, han defendido.

El colectivo ha sumado a sus reivindicaciones un servicio publico que se preste, con carácter general, mediante personal propio, sin excluir la colaboración complementaria con el sector audiovisual, pero que no sea “sustitutiva de las funciones estructurales”.

En ese sentido, buscan “proteger” la que consideran la “esencia· de un modelo de gestión directa, en el que, bajo fórmulas indirectas, se vea ”desdibujada“ la naturaleza pública del servicio. Por ello, en sus enmiendas, proponen reducir el porcentaje de contratación que puede darse a una única empresa audiovisual al 10% del presupuesto, en lugar del 20% que propone actualmente la futura ley autonómica.

“Dar a una única productora una cantidad superior, ya sean 6 millones de euros, nos parece mucho. Es convertirla en el gran barco arrastrero del mercado audiovisual canario. Controlarían el mercado, podrían bajar los precios de obra de los trabajadores, podrían competir a la hora con precios fuera de mercado, algo imposible para las pequeñas productoras, y, además, terminarían controlando un exceso de programación de la RTVC”, han deslizado.

En sus enmiendas presentadas, y en relación a la situación que atraviesa su personal público, los trabajadores piden fijar un plazo para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del grupo RTVC. “La RPT no es un trámite administrativo menor, es la columna vertebral organizativa de cualquier entidad pública. Sin ella, hay indefinición, inseguridad y dificultades para planificar adecuadamente”, ha advertido la portavoz Noelia Morales.

En definitiva, el colectivo ha defendido hoy en el Parlamento su firme propósito de que la ley canaria pueda aplicarse “con seguridad, orden y claridad” ya que, advierten, no buscan “alterar el modelo, sino hacerlo viable”, “no persiguen privilegios, sino estabilidad”.